Según los medios especializados, este artículo de la ley fue introducido por iniciativa directa de Máximo Kirchner y la Cámpora (EcoJournal, 31/8), con el propósito de compensar a YPF por la derogación de un decreto macrista que resarcía a las petroleras por las pérdidas ocasionadas con la megadevaluación del 2018. Mientras que la derogación de aquella compensación le sustrajo a YPF unos 7.800 millones de pesos, el “impuesto a la riqueza” le aportaría a las arcas de la empresa casi diez veces más, o sea, unos 75.000 millones (id). Tenemos acá al corazón del proyecto “redistributivo”.
La capitalización de una empresa privada con fondos públicos tendrá que atravesar una seria de obstáculos legales, e incluso luchas interempresariales que explican, en buena medida, las pujas desatadas alrededor del “aporte” impulsado por Máximo y Heller. El gobierno ha introducido a IEASA (la ex Enarsa) como intermediaria del “aporte” entre el Estado e YPF, justamente para sortear esos ´inconvenientes´. De ese modo, el dinero del impuesto sería recibido por una empresa estatal, aunque la misma no es más que una pantalla para la transferencia de recursos estatales al capital petrolero (y también lo será en esta oportunidad). Luego, IEASA “contrataría” a YPF para avanzar en las nuevas explotaciones gasíferas. Esta operación, incluso en grado de tentativa, ha puesto en alerta a los competidores de YPF en el negocio de la extracción de gas, como Rocca (Tecpetrol), Eurnekian (CGC) o Bulgheroni (PAE), que son a su vez candidatos a pagar el “impuesto”. Por ese motivo, podrían “oponerse a transferir parte de su capital para financiar la recuperación de YPF” (id). La posible judicialización del “impuesto a los ricos”, como se ve, no sólo se relaciona con el impuesto mismo sino con sus destinos – el más importante de ellos, en términos porcentuales, es esta capitalización de YPF. El diario citado, EcoJournal, informa que estas conjeturas son las que están barajando los inversores bursátiles de Nueva York: el “impuesto justiciero”, para algunos, debería llevar a una suba de sus acciones, pero otros alertan por los posibles juicios que interpondrían las otras petroleras.
¿Queda alguna duda de que el “aporte de los ricos” no es más que una redistribución de recursos al interior de la propia clase capitalista? Lo mismo ocurre con los subsidios a las Pymes, también incluidos en la ley, y que beneficiarán a empresas que actúan como subcontratistas de grandes empresa– a las cual terminarán siendo transferidos los recursos. Este negociado tiene lugar en medio de un ajuste manifiesto -eliminación del IFE; cambio de la movilidad jubilatoria- . Mientras el movimiento Evita y otros salieron a manifestar en apoyo a este “aporte” impostor, los fondos de inversión que trajeron Macri y Caputo a la Argentina, como Pimco y Templeton, celebran la dolarización de sus activos colocados en la Argentina, a un precio de remate – 33% de su valor facial. Para habilitar esta operación, Guzmán vendió títulos en poder de Anses y el Central, de nuevo al 33% de su valor, para bajar la tasa de cambió del CCL. Este negociado ha aumentado la deuda externa de Argentina e incluso sus intereses unas diez veces más que todo lo que podría recaudar el impuesto que aprobó Diputados el día de ayer.
Marcelo Ramal
18/11/2020
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