Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto -el suyo- de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que la legalidad del aborto esté de nuevo en el centro del debate político es una victoria del movimiento de mujeres. A lo largo de 30 años el frente único entre el Estado y la Iglesia bloqueó por todos los medios la legalización, y volverá a intentarlo una vez más. El envío de un nuevo proyecto de ley llega después de meses de promesas y dilaciones. El gobierno prefirió enviar uno propio, que se diferencia del que fue rechazado hace dos años en el Senado, y del que elaboró la Campaña – del movimiento de mujeres.
La propuesta oficial establece la objeción de conciencia individual, salvo cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer. Es una fuerte concesión de principios, que podría ser manipulada con mayor alcance en sede judicial. Comienza entregando a los provida la llave maestra para bloquear cualquier interrupción del embarazo. Es lo que ocurre en todos los países donde fue admitida. Esa objeción no ha sido aceptada para quienes pretendían valerse de ella durante la pandemia, para evadir el uso del cubre boca y el distanciamiento social eran una cuestión de salud. No ha sido un asunto menor, cuando ha provocado manifestaciones masivas de la derecha. Pero el gobierno otorga esa concesión de conciencia para el derecho al aborto – al que define, sin embargo, como una cuestión de salud pública.
La objeción de conciencia ha sido presentada como un derecho individual, que no podría ser invocado, entonces, institucionalmente, por ninguna entidad de salud. Esta limitación es falaz, porque cualquier entidad con afinidades clericales puede forzar al trabajador a rechazar el tratamiento del aborto, bajo la amenaza de despido – sea inmediato o a corto plazo. La salud, pública o privada, se sostiene sobre la base de profesionales precarizados, que dependen de la renovación de un contrato. La única “conciencia” que determina si se interrumpe o no un embarazo es la del jefe que tiene la lapicera de la renovación de contrato del que debe ejecutarlo.
La ley, insólitamente, carga sobre las espaldas del médico objetor la derivación de la paciente “para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. ¿Eso puede ser responsabilidad de un médico? El protocolo del ministerio de Salud es más avanzado, por lo menos responsabiliza a las autoridades de la institución de conseguir reemplazo.
Otro aspecto inaceptable del proyecto es que mantiene la penalización para quienes aborten en la clandestinidad después de la semana 14. ¿Acaso no saben que muchas gestantes descubren su embarazo cuando ya está muy avanzado? ¿Que en muchos centros de salud hay un solo ginecólogo y que se dan turnos a dos o tres meses? ¿Que la mujer puede querer esconder el aborto público para no enfrentar un medio hostil? El derecho de ser madres o de no serlo debe ser excluido del Código Penal. Fernández ha dejado a salvo el principio de que interrumpir un embarazo puede ser penalizado.
La perfidia del articulado que establece la objeción de conciencia y mantiene la penalidad del aborto clandestino, es patente. El intento de eliminarlo del proyecto de ley del oficialismo sería denunciado como una traba insalvable para la aprobación del derecho al aborto, debido a que la normativa parlamentaria obligaría a prolongar su trámite entre Diputados y Senado y arriesgar su aprobación. Obliga al movimiento de la mujer a acallar esta disidencia fundamental.
El proyecto establece que la atención del aborto será gratuita, en referencia a las Obras Sociales y, obviamente, al hospital público. No dice si será objeto de co-pago o de alza de los aranceles por parte de la medicina privada, que se encuentra en plena campaña para obtener un aumento gigantesco de tarifas e incluso eliminar la Prestación Médica Obligatoria (PMO). Aunque las corrientes kirchneristas no quieren en absoluto que se mezcle la negociación con el FMI en este asunto vital, el FMI se mete de cualquier modo, porque la negociación implica cuestiones de presupuestos y de intervención del Estado en actividades reguladas.
Como es obvio, la presentación del proyecto no significa que sea aprobado. Es la dura lección que recibimos hace dos años. El mismo gobierno ya abrió el paraguas. "Somos optimistas y si no lo llegáramos a lograr vamos a seguir intentándolo porque los derechos de las mujeres siempre fueron muy difíciles de conquistar", explicó Ibarra.
Es indispensable permanecer alertas y movilizadas, sin ceder un gramo de confianza a este gobierno para quien el derecho al aborto es instrumental, no principista, o sea que busca atraer a una parte del electorado e incluso establecer una cuña en el movimiento de lucha contra el ‘ajuste’ fondomonetarista. Necesitamos llevar el debate sobre la legalización a todos los ámbitos para que las y los trabajadores se involucren en la defensa incondicional de este derecho.
Fernández ofrece una concesión con limitaciones, porque comprobó que la pandemia no logró frenar la poderosa voluntad de lucha, aunque tampoco hubiera podido hacerlo, por el Covid puso más al desnudo la crisis de salud de la humanidad y en especial de sus sectores más vulnerables. La lucha histórica de las mujeres no se restringe al derecho al aborto, es un movimiento de emancipación de toda tutela y de la explotación social. Protagonizamos la lucha contra los femicidios, las redes de trata y la violencia sexista, como parte de un sistema social y político que reproduce esos agravios en forma cotidiana.
Llamamos a mantenernos alerta. A organizar asambleas presenciales o virtuales, debatir en las barriadas, organizar actividades callejeras. Nuestra presencia en las calles será la garantía de que esta vez nadie burle nuestros derechos.
Aborto legal gratuito y seguro ya / No a la objeción de conciencia.
Olga Cristóbal
19/11/2020
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