Las muertes en comisarías bonaerense marcaron un récord en 10 años.
El informe anual de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) desnuda el verso nacional y popular del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de todo el kirchnerismo. En el 2021 hubo récord de muertes en las comisarías bonaerenses, y crecieron las detenciones con respecto al año anterior, llegando a los 54.000 detenidos en la actualidad. Los decesos en comisarías alcanzaron al número más alto de los últimos diez años, a lo que suman las 45.000 denuncias de torturas en los establecimientos policiales bajo el comando de Sergio Berni, ministro de “Seguridad” de Kicillof y permanente encubridor de la fuerza provincial, con ejemplos como el de Facundo Astudillo Castro en el 2020.
La política represiva del gobernador crece al compás del ajuste capitalista y de la impunidad de la “maldita policía”, que ya se cobró la vida de al menos, según data en los registros, cinco personas en lo que va del 2022. Un caso emblemático es el asesinato de Daiana Abregú, ocultada por la policía en una comisaría de Laprida. Los crímenes de la Bonaerense están habilitados por el gatillo fácil que sostienen y amparan todos los bloques patronales, oficialistas y opositores, y cuya voz cantante la llevan los liberfachos como Javier Milei, de quien Berni dijo que “le cae simpático”, o José Luis Espert.
El crecimiento exponencial de las detenciones y de la población carcelaria, que sobrevive en condiciones inhumanas y hacinada, contrasta con los informes del Ministerio de “Seguridad” sobre la reducción del 30% del delito, que es el caballito de batalla de Sergio Berni y la Bonaerense para las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la militarización de los barrios, la intimidación y persecución de la juventud precarizada y desocupada y los desalojos de tierras manu militari -como ocurriera en Guernica-, que tienen como telón de fondo la política de ajuste que ejecuta el peronismo, los negociados capitalistas, la especulación inmobiliaria y el 50% de pobreza en la provincia.
Según lo publicado por la Comisión Provincial de la Memoria, esta intervino en 403 casos de violencia policial, el 15% relativos a jóvenes y menores de edad. Entre las víctimas de la represión policial sobresale la persecución a la comunidad Lgbti, reforzando el autoritarismo clerical al servicio de las iglesias y el oscurantismo reaccionario. La campaña reeleccionista de Kicillof ha hecho del engorde de las fuerzas represivas una cuestión central del Frente de Todos, para mostrarse como un hombre de orden y “responsable” ante el capital.
Junto a la mantención indeclinable de Sergio Berni en el gabinete, Kicillof anunció el incremento de 40.000 efectivos en dos años que se sumarán a los 100.000 policías que ya son parte de la Bonaerense. Otros números que impactan tienen que ver con la relación porcentual entre cantidad de detenidos por cada 100.000 habitantes, que aumentó de 284 personas en el 2020 a 306 en el 2021. Las denuncias sobre la violencia estatal comprometen a la Policía de la provincia de Buenos Aires y al Servicio Penitenciario (SPB), y por lo tanto a todas las áreas del gobierno de Kicillof, quien incrementó los fondos del Presupuesto Provincial 2022 para “equipamiento, capacitación y reforzamiento” de la Bonaerense y el SPB.
La sobrepoblación carcelaria de la provincia creció un 111% en las cárceles y un 232% en las comisarías bonaerenses. Para las cúpulas policiales corruptas y vinculadas al narcotráfico, los institutos de detención son tanto centros de confinación clasistas y represivos como “escuelas” obligadas de los negocios de la Bonaerense entrelazadas con el delito organizado. Las denuncias radicadas ante la CPM refieren a torturas, malos tratos y falta de acceso a la Justicia, destacando un ensañamiento particular contra los colectivos trans y travestis que registran más de 2.000 detenidos. Kicillof y Berni representan a un régimen capitalista que ahonda la represión contra los trabajadores y tiene en la Bonaerense a un grupo de choque contra los luchadores sociales, sindicales y políticos.
Mientras hay decenas de miles de trabajadores precarizados en la provincia de Buenos Aires, el gobierno garantiza el ingreso directo de todo el personal de la Bonaerense a planta permanente para lubricar al aparato represivo. El informe de la Comisión Provincial es concluyente. Urge la convocatoria a un Plenario Antirrepresivo nacional y provincial para unir la lucha contra el ajuste capitalista con la defensa del derecho a organizarse y movilizarse en forma independiente, y contra la impunidad policial. Desmantelamiento de todo el aparato de represión contra el pueblo trabajador.
Daniel Rapanelli
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