La demora en esa decisión impide reestructurar los tiempos previstos en las convocatorias a esas elecciones, y desata una crisis política que va más allá de esos distritos. Un desacato al fallo de la Corte llevaría a un pedido de intervención federal a esas provincias en el Congreso, en tanto que la aceptación sería una victoria política del litigante Juntos por el Cambio que podría tener consecuencias en el proceso electoral reorganizado. Es también funcional a los intereses del dúo Bussi-Milei, que no ha logrado hasta ahora resultados electorales positivos en las provincias. El fallo podría tener efectos políticos en las otras provincias que votan el domingo próximo.
La inconstitucionalidad de los intentos reeleccionistas en ambas provincias es harto clara. A ello habría que agregar, en el caso de Tucumán, la violación que representa a la Constitución reformada de la provincia el voto con boletas múltiples e infinidad de colectoras, lo cual ha habilitado la presentación de 18 mil candidatos. El fallo de la Corte no democratiza el Estado ni los procesos electorales, que siguen en manos, más que nunca, de las corporaciones financieras y mediáticas.
Más allá de la pulseada constitucional, queda en evidencia la total crisis de régimen político de Argentina, en el marco de una situación efectiva de cesación de pagos, tendencias hiperinflacionarias y crecimiento de la pobreza y la precariedad laboral, o sea la superexplotación.
Con esta caracterización, nuestro partido Política Obrera ha inscripto en su plataforma electoral la convocatoria de una Asamblea Constituyente Soberana que remueva el actual régimen político, asuma la plenitud del poder y satisfaga el conjunto de las reivindicaciones sociales, políticas e internacionales de los trabajadores.
Marcelo Ramal y Jorge Altamira
09/05/2023
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