El fiscal jefe presentó la solicitud en el marco de dos demandas en curso contra la concesión, argumentando que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña.
Además, critica la renovación automática de la concesión en 2021 por 25 años adicionales, asegurando que se realizó en “condiciones desventajosas para el interés público”.
La petición de la fiscalía, curiosamente, se da en paralelo a la auditoría sobre la misma empresa que está siendo realizada por la Contraloría General de la República, la cual investiga si Panamá Ports Company cumplió con sus compromisos financieros con el Estado.
Tanto las demandas interpuestas como la auditoría buscan que la justicia panameña anule el contrato de concesión.
Todas estas operaciones, impulsadas por el mismo gobierno panameño del presidente Jose Munilo, son parte de los requerimientos de Donald Trump, quien declaró sus pretensiones de recuperar el Canal para los Estados Unidos ni bien asumió.
El secretario de Estado Marco Rubio, en su paso por el país, declaró su preocupación por el avance chino en la región y le arrancó al presidente Munilo el anuncio de no renovar el acuerdo comercial con China sobre la ruta de la seda. Esto dificultará el paso de los buques chinos por el canal, los cuales ocupan el segundo lugar en frecuencia, por detrás de los norteamericanos.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, sostuvo la semana pasada reuniones clave en Panamá, enfocadas en la seguridad del Canal y las denuncias de la influencia de China en la región, en las cuales se discutieron los mecanismos para rescindir los contratos.
Sin embargo, la gestión hongkonesa de los dos puertos no forman parte del acuerdo de la Seda de 2017 sino que son muy anteriores.
Se trata de dos de los cinco puertos adyacentes al canal, situados en los lados Pacífico y Atlántico respectivamente y qué han sido operados por una filial de Hutchison Port Holdings desde 1997. Este es un conglomerado con sede en Hong Kong fundado por el empresario hongkonés Li Ka-shing y tiene operaciones portuarias en 24 países, incluido Reino Unido.
Es decir que las operaciones en ambos puertos fueron comenzadas por un empresario privado de Hong Kong que data de los tiempos en que la ciudad era colonia de Gran Bretaña, ni siquiera son de capital mixto.
El avance chino
La injerencia china se intensificó por las necesidades de inversión que requería, no sólo el canal, sino toda su infraestructura adyacente, las cuales fueron ignoradas por Estados Unidos.
En 2017, Panamá rompió lazos diplomáticos con Taiwán y estableció relaciones formales con China, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en unirse a la iniciativa china Belt and Road, un proyecto mundial de infraestructuras e inversiones valorado en un billón de dólares. Hoy son 40 las empresas que operan en el país.
La República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras la siguieron y también rompieron lazos con Taipei en favor de Pekín.
Ahora, en esta reorganización del mapa mundial en la que Trump plantea enfocarse en América Latina, el expurgue de los capitales chinos del continente le resulta una prioridad, a pesar de que el canal es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de que todavía goza de privilegios de los cuales no se benefician los demás países.
El canal fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pero fue entregado a Panamá hace 25 años, tras la firma de los tratados Torrijos-Carter. Desde entonces, los buques de defensa norteamericanos siguen teniendo prioridad de paso. Además, continúa vigente el Tratado de Neutralidad de la Enmienda Deconcini, que otorga a Estados Unidos el derecho a “defender” el Canal ante cualquier amenaza, sea de potencia extranjera o de una manifestación pacífica, sin requerir la aprobación de Panamá.
Sin embargo, Trump pretende más, como concesiones portuarias, bajas de aranceles a los barcos estadounidenses, prioridad de paso y una presencia militar propia permanente en la zona. Esto se evidenció cuando Rubio anunció hace un mes la anulación de aranceles a los buques yanquis, algo desmentido rápidamente por el presidente de Panamá. Esos buques representan más del 70% del tránsito del canal y esos ingresos son fundamentales para el presupuesto nacional.
Parte de los acuerdos del gobierno con Marco Rubio consistió en aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos. Ya hay más de 300 inmigrantes de origen asiático, familias enteras, en el centro de migración que se encuentra en la selva del Darién, a los cuales no pueden acceder los abogados ni las organizaciones de derechos humanos.
Todos estos avances de Trump se dan a la par de una reforma previsional y laboral que el gobierno de Muriño quiere hacer aprobar por ley en la Asamblea Nacional.
Esta situación –las reformas más la injerencia norteamericana– generó movilizaciones y piquetes de sindicatos, agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida que fueron respondidas con una fuerte represión.
En el marco de las protestas, 83 miembros del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) fueron detenidos, se les abrieron causas y sufrieron torturas que fueron denunciadas frente a la Organización Internacional de Comercio.
La injerencia de Trump sobre la soberanía nacional y el agravamiento de la crisis humanitaria de los migrantes va encontrando como respuesta la movilización popular. Se hace necesario un canal político que se levante contra el imperialismo y todos los gobiernos y partidos colaboracionistas determinados en darle sobrevida al capitalismo hundiendo las condiciones de vida de los trabajadores.
Aldana González
03/03/2025
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