Resulta incomprensible para muchos expertos -y también para ciudadanos comunes y corrientes- la extraña manera como el Plan Colombia decidió encarar el problema de las drogas: “el objetivo de los próximos seis años no es erradicar completamente la producción sino reducirla al 50 por ciento”.
La estrategia arrojó resultados verdaderamente criminales.“En Colombia, la producción de drogas en general aumentó más de 250 por ciento y la de coca se triplicó. Hace apenas cuatro años Colombia no producía heroína, hoy ocupa el tercer lugar mundial en el cultivo de amapola y el cuarto como productor de heroína”, dice la oficina estadounidense para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés).
Las culpas de Washington
¿Tiene sentido combatir los efectos (el contrabando) y no las causas (la producción), que son, en definitiva, las que impulsan el explosivo crecimiento del contrabando? ¿Extraña, que la política antidrogas de EEUU conceda tan poca importancia al consumo, no obstante que de sus 20 millones de adictos, cinco millones consumen la escalofriante cifra de 250 toneladas de cocaína por año? (Jorge Sierra, investigador independiente de la Universidad Iberoamericana de México).
¿Extraña que expertos norteamericanos dediquen tantas horas a analizar los límites de la producción y la amenaza de que la sobreoferta desequilibre los precios de la cocaína? Son preguntas sin respuestas en una batalla que compromete por igual a los países productores y no productores, en la cual Washington toma las decisiones y exige a los demás rendir cuentas, pero no le rinde cuentas a nadie sino a sí mismo. Ni siquiera cabe discrepar, porque ese gobierno es el que determina el criterio de los organismos internacionales para evaluar su actuación y hasta para elaborar las estadísticas.
La campaña norteamericana para achacar la culpa del narcotráfico a la falta de colaboración de los demás países, es justamente el momento oportuno para recordar que la máxima responsabilidad está muy lejos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Estados Unidos –es saludable recordarlo- asumió en forma directa y exclusiva –casi que por mandato divino- la jefatura suprema de la lucha mundial antidrogas. El respeto a su autoridad –también hay que recordarlo- no es producto de la espontánea voluntad de los demás países sino de una auténtica camisa de fuerza para las soberanías regionales: la relación de subalternidad a que han sido sometidos a través de los convenios de ayuda económica, tecnológica y militar.
¿Incautaciones para qué?
Una segunda mirada al panorama de las drogas revela el efecto más cruel de esa política: frente a la producción y el contrabando a gran escala, las incautaciones, por más cuantiosas que sean, equivalen poco menos que a vaciar un río sacando el agua con un dedal.
Aprovechando, casi con sadismo, esa impotencia, Estados Unidos no “sentencia” a los países productores sino a los no productores, que carecen de apoyo para resistir la embestida. El año pasado la Oficina Estadounidense de Auditoría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), reportó que “El flujo de cocaína colombiana a través de Venezuela aumentó más de cuatro veces, (“256 toneladas métricas entre 2004 y 2007”) La cifra, inverificable para cualquier país que no sea Estados Unidos, pudiera ser mayor o menor, pero si se toman como referencia las incautaciones practicadas en Venezuela, la frecuencia, el volumen y los medios utilizados por los narcotraficantes, salta a la vista una sospechosa cercanía entre el origen y el destino de los cargamentos. Sin embargo, quienes supongan que ello representa el fracaso de la estrategia norteamericana, están cayendo en una trampa semántica diseñada por Washington y sus agencias noticiosas. El supuesto –y tan proclamado- fracaso es en realidad un triunfo que debe adjudicársele al gigantesco poder contralor y logístico de la DEA, con 21 divisiones de campo, 227 oficinas en Estados Unidos, 86 en 62 países, más de 10 mil empleados, 5.500 agentes especiales y un presupuesto anual superior a 2 mil millones de dólares, además del apoyo internacional de la CIA. Todo un aparataje que rebasa totalmente la capacidad militar y policial de cualquier país latinoamericano.
Fin de la farsa
Estados Unidos utiliza todo su poder para agotar la capacidad de respuesta de los países involucrados, incluidos sus propios aliados. De ahí el interés en sancionar a los países que le son hostiles y liberar de sanciones a Colombia y México, -señalados por el Departamento de Estado como modelos de su política, a pesar de aportar más del 60 por ciento del mercado mundial de drogas- en compensación por haberle ofrecido su territorio.
Bastante han tardado algunos gobiernos en descubrir que la dependencia de los Estados Unidos, al principio considerada como un mal necesario, ya no lo es, después que el Pentágonoconvirtió su política antidrogas en una macroplataforma de acción contra la soberanía política, marítima, aérea y territorial de los países de la región. Washington no ha perdido el tiempo deshojando margaritas. Avanza, paso a paso hacia el control de una región que no está preparada para la batalla contra las drogas sino para otra muy distinta: enfrentar la hegemonía norteamericana.
El tema de las drogas adquiere ahora una dimensión geopolítica continental con olor a petróleo, a confrontación entre países productores y no productores, a internacionalización de “falsos positivos”, a intervenciones militares antiterroristas maquilladas con discursos antinarcótico. Y el blanco central, por supuesto, tiene nombre y apellido: Hugo Chávez.
Raúl Pineda
No hay comentarios.:
Publicar un comentario