sábado, julio 28, 2018

“El lobista”: el Estado detrás del telón



Con las actuaciones destacadas de Rodrigo de la Serna, Darío Grandinetti y Leticia Brédice, la trama de la miniserie El Lobista se centra en la historia de Matías Franco, un joven “emprendedor” que haciendo uso de sus relaciones y oficio adquiridos como ex servicio de inteligencia, se dedica a facilitar los negocios de los empresarios por medio de cabildeos, tretas, presiones, disuasión e intercambio de favores, a cambio de una tajada.
A partir de esta premisa, la serie producida por Pol-ka y televisada por eltrece, TNT y Cablevisión nos permite echar luz sobre los mecanismos mediante los cuales la clase capitalista maneja los resortes del Estado, haciendo de la democracia (formal) la tapadera de su enriquecimiento. El parlamento aparece entonces como el escenario de las disputas entre intereses contrapuestos de la misma clase social empresaria, en una pugna de presiones por conquistar las mayorías necesarias para facilitar emprendimientos inmobiliarios, negocios productivos, adquisiciones, expansiones, etc.
La política, acá, no tiene nada que ver con la representación de los intereses populares, ni con maniobras proselitistas para consolidar una base popular de sustanciación electoral –con las cuales nos atraparon series como “El Puntero”; antes que en la corrupción ilegal, El lobista hace foco en la corrupción legal, la que rige el normal funcionamiento del Estado en las esferas consolidadas del poder.
El planteo no solo se remite al rol de los parlamentarios, sino que desnuda la naturaleza de todo el régimen político: jueces, funcionarios, medios de comunicación, servicios, facilitadores, todos engranajes en la máquina del Estado, que trabaja para el beneficio de unos pocos.
Pese a que la historia de aspiraciones personales del personaje representado por Grandinetti, líder de una especie de Iglesia Protestante, introduce un elemento algo extraño a la trama, esta funciona como un tiro por elevación a las principales instituciones religiosas. Las sospechas sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero son el primer puntal de una organización cuyo propósito es obtener mayores beneficios del Estado por medio de proyectos “humanitarios”, emprendimientos de financiamiento mixto y concesiones extraordinarias.
Los medios de comunicación tambien son objeto de la serie, desde que pueden conciliar los intereses de la iglesia y de políticos carreristas, pero cuya relación con los hechos y con la verdad se torna más dificultosa. La utilización de estos no tiene por finalidad un uso “periodístico” o informativo, sino que son la plataforma de lanzamiento de las distintas ambiciones e intereses individuales que puedan coexistir.
La simpleza y naturalidad con la que los hechos se desenvuelven, más allá de la apelación a situaciones poco verosímiles y recursos propios de un policial, retrata por completo la fluidez de un régimen social que se vale de las instituciones democráticas para obtener sus intereses de clase. Es la historia de la mayor estafa de todas, la que ocurre todos los días ante nuestros ojos, pero vestida de ese cariz de legitimidad que otorgan los mecanismos de un Estado de Derecho propio de un régimen democrático burgués.

Marcelo Mache

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