A partir del próximo 20 de febrero comenzarán a desfilar por Comodoro Py funcionarios y empresarios para declarar ante el juez Bonadio en el marco de la causa judicial que investiga la cartelización de la obra pública. Entre otros, volverán a ser indagados Cristina Fernández, Julio De Vido, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra.
Esta nueva ronda de declaraciones se sustenta en datos aportados por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens. Ambos son protagonistas de los “cuadernos de Centeno”. El primero es sindicado como organizador de la repartija de contratos y el segundo, como recaudador de las coimas. Ambos se convirtieron en imputados-colaboradores del juzgado de Bonadio y aportaron una reguera de nuevos nombres de empresas y empresarios que no habían sido registrados por Centeno.
Parte de los convocados prestarán declaración indagatoria por segunda vez, como la ex presidenta y Calcaterra, el primo del actual presidente. Algunos de ellos se encuentran procesados, varios incluso acordaron con el juez aportar información en calidad de “arrepentidos”. Pero ahora se los acusa de nuevos delitos, lo cual volverá a poner al rojo vivo el mecanismo de delaciones en el que se asienta toda la causa judicial.
Entre quienes se presentarán por primera vez figuran constructoras de poca incidencia en la obra pública nacional, pero muy importantes en provincia como Mendoza y Neuquén. En esta última, está citado Elías Sapag, el sobrino del ex gobernador Jorge Sapag, y cara visible de CN Sapag, la constructora familiar. El clan Sapag es fundador del MPN, el partido-Estado que gobierna desde la década del 60 la provincia que alberga Vaca Muerta.
Poco después de darse a conocer la convocatoria a esta nueva ronda de indagatorias, se destapó una nueva olla podrida que involucra al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, y al juez Luis Rodríguez. Un empresario denunció haber sido extorsionado por el primero a través de un intermediario, Marcelo D´Alessio, sindicado como empleado de la DEA. El “contragolpe” llegó de la mano de Lilita Carrió, quien asegura haber recibido de manos anónimas las supuestas transcripciones de diálogos telefónicos mantenidos por Roberto Baratta, preso en la cárcel de Ezeiza, que demostrarían que se trata de una operación impulsada por ex funcionarios K. Por su parte, la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner denunció que el juez Rodríguez le pidió una coima multimillonaria para aliviar su situación en una causa por enriquecimiento ilícito.
¿Qué es posible concluir de esta madeja?
La llamada “causa de los cuadernos” ha colocado en el banquillo de los acusados a toda la ´patria contratista´. No se trata sólo de la “corrupción K” sino de la “corrupción K y M”, ya que se trata de los grupos empresarios que han hecho negocios con ambas camarillas políticas. Esto explica los esfuerzos del gobierno por garantizar la continuidad de las empresas con independencia de la suerte de sus directivos. La impostura de Macri es evidente: sacó por decreto la extinción de dominio, ¡pero estas empresas se capitalizaron sobre la base de negocios espurios!
Entre bambalinas, los yanquis pretenden servirse de esta escalada judicial para desplazar a grupos empresarios locales de ciertos nichos de negocios con el Estado, como ocurrió antes con Odebrecht, que acaba de ser “suspendida” por tres años para participar de proyectos financiados por el Banco Mundial.
Por lo pronto, la embestida ha liquidado al sistema de participación público privado (PPP). Pero no es sólo eso. Se encuentran en crisis todos los acuerdos que durante décadas vincularon a la ´patria contratista´ con el Estado y sus políticos. Esto incluye a la ´nave nodriza´ de la burguesía nacional, el grupo Techint, que ha entrado en cortocircuito con el gobierno a raíz del recorte de los subsidios que recibía por la extracción de gas no convencional en Fortín de Piedra. Todo esto conduce a un replanteo, condicionado a un cambio de régimen.
A este entramado de empresarios, políticos y jueces corruptos y operaciones de los servicios locales y extranjeros, oponemos:
Expropiación sin pago de todas las empresas involucradas en las maniobras de cartelización. Garantía de continuidad de todos los puestos de trabajo, en el marco de un plan de obras públicas dirigido por la clase obrera.
Elección de jueces y fiscales, revocables por mandato popular.
Fuera el régimen de corruptos K y M. Por un gobierno de trabajadores.
Jacyn
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