Brasil y Argentina, una misma lucha planteada.
Luego del fracaso de la anterior administración brasileña de Michael Temer de hacer aprobar vía legislativa una reforma similar, Jair Bolsonaro acaba de entregar al Congreso una nueva ley que establece un mínimo de 40 años de aportes para poder acceder a la jubilación completa, monto que va decreciendo hasta un piso de subsistencia si apenas se alcanza un mínimo de 20 años de aportes.
El proyecto supone un tremendo golpe a los trabajadores de ese país y actúa como espejo de las aspiraciones que tiene el gobierno macrista de liquidar el actual régimen jubilatorio, tal como fuera reclamado por el FMI. Por esa razón resulta de importancia para los trabajadores argentinos el destino de la reforma previsional en el país vecino.
La propuesta presentada por Bolsonaro también elimina el subsidio a la vejez para aquellos que no hubieran podido hacer aportes o los hayan realizado durante pocos años, que hoy es automático a los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Con la reforma solo accederían a algún tipo de beneficio aquellos que hayan aportado un mínimo de 20 años.
Como denunciaron varios especialistas y sindicatos, esta medida golpea especialmente a los sectores más humildes y “temen que se exija a las categorías más afectadas por el desempleo, que difícilmente podrán cumplir con sus años de cotizaciones” (Clarín 20/2).
El total de empleados informales en Brasil, alcanza a unos 11 millones, un 25% de los trabajadores ocupados del país, y el de desocupados a algo más de 10 millones. Es decir que, desde ya, más de 20 millones de trabajadores quedarían sin poder acceder a la jubilación.
Un dato que muestra la dureza del golpe que prepara el gobierno de Bolsonaro -y que ha generado una gran euforia en la burguesía brasileña- es que, actualmente, la jubilación promedio en el sector privado de ese país –de donde son 30 de los 34 millones de jubilados actuales- alcanza a los 1300 reales (u$s350 o $14.000). Sobre esta base de haberes de subsistencia es que pretenden quitarles u$s310.000 millones a los jubilados en los próximos 10 años, según dijo el ministro de Economía Paulo Guedes.
En la otra punta de la pirámide de haberes están los legisladores, jueces y militares, cuyas jubilaciones promedio son diez veces mayores (13.700 reales, unos u$s3600) que no serán modificadas, “porque resistieron mucho la eliminación de sus privilegios” (La Nación 20/2).
El proyecto también plantea la fijación de una edad mínima para acceder a la jubilación: 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. Hasta ahora, el requisito para jubilarse, en el sector privado, es solo la cantidad mínima de años de aportes -35 para los hombres y 30 para las mujeres- sin límite de edad y entre los empleados públicos el mínimo es de 55 años para los primeros y 50 para las mujeres.
AFJP
En el camino de liquidar el actual sistema jubilatorio, el plan del gobierno brasileño plantea la introducción progresiva de un modelo de capitalización, es decir, las ya conocidas AFJP, que suponen un extraordinario negocio para el sector financiero, al mismo tiempo que hace depender la mantención del jubilado de lo que haya podido ahorrar en su vida laboral, quitándole toda responsabilidad al Estado.
“El proyecto responde al reclamo de los bancos de instaurar un sistema de capitalización optativo para cada trabajador, que tuvo el apoyo de Guedes, quien reivindica el modelo en este plano de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, para la cual trabajó”, afirma el portal Minuto1 (11/2).
“El sector privado –dice El Cronista- recibió la noticia con entusiasmo ante la perspectiva de los nuevos negocios que se abren, además del impacto positivo sobre el déficit” (9/1).
La lucha planteada
La burguesía brasileña se esfuerza por mostrar que el peso del gasto previsional limita la posibilidad de crecimiento del país. Pero ocultan, consciente y deliberadamente, que el crecimiento de esa gasto se relaciona directamente con la “recesión de 2014-2015 y el débil crecimiento (de la economía): como consecuencia de ello, “el déficit de las jubilaciones (sectores público y privado), que representaba en 2011 un 2,1% del PIB, llegó al 4,25% en 2018” (Clarín, 20/2).
Es decir que frente a la crisis generada por el agotamiento de un régimen, los capitalistas se despachan con un ataque brutal a los trabajadores, que pone en juego sus posibilidades de subsistir luego de finalizada su vida laboral. Este es el espejo en el que se mira la burguesía argentina y en el que se refleja la presión del FMI.
El 20 de febrero pasado, las centrales sindicales (CUT, Forca Sindical y CSP-Conlutas, entre otras) hicieron una movilización de repudio en San Pablo. Se ha lanzado un calendario de actos y movilizaciones, pero es evidente que la envergadura del ataque exige el desarrollo de un plan de lucha y la huelga general. Los empleados municipales de San Pablo, por ejemplo, han ido a la huelga contra una reforma que eleva las cotizaciones obreras, con un enorme impacto en las escuelas locales. Este planteo huelguístico estuvo ausente en la CUT y el PT durante la discusión de la reforma laboral, lo que contribuyó a que se consumara un fuerte golpe sobre la clase obrera brasileña.
La pelea es por las condiciones de vida del trabajador activo y retirado. Es una pelea de los obreros de Brasil y de la Argentina. Es una pelea para que la crisis la paguen quienes la generaron, los capitalistas.
Nelson Marinelli
No hay comentarios.:
Publicar un comentario