Contra las afirmaciones del gobierno, somos los trabajadores los que pagamos más impuestos.
Unos pocos hombres y mujeres vestidos de traje, blancos y en su mayoría rubios, sostienen el peso de una masa indiferenciada de personas de tez oscura con vestimenta y calzado más o menos informal.
La imagen, repudiada en las redes sociales, forma parte de una presentación del Ministerio de Producción ligada al relanzamiento de una reforma laboral en beneficio de los capitalistas. El documento en cuestión, denominado “Leyes para la transformación productiva”, apunta a la reducción del llamado “costo laboral” –es decir, a la devaluación del salario y la liquidación de conquistas obreras– y especifica el objetivo de “desincentivar la litigiosidad laboral” –esto es, los juicios por violación de derechos y accidentes de trabajo. Todo ello, se dice, en beneficio de las PyMES y en función del “blanqueo” de los trabajadores que están en negro -si bien estos, con la reforma, pasarían a ser trabajadores formales… en condiciones semiesclavas.
En el sinfín de mentiras y falsificaciones del documento, la que da origen a la imagen es particularmente embustera. Con el fin de justificar nuevas exenciones y favores a los empresarios, se los presenta como los más perjudicados por el sistema impositivo vigente, obligados a cargar sobre sus hombros a las mayorías populares. Bien por el contrario, el mismo tiene un carácter fuertemente regresivo, gravando con más fuerza a quienes tienen menores ingresos. El caso ejemplar es el del Impuesto al Valor Agregado, que afecta directamente al consumo popular, al punto de insumir el 17% de los ingresos de una familia que cobre la Canasta Básica, y representa un tercio de la recaudación fiscal. Lo propio sucede en las provincias y municipios, donde las tasas urbanas que afectan al bolsillo popular superan sideralmente –en porcentaje y en monto– los mínimos gravámenes a las patronales agrarias. Este carácter históricamente distorsivo se ha visto profundizado por la reforma impositiva del gobierno (2017) y sucesivas exenciones y recortes en favor de los empresarios. Ello se ve en el ascenso del ingreso por IVA en el total de la recaudación (de 25,9% en 2016 a 32,6% en 2018). El IVA y otros impuestos indirectos “crecieron un 40,4% en 2018 versus un salto del 30,8% de los impuestos directos”, es decir, los que se aplican sobre la riqueza (Tiempo Argentino, 6/1). En este escenario, “la recaudación del mes de diciembre de 2018 se compuso por más de dos terceras partes por impuestos indirectos (69,3%) y la parte restante por impuestos directos (30,7%)” (ídem). Ello sin computar la distorsiva aplicación de impuestos directos sobre los salarios, como sucede con el Impuesto a las Ganancias.
Por lo demás, la presentación sobre la colaboración de cada grupo en la recaudación es tan amañada –reúne sin distinción a empresarios y trabajadores en blanco– como ilusionista, porque se abstrae de cualquier comparación entre esa recaudación y las riquezas de capitalistas y trabajadores. Solo en el año pasado, los asalariados retrocedieron tres puntos su participación en el PBI nacional, mientras el “Excedente de Explotación Bruto” –indicador de las ganancias empresarias– saltó de 36,9% en el primer trimestre a 45,9% en el segundo, según los propios datos oficiales. Ahora, las patronales buscan volcar la crisis industrial generada por las políticas del gobierno sobre las espaldas de los trabajadores, como se ve en el plan de 35 medidas propuesto por la Unión Industrial Argentina, en línea con la reforma laboral promovida por el documento.
Un dibujo definitivamente al revés: el peso de los parásitos empresarios se ha vuelto intolerable para las espaldas de quienes viven de su trabajo.
Prensa Obrera
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