Los otros dos sindicatos con presencia en Aerolíneas son la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que ya habían firmado un aumento del 11 %. El jefe de APTA es Ricardo Cirielli, identificado con el moyanismo. Cirielli se puso a la cabeza de las presiones para que los sindicatos capitularan, aportando su cuota de ´realismo´ -“Los paros no sirven para nada porque este gobierno no negocia, ya lo demostró con los jubilados y las universidades”-, dijo en Radio Rivadavia. Por su parte, Atepsa, el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, dejó sin efecto el paro previsto para el sábado y lunes próximos -que hubiera afectado a todos los aeropuertos y la operación de todas las compañías aéreas- mientras continúa negociando con la Secretaría de Transporte.
La CGT, comprometida a colaborar con la pandilla liberticida, ha hecho mutis por el foro. La ´resistencia´ de la burocracia nunca fue más allá de algunas acciones aisladas y espaciadas. El abismo, no sólo con los trabajadores de Aerolíneas sino con el movimiento obrero en general, no deja de ensancharse. Lo mismo vale para el peronismo y para todas las expresiones nacionaloides, que no han movido un dedo en defensa de “la línea de bandera”.
El gobierno se ha anotado una nueva victoria política, habida cuenta de que el ´ahorro´ que implica el acuerdo es insignificante: apenas 10 millones de dólares anuales, contra una facturación estimada en más de 2.000 millones, y un incremento de horas de vuelo de entre 3 y 5 %. Como señala Clarín (15/11), se trata de “un ahorro exiguo frente al déficit, pero que facilita la privatización”. El gobierno asegura que, en los últimos meses, logró reducir el déficit de la empresa en más del 75 % en comparación con 2023, cuando registró pérdidas por 390 millones de dólares.
Desguace y privatización
Aerolíneas tiene una participación en el mercado de cabotaje del 64 % y vuela a 39 destinos nacionales, y es la única empresa que opera en la mitad de ellos. Actualmente posee una planta de 11.920 trabajadores en relación de dependencia, en su mayoría altamente calificados, y tiene una flota de 81 aviones y una importante infraestructura de mantenimiento.
El gobierno se debate entre la declaración de quiebra y desguace de la empresa, su privatización completa o una variante combinada.
El ´think tank´ Fundar supone que una declaración de quiebra de Aerolíneas sería equivalente a la pérdida del aporte anual de la empresa al “producto bruto aeronáutico, turismo y conectividad”, que estima en US$ 6.017 millones. Sumados pasajes ya emitidos, deudas con el Banco Nación y las indemnizaciones, que pasarían a pérdida, totalizaría USS 7.614 millones. Concluye que “se debe terminar con los aportes de capital destinados a financiar el déficit operativo e instrumentar nuevas formas de financiamiento público de los objetivos no comerciales de la empresa” y “un rediseño en su esquema actual de gobernanza” para “avanzar hacia una visión pragmática” (Perfil, 13/11). Pone como ejemplo, para preservar el carácter de “empresa pública”, el rol de YPF en Vaca Muerta, y su asociación con los pulpos petroleros para la explotación de sus reservas.
Como hemos señalado en estas páginas, el gobierno mantiene bajo estudio el caso de Alitalia, que fue liquidada y reemplazada por una nueva línea de bandera, la ITA (Italia Transporto Aéreo), tras haber logrado quebrar a una fuerza laboral “de alto costo y muy movilizada” (La Nación, 15/11). Actualmente, el 41 % de las acciones de la empresa pertenecen a la alemana Lufthansa y el resto se encuentra en manos del Estado italiano.
Jacyn
15/11/2024
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