lunes, agosto 27, 2018

El Frente Amplio en la encrucijada histórica



De izquierda a derecha: Rodney Arismendi (PCU), Zelmar Michellini, Juan Pablo Terra (PDC)

Retomando como insumo para el análisis el último sondeo de la encuestadora Cifra, rumbo a las elecciones nacionales del 2019, queremos historizar el fenómeno político frenteamplista: su pasado, su presente y su incierto porvenir en la escena política nacional.
A menos de un año de las elecciones internas y a un poco más de un año de las elecciones nacionales, no sólo retorna la duda sobre la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio, sino que se torna más estrecha la chance de obtener por cuarta vez mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

FA del 71: Expresión químicamente pura de un Frente popular

Fundado en Febrero de 1971 y "bautizado" el 26 de marzo del mismo año con su primer acto de masas, el Frente Amplio expresó la fórmula más químicamente pura de la estrategia de los Frentes populares en América Latina, desde el viraje del stalinismo de la política ultraizquierdista denominada del "tercer período" hacia la subordinación de los Partidos comunistas al programa de la colaboración de clases y su orientación contrarrevolucionaria, evidenciada en el proceso de la revolución y la guerra civil española.
Entre los antecedentes más directos a nivel regional, se encontraba la Unidad popular chilena fundada en 1969, que llevó a la presidencia a Salvador Allende en 1971, integrada por el PC y el Partido Socialista más importante e influyente de Latinoamérica y por la izquierda cristiana (MAPU).
Sin embargo el FA creado dos años más tarde, con los precedentes políticos-sindicales de la progresiva plataforma programática del Congreso del Pueblo en 1965; y a nivel electoral antecedida anteriormente con la fallida "Unión popular" de Erro con los socialistas; no sólo expresaba la tradición clásica del stalinismo de los frentes populares, sino que además integraba en su espacio a sectores de la pequeño burguesía como el PDC (Partido Democráta Cristiano) de Terra, "hegemonizando" de esta forma la totalidad del espacio demócrata-cristiano, a diferencia del caso chileno, dónde sólo su fracción de izquierda integraba la Unidad popular.
A su vez, otra pata fundamental del FA fundacional lo constituían los militares "constitucionalistas", Zufriategui, Licandro y Seregni; siendo este último el representante de consenso aceptado por el PCU para la postulación presidencial de la coalición en la elecciones del 71, y de esta forma yendo atrás no de la burguesía nacional como dijese Trotsky, sino de su sombra.
Esta postura del PCU de integrar frentes de colaboración de clases encabezadas por generales del Ejército y las Fueras Armadas constituyó una penosa tradición de la orientación política de los PC lationoamericanos a través de todo el siglo XX, desde el apoyo al gobierno militar-nacionalista de Velasco Alvarado en Perú, hasta la "caracterización" positiva de Jorge Rafael Videla como un militar "desarrollista" en la Argentina, por mencionar tan sólo dos ejemplos, que aunque muy diferentes, demuestran la política del stalinismo de los PC en América Latina y sus trágicas consecuencias para el movimiento obrero continental.

Seguidismo a los cantos de sirena castrenses: Comunicados 4 y 7 del Partido militar

Cuando en Febrero de 1973 el Partido militar lanza a la opinión pública sus comunicados 4 y 7 posicionándose ante la crisis nacional, la mayoría de los partidos y sectores del Frente Amplio principalmente el PCU deciden dar crédito a la emboscada golpista, apoyando una salida "peruanista" a la crisis política en el país; con honrosas excepciones de la intelectualidad crítica nucleada en torno al semanario Marcha y a la figura de Carlos Quijano, y con la salvedad del Movimiento de Independientes del 26 de Marzo en su etapa pre-estalinista actual.
La orientación del Partido Comunista del Uruguay no cambió aún después del golpe, sino que llevó a la derrota la heroica huelga general de Junio-Julio de 1973 contra el golpe, mientras decenas de miles de obreros ocupaban las fábricas y miles de estudiantes se atrincheraban en las facultades, el PCU continuó "apostando" hasta último momento a una solución "militar" de los generales "peruanistas" que nunca aparecieron.
Levantando la huelga el 12 de Julio de 1973 el PCU nunca postuló a la clase trabajadora como caudillo de la nación para enfrentar la reacción, el imperialismo y el golpe; sino que la supeditó a la resistencia pasiva en las fábricas, mientras el poder represivo del Estado preparaban con tiempo la contraofensiva del terror.
Se podría concluir que la dirección de la CNT y del PCU no estuvieron a la altura de los miles de obreros y estudiantes que protagonizaron la huelga política de masas (Rosa Luxemburgo) más importante de la clase obrera uruguaya y su último ensayo general revolucionario, cuyo destino no era la derrota inevitable como la describen falazmente los posibilistas de la entrega, sino que quizás fue la única oportunidad en que objetivamente "la victoria era posible" para la clase obrera uruguaya; siguiendo la estrategia correcta de las milicias obreras y la insurrección para derrotar el golpe y conquistar un gobierno de trabajadores.

El Pacto del Club Naval

A la salida de dictadura, el FA garantizaría junto al Partido Colorado y la Unión Cívica la impunidad de la casta militar genocida, pactando una salida tipo a la chilena como señaláramos en nuestro anterior artículo, con proscripciones de candidaturas para las elecciones de 1984, como la del propio Líber Seregni.
De esta forma el FA en general y el PCU en particular traicionaron la voluntad de la soberanía popular que en el plebiscito de 1980 había dicho No a la Dictadura cívico-militar, como también a la impugnación al régimen autoritario que significó el masivo acto del 1 ero de Mayo de 1983 y la multitudinaria proclama del obelisco del mismo año.
Luego el FA, en todo caso haría el camino inverso que el del Partido Nacional y el wilsonismo, pactando primero con lo militares y luego oponiéndose a ley de caducidad y promoviendo la adhesión al voto verde contra la impunidad. Al contrario del wilsonismo que en primera instancia no acordó con el pacto, pero luego fue responsable junto a Sanguinetti en la elaboración de la ley más anti democrática e "inconstitucional" de la historia de la nación: la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, o sin eufemismos la ley de impunidad para los represores.

El partido de la gobernabilidad en la crisis del 2002

La crisis del 2002 en Uruguay fue el corolario de toda una década de neoliberalismo como patrón de acumulación capitalista y avance sobre los derechos de los trabajadores y los sectores populares; pero a diferencia del "Argentinazo" o del derrocamiento del gobierno en las calles más tarde en Bolivia, Uruguay tuvo en el Frente Amplio a la formación política que concedió gobernabilidad al gobierno de la derecha; y en consecuencia fue imprescindible para las clases dominantes para salir de la crisis económica y la bancarrota nacional sin impugnación al régimen ni revueltas populares como en otros países de América Latina.
En la raíz de la salida de la crisis, sin el protagonismo del movimiento obrero y popular en las calles, es que hay que encontrar la razón de las pocas concesiones de los nuevos gobiernos frenteamplistas al movimiento de masas, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo el venezolano o boliviano, que al caer el gobierno y abrirse una crisis de régimen más profunda, se vieron obligados a hacer mayores concesiones a los trabajadores y los sectores subalternos.
En Uruguay en cambio, Batlle y el Partido Colorado gestionaron amigablemente y en las urnas la "transcisión" al primer gobierno de centroizquierda de colaboración de clases: el Frente Amplio.

El primer gobierno de Vázquez, el imperialismo y la cuestión social

Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se marcó una orientación macro económica y de política internacional claramente pro imperialista, que tuvo como acto simbólico más aberrante la visita del presidente genocida Goerge W. Bush al país en 2006, que a su vez tuvo como contestación un amplio repudio popular y movilizaciones en contra del belicismo imperialista de Bush.
De todos modos Vázquez y Astori no pudieron imponer su orientación fondomonetarista y proimperialista hasta el final, puesto que fue derrotado el TLC con los Estados Unidos y tan sólo se tuvieron que contentar con la firma del TIFA; sin embargo en el primer gobierno de Vázquez también se instaló la primera planta de celulosa de Botnia-UMP, primera piedra de una política de saqueo de la riquezas nacionales y de entrega de los recursos naturales al servicio de los monopolios imperialistas, protegidos fiscalmente en las zonas francas.
Por otra parte, en los primeros años de gobierno a la vez que gradualmente se recomponía estructuralmente la clase trabajadora con trabajos tercerizados y contratos chatarra, el gobierno impulsaba un conjunto de políticas sociales a través de la creación del MIDES (Ministerio de desarrollo social) y la ejecución del denominado Plan de emergencia; que aunque por una parte representó una ayuda material significativa para los sectores más golpeados por la crisis, por otra parte funcionó como un mecanismo de dominación estatal sobre el pueblo pobre.
En último lugar la educación y la salud pública sufrieron un fuerte proceso de mercantilización, por un lado la ley de educación aporbada en el parlamento desconoció las resoluciones del Congreso Julio Castro que el mismo partido de gobierno había convocado; y por otra parte en especial en esta etapa el sistema de salud, con la creación del FONASA y la gestión antiobrera de la ministra María Julia Muñoz, el gobierno puso el salario de los trabajadores al servicio de la acumulación de capital del gran empresariado médico de las "mutualistas".

El gobierno de Mujica y los derechos democráticos

En el segundo gobierno del FA, que llevó a la presidencia a José Mujica, se promulgaron algunas de las leyes más progresivas del ciclo frenteamplista, principalmente la ley de responsabilidad penal empresarial, así como el conjunto de leyes de avance en mínimos derechos democráticos que se dio en llamar la agenda de derechos: matrimonio igualitario, ley de identidad de género, legalización de la marihuana y derecho al aborto (condicionado y tutelado).
A nivel de política internacional el gobierno fue ambigüo en lo simbólico y discursivo: construyendo un relato lationoamericanista de simpatías con el bloque del Alba (sin integrarlo) y apostando por un "Mercosur" más soberano; sin embargo a pesar de la retórica por "la unidad latinoamericana" compartida con los gobiernos bonapartistas y nacionalistas, el gobierno continuó en una clara orientación proimperialista en la práctica concreta, e incluso en osbcenos filtreos con el gobierno sionista y genocida de Israel.
A su vez, la orientación macro económica profundizó la extranjerización de la tierra y de la economía nacional, primarizando aún más la industria; e intentando la instalación de la megaminería a cielo abierto de la mano de la trasnacional Aratirí; iniciativa que provocó un fuerte movimiento social en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional que se expresó principalmente en las "Marchas en defensa del agua, la tierra y la vida".

Tercer gobierno: De partido de la contención a partido del orden

El segundo gobierno de Tabaré Vázquez y el tercer gobierno frenteamplista, se caracterizó por un endurecimiento de la política represiva contra los trabajadores, el movimiento estudiantil y los sectores populares: su "bautizo de fuego" fue el decreto de esencialidad (medida antiobrera) en la huelga docente del 2015 y la brutal represión en el CODICEN en setiembre del mismo año, a los jóvenes huelguistas secundarios que estaban ocupando el edificio en reclamo por presupuesto para la educación.
La primera escena represiva del gobierno vazquista no terminó ahí, sino que continuó con la persecución judicial a los activistas y militantes sociales que acompañaban a los estudiantes en su reclamo y que también enfrentaron la represión de la policía militarizada del ministro Bonomi: la guardia republicana.
A los sucesos represivos en el CODICEN, le seguiría dos años más tarde el decreto presidencial más antidemocrático de todo el ciclo frenteamplista: el decreto "antipiquetes", una clara medida de represión y criminalización de la protesta social y la movilización popular; sólo superada quizás por la aprobación del kirchnerismo de la ley "antiterrorista" en la Argentina.

¿Cuarto gobierno sin mayoría parlamentaria?

Según la encuestadora Cifra, en su último sondeo de intención de voto para las elecciones nacionales del 2019, se señala un severo piso electoral para el FA de entre 27 y 32 %; elemento cuantitativo que aunque debemos tomarlo con cautela en el análisis político desde el marxsimo revolucionario, constituye un dato de la realidad que atraviesa el Frente Amplio terminando su tercer gobierno e intentando acceder al cuarto.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales, aventuramos como hipótesis de que el FA, gane o no las elecciones, ya no tendrá mayoría parlamentaria en ambas cámaras legislativas; un hecho que plantea muchas interrogantes pero también algunas fuertes certezas.
A pesar que la orientación macro económica de endeudamiento, extranjerización y primarización de la economía y ajuste sobre el pueblo trabajador es compartida al unísono por todos los partidos del régimen desde hace varios años; nos preguntamos si un cuarto gobierno del FA sin mayoría en el parlamento no sirve de coartada al gobierno para conciliar con la derecha patronal, aún más de lo conciliado en más de trece años de administración del Estado capitalista.

Reconfiguración en el palacio de los partidos del régimen

El agotamiento político del FA como proyecto histórico de conciliación clases plantea la reconfiguración del sistema de partidos de la democracia capitalista en el país, con directas implicancias y derivaciones para las formaciones políticas en pugna por administrar la caja chica del estado burgués.
Con este nuevo escenario, se plantea la urgente necesidad de la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera en Uruguay, que no sólo participe activamente de la lucha de clases, sino que también desarrolle la lucha ideológica y política en el palacio contra los partidos del régimen, y por la independencia política de los trabajadores.

Matías Matonte

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