La Corte Suprema, con una composición especial, resolvió revocar la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata y Mar del Plata. El tribunal dispuso que los jueces inferiores deberán ofrecer una justificación “minuciosa” y con “indicios concretos” para mantener detenidos a los criminales de la dictadura que no tienen condena firme, abriendo así la posibilidad de que decenas de represores reclamen su libertad.
Con este fallo, la Corte acaba de dar una señal de impunidad celebrada por los sectores más reaccionarios del régimen: los defensores del terrorismo de Estado, los cómplices civiles de la dictadura y los impulsores de la “reconciliación nacional” que desde hace años reclaman la liberación de los genocidas.
Lejos de ser un “acto de justicia”, el fallo constituye un paso más en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Milei, alentada por personajes como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y el propio obispo castrense Santiago Olivera, quien celebró públicamente la resolución de los supremos y agradeció “la valentía” de los jueces que liberan genocidas. Olivera es un activo lobista de los represores, cercano a Villarruel y al Papa, que ya había pedido públicamente al gobierno “salde la deuda pendiente con los presos políticos” de la dictadura.
Un fallo hecho a medida
El fallo fue firmado por Rosatti y Rosenkrantz, los mismos jueces que en 2017 habían intentado aplicar el 2x1 a los genocidas, junto a los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Abel Sánchez (Córdoba), ya que no hubo acuerdo entre los miembros del tribunal.
Con este pronunciamiento, los cortesanos reinterpretan su propia jurisprudencia y cuestionan los fundamentos con los que se mantuvieron detenidos a los responsables del genocidio. Afirman que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, repitiendo casi textualmente los argumentos de los defensores de los represores, entre ellos el propio Olivera.
La Corte sostiene ahora que la prisión preventiva sólo puede extenderse con “indicios concretos” de riesgo procesal o entorpecimiento de la causa, minimizando los elementos que durante años se consideraron determinantes en los crímenes de lesa humanidad: la gravedad de los delitos, la red de complicidades que aún los protege, y la demora deliberada de la propia Corte en confirmar las condenas.
El fallo llega en un momento clave. Mientras el gobierno de Milei y los capitalistas avanzan con la reforma laboral, el saqueo jubilatorio y la represión a la protesta social, el mismo poder judicial que persigue a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres, se dispone a liberar a los genocidas que perpetraron el terrorismo de Estado.
Los crímenes de la CNU y la lucha de las querellas
La CNU fue una organización paraestatal de la derecha peronista que actuó en La Plata y Mar del Plata desde 1974, antes del golpe, amparada por el gobierno de Isabel Perón, la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. Su función fue exterminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se desarrollaba al calor del ascenso revolucionario.
Desde Justicia Ya! La Plata, Apel y otras organizaciones populares que integran las querellas en los juicios contra la CNU, denunciaron desde el primer momento la responsabilidad del tercer gobierno peronista en la gestación del terrorismo de Estado y el papel de los organismos represivos parapoliciales como la CNU, la Triple A y las patotas sindicales. El propio Castillo fue condenado a perpetua en 2017, mientras su socio Juan José “Pipi” Pomares, asesor del PJ en la Legislatura bonaerense, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en una muestra de impunidad política. Tras el reclamo de las querellas, Casación anuló esa absolución, pero el mismo tribunal volvió a dejarlo libre, desoyendo las pruebas y testimonios de las víctimas.
Esa trama de protección judicial, política y eclesiástica es la que hoy vuelve a activarse con este fallo de la Corte. Quienes siguen ocultando el destino de miles de compañeras y compañeros desaparecidos, quienes se amparan en la impunidad del poder, pueden volver a reclamar libertad. La Corte los habilita, mientras mantiene cajoneadas las condenas firmes de represores como Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. No son ex represores, siguen cometiendo los delitos por los que se los acusa, porque no dicen qué hicieron con sus víctimas.
Frente a este nuevo intento de retroceso, reafirmamos que la única justicia es la que conquistan los trabajadores y el pueblo en las calles, como lo hicieron durante décadas para que hoy gran parte de los genocidas esté tras las rejas. Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, políticos y eclesiásticos.
Camila García
No hay comentarios.:
Publicar un comentario