Patricia Bullrich está en los portales de todos los diarios nacionales, no para dar buenas noticias, sino para anunciar que su agenda es la mano dura y la tolerancia cero. Lo que dejó el G20.
El Ministerio de Seguridad tal vez sea uno de los más “empoderados” del Gobierno de Cambiemos. Inició su gestión con un decreto presidencial que disponía la Emergencia de Seguridad Pública, que le permitió usar gastos reservados (lo que significa un curro al que no deben dar cuenta). Este decreto además permitía el derribo de aviones, medida que jamás pudo implementar porque se alzaron numerosas voces de repudio que explicaban que se trataba de una ejecución sumaria.
Un mes más tarde, a mediados de febrero de 2016, amenazaron con reprimir la protesta social. El Gobierno reglamentó el protocolo antipiquete, que pocos días después fue desafiado por una inmensa movilización de trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires. El protocolo demostraba no ser muy efectivo para desalentar la movilización contra los despidos. El primer round lo ganaban los trabajadores.
Un año más tarde intentóbajar la edad de punibilidad. La prensa oficialista y reaccionaria acompañó esta iniciativa del Gobierno con importantes campañas mediáticas, apoyándose en casos sensibles para la opinión pública. La medida tampoco prosperó porque nuevas voces, entra ellas Unicef, se levantaron contra esta medida.
Luego continuaron, y lograron, desalojar las calles porteñas. Los manteros, vendedores ambulantes, resistieron todo lo que pudieron al desalojo de la única fuente de trabajo que lograron tener.
En ese mismo verano otra batalla se liberaba en Chubut. A favor del empresario italiano Benetton, más de doscientos efectivos de Gendarmería Nacional dispararon balas de goma para expulsar a los miembros de la comunidad mapuche de las tierras de la comunidad Pu Lof, en Cushamen, Chubut, para liberar las vías de La Trochita, un tren que los pobladores originarios tienen prohibido usar.
Ese conflicto escaló. La propiedad privada de los terratenientes sería defendida por el Gobierno derramando sangre. En agosto de 2017 una brutal represión a la comunidad mapuche llevó a la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado; en noviembre de ese año asesinan a Rafael Nahuel, también en la provincia de Río Negro, cuando acampaba junto a su comunidad para reclamar por sus tierras. Gendarmeria y Prefectura, dos fuerzas nacionales, son las responsables de estas muertes.
El 2018 será el año en que el Gobierno más avanzó en equipar las fuerzas represivas. Si bajo la gestión kirchnerista las fuerzas represivas vieron aumentar los miembros que la integran, bajo el macrismo esas fuerzas recibieron equipamientos por un valor millonario.
Bajo el pretexto del G20 el Gobierno de Cambiemos envió a sus dos ministros de la represión a Estados Unidos para firmar acuerdos que someten aún más a la nación ante el imperio yanqui. Oscar Aguad y Patricia Bullrich, fueron los encargados de reunirse con las agencias de seguridad más temible de Estados Unidos.
Durante 2018, el Gobierno invirtió sumas millonarias solo en equipamiento logístico para las fuerzas de Seguridad; además invirtió más de U$S 5 millones para la implementación de un Equipo de Respuesta de Emergencia Informática de Defensa Cibernética y un Equipo de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática.
A esto hay que sumarle las 300 Taser, que constarán tres millones de dólares entre el arma y la capacitación a los miembros de las fuerzas que la usen.
El año la ministra Bullrich lo cerró con una resolución ministerial que legaliza el gatillo fácil y la impunidad para los miembros de las fuerzas Federales. Luego lanzó el “Programa Restituir”, por medio del cual pretende volver a poner en funciones a integrantes de las fuerzas destituidos por haber asesinado o cometido delitos graves.
Ahora vuelve a la carga con dos proyectos que le quedaron en el camino, bajar la edad de punibilidad y deportar inmigrantes. Bullrich aseguró que “el 20% de las personas que están detenidas son extranjeras”. Falso. Menos del 8 % de los detenidos en los servicios penitenciarios son extranjeros y muchos de ellos por delitos muy menores.
Ante estos nuevos anuncios, kirchneristas como Sergio Berni, dicen que el Gobierno anuncia muchas medidas para combatir la llamada "inseguridad", que, según él, luego no cumple.
Los cierto es que el Gobierno no pudo avanzar todo lo que quiso en la agenda represiva, porque se encontró con una fuerte oposición política y social. Que este pudiendo avanzar en el último mes se debe en parte a que parte del kirchnerismo y el peronismo, no solo no repudia las medidas, como Berni y Miguel Ángel Pichetto sino que busca que Cambiemos avance con estas medidas. Mientras que el sector que repudia de palabra las medidas, pero no salen a enfrentar estos ataques y ni los anteriores que son parte del ajuste.
Rosa D'Alesio
@rosaquiara
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