La ley no tiene nada que ver
Es asombroso que sigamos oyendo decir, a personas bien informadas y por lo demás razonables, que Julian Assange “huyó de las acusaciones de violación formuladas contra él por la justicia sueca escondiéndose en la embajada ecuatoriana en Londres”.
Esa breve frase encierra al menos tres errores factuales. En realidad, solo podría repetirla quien haya estado escondido bajo una roca los últimos años o que base su opinión sobre Assange en lo que sobre él han vertido los medios corporativos, que para el caso es lo mismo, incluyendo publicaciones supuestamente liberales como el Guardian o la BBC.
El pasado fin de semana, un editorial de The Guardian –la voz oficial del periódico y probablemente la sección más analizada por altos ejecutivos– publicaba la siguiente afirmación completamente falsa:
“Luego están las acusaciones de violación a las que se enfrenta el señor Assange en Suecia a causa de las cuales buscó refugio en la embajada de Ecuador”.
El hecho de que The Guardian –supuestamente el mayor defensor de los valores liberales de los medios británicos– pueda hacer esta afirmación cuajada de errores después de casi una década cubriendo el caso de Assange es simplemente alucinante. Y que la haga días después de que Estados Unidos finalmente admitiese querer encerrar a Assange 175 años por falsas acusaciones de “espionaje” –algo que cualquiera que no esté voluntariamente ciego siempre ha sabido que entraba en los planes de Estados Unidos– es todavía más escandaloso.
Assange no se enfrenta a ninguna acusación en Suecia, y menos aún a la de “violación”. Como explicaba recientemente el antiguo embajador británico Craig Murray, el Guardian ha estado engañando a sus lectores al afirmar falsamente que el procedimiento iniciado por un fiscal sueco para extraditar a Assange –aunque la iniciativa no haya sido aprobada por la judicatura sueca– equivale a su arresto por acusaciones de violación. Y no, no tiene nada que ver.
Tampoco Assange buscó asilo en la embajada para evadir la investigación sueca. Ningún Estado del mundo concede asilo político a un extranjero para evitar un juicio por violación. El asilo se concedió por razones políticas. Ecuador, con razón, dio crédito a Julian Assange cuando este manifestó su preocupación porque EE.UU. intentara su extradición y lo encerrara de por vida.
Las noticias más recientes, por supuesto, han vuelto a dar la razón a Assange.
Atrapados en la mentalidad borreguil
El hecho de que muchas personas corrientes sigan cometiendo estos errores básicos tiene una explicación obvia: los medios corporativos siguen incurriendo en dichas falsedades.
No se trata del tipo de errores que pueden explicarse aludiendo a lo que un periodista llamó “churnalism”: los periodistas que buscan noticias de última hora en oficinas mermadas por los recortes presupuestarios y que están demasiado sobrecargados de trabajo para cubrir las historias como es debido.
Los periodistas británicos han tenido tiempo para entender los hechos, muchos años. En esta época de redes sociales, tanto lectores como activistas han bombardeado a los redactores del Guardian y de la BBC con mensajes porque estaban falseando los hechos en el caso de Assange. Pero los periodistas continúan haciéndolo, de todos modos. Están atrapados en una mentalidad borreguil completamente alejada de la realidad.
En lugar de escuchar a los expertos, o al sentido común, estos “periodistas” siguen regurgitando los puntos de vista del aparato de seguridad británico, que son tan ciertos como idénticos a los de la seguridad del Estado de EE.UU.
Lo que resulta más sorprendente en la cobertura de este caso es la enorme cantidad de anomalías legales que encierra, y que se han venido acumulando sin descanso desde sus inicios. Prácticamente nada ha funcionado según el reglamento de los procedimientos legales. Y sin embargo, este hecho tan revelador nunca se pone de manifiesto ni se comenta en los medios corporativos. Hay que tener una ceguera del tamaño de Langley, Virginia (1) para no darse cuenta.
Si Assange no fuese el fundador y portavoz de Wikileaks, si no hubiese puesto en evidencia a los principales estados occidentales y a sus líderes al divulgar sus secretos y crímenes, si no hubiera creado una plataforma que permite a los denunciantes de conciencia revelar los atropellos del poder establecido occidental, si no hubiera socavado el control que dicho poder ejerce sobre la difusión de información, nada de lo que ha pasado en los últimos diez años habría tenido lugar.
Si Assange no hubiera sido el artífice de una revolución de la información que atenta contra la matriz narrativa creada al servicio del Estado de seguridad de EE.UU., las dos mujeres suecas –insatisfechas con el comportamiento sexual de Assange– habrían conseguido exactamente lo que dijeron que querían en su declaración como testigos: presión de las autoridades suecas para que se hiciera una prueba de VIH que las tranquilizara.
Se le habría permitido volver a Reino Unido (como de hecho le permitió el fiscal sueco) y habría continuado desarrollando y redefiniendo el proyecto Wikileaks. Eso nos habría ayudado a ser más conscientes de cómo nos manipulan, no solo nuestros servicios de seguridad, sino también los medios corporativos que tan a menudo actúan como sus portavoces.
Y esa es precisamente la razón por la que eso no ocurrió y por la que Assange ha permanecido detenido de diversas maneras desde 2010. Desde entonces, su capacidad para cumplir con su papel de divulgador de delitos del Estado de alto nivel ha sido progresivamente mermada, hasta el punto de que tal vez no pueda volver a supervisar y dirigir Wikileaks nunca más.
Por el momento, su situación actual –encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en régimen de aislamiento y privado de acceso a un ordenador y a cualquier contacto significativo con el mundo exterior– se basa exclusivamente en el hecho de que cometió una infracción menor, al quebrantar su libertad bajo fianza. Prácticamente ninguna otra persona que comete dicha infracción es procesada, y mucho menos encerrada por tiempo prolongado.
Así que vamos a enumerar una lista incompleta de algunas de las anomalías más flagrantes cometidas en la persecución legal contra Assange, elaborada con la ayuda de las investigaciones llevadas a cabo por John Pilger, Craig Murray y Caitlin Johnstone. Si las tomamos por separado, podríamos pensar que no son tan graves, pero en su conjunto son la prueba abrumadora de que el objetivo no fue nunca hacer cumplir la ley. Desde el comienzo, Assange se enfrentó a una persecución política.
Sin autorización de la autoridad judicial
A finales del verano de 2010, ninguna de las dos mujeres denunciaron a Assange de violación en su declaración policial. Cuando averiguaron que Assange se había acostado con ambas con pocos días de diferencia, fueron juntas a comisaría para que se le obligara a hacerse una prueba del VIH. Una de ellas, SW, se negó a firmar la declaración cuando se dio cuenta de que la policía pretendía acusarle de violación. La investigación relacionada con la segunda mujer, AA, fue por un abuso sexual específico en la legislación sueca. El condón entregado por ella, alegando que Assange lo había roto durante la relación sexual, resultó que no contenía indicios de ADN de Assange ni de ella misma, lo que redujo su credibilidad.
Las estrictas leyes suecas que protegen a los sospechosos durante las investigaciones preliminares fueron quebradas por los medios de comunicación para calumniar a Assange presentándole como violador. Como respuesta, la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finne, se hizo cargo y cerró rápidamente la investigación: “No creo que exista razón alguna para sospechar que haya cometido violación”. Posteriormente concluía diciendo: “No hay ninguna sospecha de que haya cometido delito alguno”.
El caso fue reavivado por otra fiscal, Marianne Ny. A causa de ello Assange fue interrogado y pasó más de un mes en Suecia esperando. Entonces los fiscales le comunicaron que podía viajar a Reino Unido con total libertad porque no creían que cualquier infracción que hubiera podido cometer fuera lo suficientemente grave como retenerlo en Suecia. Pero, al poco tiempo, Interpol emitió una “notificación roja”, una orden de búsqueda que habitualmente se reserva para terroristas y criminales peligrosos.
El tribunal supremo de Reino Unido aprobó en 2010 su extradición a Suecia basándose en los términos de la euroorden, a pesar de que esta no estaba firmada por una “autoridad judicial”, sino solo por la fiscal sueca. Los términos del acuerdo de la euroorden fueron modificados por el gobierno británico poco después de la mencionada aprobación de extradición para asegurar que nunca volviera a producirse ese tipo de abusos legales.
Además, el tribunal supremo británico aprobó la extradición a pesar de que las autoridades suecas se negaron a asegurar que no sería extraditado a Estados Unidos, donde un gran jurado ya estaba formulando en secreto acusaciones draconianas contra él, según la Ley de Espionaje. Estados Unidos se negó asimismo a asegurar que no pedirían su extradición.
En estas circunstancias, Assange acudió a la embajada ecuatoriana en Londres en el verano de 2012 para solicitar asilo político. Eso ocurrió después de que la fiscal sueca, Marianne Ny bloqueara la posibilidad de que Assange recurriera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Australia no solo negó a Assange cualquier ayuda durante su prolongado calvario, sino que la primera ministra Julia Gillard llegó a amenazar con despojarle de su ciudadanía, Hasta que se le señaló que ninguna ley australiana le permitía hacer tal cosa.
Gran Bretaña, mientras tanto, no solo rodeó la embajada con una gran fuerza policial (todo ello con dinero público) sino que William Hague, secretario de asuntos exteriores, amenazó con romper la Convención de Viena y violar el territorio diplomático ecuatoriano enviando a la policía para que le detuviera en la embajada.
Seis años dilatando el caso
Aunque Assange seguía formalmente siendo objeto de investigación, Ny se negó a viajar a Londres para interrogarlo, a pesar de que los fiscales suecos utilizaron dicho procedimiento en Gran Bretaña 44 veces durante el periodo en que se negó ese derecho a Assange.
En 2016, el grupo de expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que determina si los gobiernos cumplen con sus obligaciones en derechos humanos, dictaminó que Assange había sido ilegalmente detenido por Gran Bretaña y por Suecia. Aunque ambos países participaron en la investigación de la ONU y habían apoyado las decisiones del tribunal cuando se había condenado a otros países por violar los derechos humanos, ignoraron por completo su dictamen a favor de Assange. El secretario de exteriores británico, Phillip Hammond, mintió descaradamente al declarar que el grupo de la ONU estaba “formado por legos, no por abogados”. Lo cierto es que el tribunal está compuesto por expertos de primera fila en derecho internacional, lo que demuestran sus respectivos currículos. No obstante, dicha mentira se convirtió en la respuesta oficial británica al dictamen de la ONU. Los medios británicos tampoco se preocuparon por contar la verdad. Un editorial del Guardian desestimó el veredicto calificándolo de “un recurso publicitario”.
Finalmente, en noviembre de 2016, la fiscal Ny transigió y aceptó entrevistarse con Assange en Londres, tras seis años de marear la perdiz. Pero impidió que el abogado de Assange estuviera presente. Fue una grave irregularidad por la que Ny tuvo que responder en mayo de 2017 ante un juez sueco. Según parece, en lugar de enfrentarse a esas cuestiones, Ny decidió cerrar la investigación contra Assange ese mismo día.
De hecho, la correspondencia posteriormente revelada en virtud de la ley de libertad de información británica muestra que la fiscalía de aquel país (el servicio de enjuiciamientos de la corona, o CPS) presionó a la fiscal sueca para que no acudiera a entrevistar a Assange a lo largo de 2010 y 2011, creando así el estancamiento de la situación en la embajada.
Asimismo, el CPS destruyó la mayor parte de la correspondencia incriminatoria para eludir los requerimientos de la ley de libertad de información. Los pocos correos electrónicos que consiguieron salir a la luz fue porque se salvaron accidentalmente de la orgía destructiva. Aún así, dichos correos son suficientemente contundentes. Muestran que Suecia quiso cerrar el caso en 2013 pero se vio sometida a una fuerte presión por parte de las autoridades británicas para que mantuviera la petición de extradición. Hay correos de la CPS en los que se lee: “No se atrevan a cerrar el caso”. O, el más revelador de todos: “Por favor, no piensen que debemos tratar este caso como cualquier otra extradición”.
También salió a la luz que la fiscal Ny había borrado un correo procedente del FBI.
A pesar de que Ny interrogó a Assange a finales de 2006, no lo acusó posteriormente en rebeldía, opción que Suecia podría haber tomado si pensara que tenía suficientes pruebas incriminatorias.
Cuando Suecia retiró sus cargos contra Assange, sus abogados intentaron (durante todo el año pasado) que Gran Bretaña retirara a su vez la orden de detención por el burlar la libertad bajo fianza. Tenían buenos argumentos para ello, tanto porque los motivos para su libertad vigilada habían desaparecido, al retirar Suecia la demanda, como porque Assange tenía motivos justificados para buscar asilo dado el claro interés de Estados Unidos por extraditarle y encerrarle de por vida por delitos políticos. Además, sus abogados podían defender convincentemente que el tiempo que había pasado confinado, primero bajo arresto domiciliario y luego en la embajada, era muy superior al que, en todo caso, tendría que haber pasado en las cárceles británicas por no cumplir con la libertad bajo fianza. No obstante, la jueza Emma Aburnoth rechazó los argumentos legales del equipo de Assange. No era una observadora imparcial. En realidad, en un mundo como dios manda debería haberse recusado a sí misma, al estar casada con un prominente miembro del gobierno, que además fue socio de negocios del anterior director del servicio de inteligencia MI6, la versión británica de la CIA.
Los derechos legales de Assange volvieron a ser flagrantemente violados la última semana de mayo, con la connivencia de Ecuador y Reino Unido, cuando se permitió a los fiscales estadounidenses incautar los objetos personales de Assange sin que sus abogados y funcionarios de la ONU pudieran estar presentes.
Tiempos oscuros para la información
Incluso ahora, cuando Estados Unidos prepara la acusación para encerrar a Assange por el resto de sus días, muchas personas se niegan a atar cabos. Chelsea Manning ha sido encarcelada en repetidas ocasiones y ahora debe hacer frente a ruinosas multas por cada día que se niegue a testificar contra Assange, tal y como pretende desesperadamente Estados Unidos, para apuntalar las falsas acusaciones de espionaje contra él. En la Edad Media, las autoridades eran más honestas: acudían directamente a la tortura.
En 2017, cuando el resto de los medios de comunicación pretendían que el meollo del asunto era que Assange quería eludir la “justicia” de Suecia, John Pilger señalaba:
En 2008, un documento secreto del Pentágono preparado por el grupo evaluador del servicio de cibercontrainteligencia predijo un detallado plan para desacreditar a Wikileaks y difamar a Assange como individuo. La “misión” era destruir la “confianza” creada alrededor de Wikileaks. Ello se conseguiría con amenazas de `denuncias públicas y acciones penales’. El objetivo era silenciar y criminalizar a una fuente tan impredecible de comunicación de la verdad…”
Según comunicaciones diplomáticas australianas, el intento de Washington ´no tiene precedentes en su escala ni en su naturaleza´…
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha elaborado acusaciones de “espionaje”, “conspiración para cometer espionaje”, “robo de propiedad del Estado”, “fraude y abuso informático” (pirateo de archivos) y “conspiración” general”. La Ley de Espionaje, que fue promulgada para frenar a pacifistas y a objetores de conciencia durante la Primera Guerra Mundial, prevé penas de cadena perpetua y de muerte…
En 2015, un tribunal federal de Washington bloqueó la difusión de cualquier información sobre la investigación de “seguridad nacional” en torno a Wikileaks, porque “estaba abierta y en marcha” y podría perjudicar “la acusación pendiente” contra Assange. La jueza Barbara J. Rothstein afirmó que era necesario mostrar “la deferencia adecuada al ejecutivo en materias de seguridad nacional”. Esto no es un tribunal serio.
Toda esta información ha estado disponible para cualquier periodista o medio de comunicación que se molestara en buscarla y deseara publicarla. Y, sin embargo, ningún medio corporativo ha actuado con el rigor necesario en los últimos nueve años. En lugar de eso, se han dedicado a sostener toda una serie de narrativas estatales disparatadas diseñadas para mantener a Assange entre rejas y enviarnos al resto de nosotros de vuelta a los tiempos oscuros de la información.
Jonathan Cook
Counterpunch
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Nota: Langley, Virginia, ciudad dormitorio de Washington DC, es la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y suele utilizarse como metonimia de la CIA.
Jonathan Cook es un periodista británico que reside en Nazaret desde 2001. Es autor de tres libros sobre el conflicto israelí-palestino. Ha sido galardonado con el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Su sitio web y su blog se encuentran en: www.jonathan-cook.net
Fuente: https://www.counterpunch.org/2019/05/31/endless-procedural-abuses-show-julian-assange-case-was-never-about-law/
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