Luego del paro nacional del 14 de junio
A las grietas por arriba, ahora se le ha sumado la movilización popular.
El paro general del pasado 14 de junio se caracterizó por su contundencia.La jornada abrazó un sinfín de gremios y se destacó por una cantidad fenomenal de piquetes, movilizaciones y actos, superando anteriores medidas de fuerza, incluida la de abril de 2017, durante el gobierno de Michel Temer, que fue catalogada en su momento como una de las demostraciones de fuerza más importantes de la década. El paro general viene precedido por la gran rebelión educativa contra las reformas y el recorte de fondos para la educación que pretende implementar el gobierno.
La jornada del 14 ha puesto de relieve la enorme disposición de lucha que anida entre los trabajadores y la juventud. El reclamo central de la huelga fue contra la reforma previsional que se está tratando en el parlamento, que despierta un enorme rechazo en la población.
El estado de ánimo y humor popular existente contrasta con la política contemporizadora que reina en las direcciones gremiales. El paro, incluso, podría haber tenido más fuerza si no hubiera sido por la labor de sabotaje y divisionista de las centrales
La UGT suspendió el paro de los choferes de San Pablo y de varias capitales. Força Sindical, que también dirige a importantes contingentes de choferes, no llegó a ese extremo pero le sacó el cuerpo a la medida y no se empeñó en garantizar su cumplimiento. En Salvador, Curitiba, Londrina y Maringá, sin embargo, los colectivos pararon, muchos en contra de sus direcciones sindicales. Por su parte, los trabajadores de subte de San Pablo, enrolados en el sindicalismo combativo de Conlutas, se plegaron a la huelga. La conducción de la CUT (dirigida por el PT), a su turno, pidió a sus afiliados que "se queden en casa" en lugar de salir a las calles.
Salvar la reforma
Este freno a los alcances de la huelga tiene que ver con la negociación en marcha en el parlamento brasileño, entre el gobierno y la oposición, para hacer pasar la reforma previsional. La idea es recortar algunos aspectos del proyecto original, de modo de lograr un consenso ya que su aprobación requiere de una mayoría especial de un 60%.
La comisión de Diputados presentó una nueva propuesta de la reforma previsional, que lima aspectos importantes del planteo original: la nueva propuesta eliminó la posibilidad de crear un régimen de capitalización y excluyó la adhesión de Estados y municipios. Incluso, aunque prosperaran estos retoques, la nueva propuesta constituye un ataque colosal contra las masas (aumento de la edad mínima, congelamiento de la jubilación hasta 2024, mínimo de 20 años de contribución para los hombres).
La propuesta de la comisión de Diputados cuenta con el apoyo de partidos y gobernadores de la oposición, incluidos los del PT, por más que el ex partido gobernante diga repudiar la reforma. Dicha versión incluye las modificaciones propuestas por los gobernadores del nordeste, del PT y del PCdoB. Se estima que con los cambios, el ahorro del Estado en materia de jubilaciones sería de 850 mil millones de reales en los próximos 10 años, en lugar de los 1,2 billones contemplados en el proyecto original, una confiscación de todos modos siderales, que está destinada al pago de la deuda y a los acreedores internacionales.
Las centrales sindicales no tienen como propósito el retiro de la reforma sino que están subordinadas a esta salida consensuada entre oficialistas y opositores, que apunta a salvar el proyecto. Las direcciones gremiales, no solo las oficialistas Força Sindical y UGT, sino también la CUT y la CTB (dirigidas por el PT y el PCdoB) plantean que la nueva reforma previsional informada por la comisión especial de Diputados es una "victoria fruto de la presión sindical".
No es ocioso señalar que esta política de maridaje y compromisos, le da un aliento al gobierno de Jair Bolsonaro, que viene a los tumbos, sacudido por crisis en numerosos frentes. Con una economía al borde de la recesión (el PBI se acerca a cero crecimiento y el desempleo asciende a 13 millones de personas), cortocircuitos de todo tipo al interior del gabinete, denuncias por corrupción y las revelaciones, días atrás, de las manipulaciones del otrora juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro en la causa Lava Jato, Bolsonaro se juega en la aprobación de la reforma previsional la estabilidad –y hasta la continuidad- de su gobierno.
La reforma jubilatoria constitye, por lo tanto, una pulseada estratégica. Paulo Guedes, el superministro de Economía, ha amenazado con renunciar en caso de que naufrague su sanción. Resta por ver si las podas que se están haciendo al proyecto son digeribles para él. A las modificaciones ya nombradas se agrega el hecho de que los militares fueron excluidos del paquete.
Hay quienes señalan que las revelaciones contra Moro están vinculadas a la disputa entre EEUU y China en lo que se refiere a su presencia económica y también política en la región y, en especial, en la nación carioca. No hay que olvidar que Moro es un hombre de confianza del Departamento de Estado y la justicia norteamericana y ha actuado como ariete para reforzar la hegemonía norteamericana en Brasil. Cediendo a estas presiones, Bolsonaro ha procurado estrechar sus relaciones con Estados Unidos y en especial con la administración Trump, lo cual ha avivado las tensiones con un franja de la clase capitalista brasileña, cuyos negocios giran en torno al gigante asiático -que es el principal destinatario de las exportaciones brasileñas y uno de los principales inversores en la nación vecina. El viaje del vicepresidente Hamilton Mourao a China refleja la tentativa por poner paños fríos a este giro y, al mismo tiempo, revela la escalada en las tensiones entre el gobierno de Bolsonaro y las fuerzas armadas, a punto tal que empezaron a abrirse paso los trascendidos sobre la posibilidad de un relevo del actual mandatario. Por lo pronto, la pretensión de Bolsonaro de consagrar su papel de árbitro, armar un régimen de poder personal y reforzar el poder de su camarilla de corte fascistoide está haciendo aguas. Los apetitos del clan Bolsonaro chocan con los militares, celosos de su autonomía, y también con los intereses cruzados de la clase capitalista, que teme que el derrotero que está siguiendo el ex capitán de navío termine por comprometer la gobernabilidad del país.
Perspectivas
A las grietas por arriba, ahora se le ha sumado la movilización popular. Una combinación que abre una nueva transición política de carácter convulsivo.
Las direcciones sindicales vienen maniobrando para impedir que la situación se salga de su cauce. En primer lugar, fueron dilatando el paro nacional para dar suficiente tiempo al gobierno para las negociaciones en el Congreso en torno a la reforma, y parir la salida consensuada que se está enhebrando. Ahora, las centrales no han anunciado ninguna continuidad de la medida de fuerza. Han bajado la cortina, sumándose a este operativo, a contramano del sentimiento y reservas de lucha que existe en los trabajadores y la juventud.
La superación de esta contradicción plantea una amplia intervención de masas, capaz de superar este escollo, la cual solo puede abrirse paso a través de una amplia deliberación popular. La batalla por un Congreso de trabajadores, con delegados electos en los lugares de trabajo, está colocada a la orden del día. Ese congreso debe estar dirigido a profundizar las medidas de lucha hasta lograr la derrota de la reforma, asestando un golpe fundamental al gobierno de Bolsonaro y, al mismo tiempo, a discutir una salida obrera a la crisis nacional.
Las tendencias combativas de Brasil deben ponerse a la cabeza de este planteo.
Pablo Heller
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