En su gira por San Juan, Alberto Fernández dejó en claro que promueve una nueva devaluación del peso. Lo hizo de un modo indirecto, como siempre se hacen estas cosas. Concretamente señaló que “el dólar vale lo que vale porque dejan fugar reservas a diestra y siniestra”. Y agregó: “dejan fugar reservas para dejar un valor ficticio del dólar. El dólar no vale lo que vale”.
¿Cuánto debiera valer el dólar para Alberto Fernández? No le puso un número, pero es probable que comparta la opinión de los capitostes de la Unión Industrial y del capital agrario, que pretenden un dólar con un precio muy superior al actual. Para estos capitalistas el negocio sería redondo: por un lado procederían a una mayor desvalorización del salario medido en dólares, y por el otro incrementarían en pesos el valor de sus exportaciones, lo que beneficiaría muy especialmente a las cerealeras, a los dueños de la tierra y a la industria de los agro tóxicos que se apropia de parte de la renta agraria. Cabe recordar que Fernández Alberto se fue del gobierno de Fernández Cristina por el conflicto con el capital agrario. El hombre no se ha movido de su posición.
La trampa que Alberto Fernández presenta al pueblo es evidente. Coloca como las dos únicas opciones posibles medidas francamente negativas: o devaluar la moneda nuevamente o admitir una fuga de capitales explosiva, que a término conduce también a una nueva devaluación. Como se ve, el final del camino es el mismo, sólo que la diferencia consiste en los ritmos que se transita el camino. Para Fernández Alberto, y por lo visto también para Cristina que lo ungió de candidato, el gobierno debiera hacerse cargo de llevar adelante una nueva devaluación, quitándole a quien gane las elecciones el costo de tomar esa medida.
En el horizonte de los Fernández está excluida la única salida positiva, que sería establecer un verdadero control de cambios y una nacionalización de la banca, para planificar de modo racional el uso de las divisas que el país logra generar, ya sea por su comercio exterior, por inversiones directas e incluso por préstamos que se soliciten con finalidades específicas. Una medida de este tipo nada tiene que ver con el cepo cambiario establecido por Kicilloff en la última fase del gobierno de Cristina Kirchner, pues el mismo tuvo como exclusivo propósito apropiarse todas las divisas que genera el país para pagar los vencimientos de la deuda.
En la misma gira Fernández dijo que no pagará la deuda con más ajuste. Pero lo que importa de la declaración es que la pagará, lo otro es para la tribuna. Es más, siendo que más del 70% de la deuda está nominada en moneda extranjera, la devaluación incrementará el capital y los intereses de la misma medido en pesos. El ajuste, que Fernández promete no aplicar, será más fuerte que el actual.
El eje de la campaña de Fernández es repetir la experiencia del primer gobierno kirchnerista, que lo tuvo como Jefe de Gabinete. Dicho gobierno se valió de la brutal devaluación realizada luego de la salida de la convertibilidad para desvalorizar la fuerza de trabajo y poner en marcha parcialmente la capacidad productiva ociosa, que permitió crecer sin que exista un correlato de inversión. La denominada ´exitosa restructuración de deuda´ que se llevó adelante fue un perfecto negociado para los fondos buitres, que compraron bonos a precio de remate y se les reconoció un valor muy superior, sumado al cupón PBI que aún resta pagar una parte. Luego de la reestructuración la deuda había quedado en apropiadamente unos 125.000 millones de dólares, pero al final del gobierno de Cristina Kirchner en el 2015 el stock total era superior en más de un 100%. El promocionado desendeudamiento fue puro relato. Ahora, y como lo prueban sus declaraciones, Fernández quiere repetir esa experiencia, desvalorizando aún más la fuerza de trabajo por medio de una devaluación y reestructurando una deuda impagable.
El control de cambios y la nacionalización de la banca que promueve el Frente de Izquierda en su programa van de la mano del planteo del no pago de la deuda usuraria, que debe llevarse adelante como parte de una reorganización social y política del país dirigida por los trabajadores. La cuestión del no pago es abordado maliciosamente por todos los políticos del régimen, que buscan ocultar que la propia deuda es impagable, algo que de algún modo admiten cuando todos reconocen la necesidad de una reestructuración de los plazos. La historia de los pagadores seriales de deuda ya la conocemos: terminan todos en default. En cambio para el FIT el no pago es una medida soberana que debe integrarse a una transformación de conjunto.
Gabriel Solano
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