Los 77 días que median entre el 11 de agosto y el 27 de octubre se harán interminables para Alberto Fernández, el presidente virtual que todavía necesita ser electo. El domingo siguiente a las elecciones no pudo evitar definir -ante La Nación y Clarín-, cuestiones centrales que omitió en toda la campaña electoral que lo llevó a la aplastante victoria en las PASO.
Como hemos consignado en Prensa Obrera, su apoyo al “dólar razonable” en $60 configuró un pacto devaluacionista no escrito con Macri, -como denunció Redrado- responsable directo del golpe de mercado. Pero a partir de allí, sus definiciones han llegado más lejos: “Con la devaluación, las prioridades son el acuerdo de precios y salarios. Un acuerdo que de concretarse sería por 180 días y modificaría temporalmente el mecanismo de las paritarias.”
El “pacto social” que emulara Cristina en el lanzamiento de su libro, ha empezado a discutirse discretamente con popes empresarios y burócratas sindicales por Carlos Tomada como operador. El inefable Funes de Rioja de la UIA fue parte de las conversaciones: “El control de precios y salarios es viable, pero en otro contexto. El 11 de diciembre puede ser, pero hay que cocinarlo antes".
Un alto burócrata de la CGT consultado por La Nación opinó "con la volatilidad del dólar y las tasas al cien por cien no es posible un acuerdo de precios y salarios. Primero hay que ordenar la economía…”
Como se aprecia, el pacto social es la anulación de las paritarias tras una devaluación significativa. Pero de aquí al 11 de diciembre puede haber varias más, porque si el dólar actual es “competitivo para productores y exportadores” como afirma Fernández, luego de las inflaciones de agosto, setiembre, octubre y noviembre, habrá que verlo. Por lo pronto el mercado de futuros ha llegado al extremo de $100 en 2020 y claramente a $70 en diciembre de este año (Tiempo Argentino).
Otro detalle brutal y revelador es que ya tienen la excusa para liquidar la actualización vigente de las jubilaciones atadas en parte al costo de vida y en parte a la recaudación: derogar la movilidad jubilatoria aprobada en las jornadas calientes de diciembre de 2017.
En materia de reforma laboral, el albertismo es cada hora más claro. Pretende, según un “paper” de Tomada., “…promover la renovación de los contenidos de los convenios colectivos en defensa de los trabajadores, institucionalizar la economía popular (se podría extender la emergencia social), establecer un nuevo esquema de contribuciones patronales, … ampliar la regulación de la tercerización laboral.” Esto debe leerse en castellano: flexibilización de los convenios al estilo de Vaca Muerta como lo reivindicó el futuro presidente ante Viviana Canosa. El convenio petrolero emblema que cobró miles de despidos y 9 muertes en menos de dos años. Pero tal vez más importante todavía fue la reunión que tuvo con Marcos Galperín, el adalid de la contrareforma laboral. Según anunció el flexibilizador de Mercado Pago, los integrantes de su grupo capitalista ya hacen cola para reunirse con el representante mayor del PJ, siguiendo los pasos preelectorales de Roberto Urquía, el dueño de Aceitera General Deheza, representante si los hay de los exportadores y pooles de siembra.
Complicidad con el paquete macrista
Fernández se opuso a la reducción del IVA por su impacto contra las provincias. Ni atisbo de pensar que se lo tragaría la cadena comercial sin llegar al bolsillo de los trabajadores, o en financiar la medida con un impuestos al capital. De aumentos salariales ni palabra, y su promesa de un 20% a los jubilados ya quedó en ridículo aunque no atinó a denunciar que en el paquete no hay nada para los jubilados. Claro, la CGT misma había dado la idea de los bonos por única vez.
Otro aspecto que puso en la morsa al presidente virtual fue el de los combustibles. Se ha opuesto al congelamiento por la vía de su economista Nielsen que se quejó de semejante cosa “cuando sólo en YPF operan 130 fondos de inversión en su cartera accionaria del 49%”. Alberto convalidó esas descarnadas declaraciones del negociador/entregador de la deuda externa argentina: “no se puede tomar una medida así, sin consultar a los productores”. Como puede observarse ni asomo de denunciar la dolarización y flotación libre del precio dispuesta por Aranguren antes de su partida del gobierno de Macri. Mucho menos, obvio, de terminar con el sistema de subsidios a los monopolios en Vaca Muerta que fue dispuesto por el mismísimo Kicillof y Galuccio, en tiempos de Cristina, pacto YPF-Chevron y ley de hidrocarburos mediante.
¿Se viene un pacto con el FMI estilo Lula 2003?
Pero el tema de los temas se vino, se viene, con la deuda y el FMI. “Argentina enfrenta vencimientos por u$s10000 millones en manos del sector privado según la consultora Quantum”. De tal suerte que el primer vencimiento es el 30 de agosto por u$s1600 millones, (909 de los cuales están en manos del sector privado). En este punto toma protagonismo central el otro aspecto de la “semana negra” post PASO: la caída de los bonos argentinos de deuda a nivel basura, expresado por el riesgo país que llegó casi a los 2000 puntos y cerró la semana a 1600. Niveles que sacan por completo a la Argentina de toda posibilidad de renovar la deuda o una parte de ella.
En esas condiciones los u$s5400 millones del FMI pendientes de la revisión de setiembre serán vitales, aunque insuficientes.
Argentina está en situación de default antes de octubre y diciembre. El poder de los acreedores externos y del FMI, cuya misión llegará en las próximas semanas, es enorme para condicionar a los políticos capitalistas empeñados en dar garantías de pago y de no default. Alberto se apuró a asegurar a Clarín “no tengo problema en ayudarlo a renegociar (a Macri) en el sentido que yo propongo, pero tengo problemas en explicarle al Fondo los incumplimientos del Presidente.”
Lavagna –a quien Alberto elogió y no descartó como futuro ministro de economía de su gobierno- directamente propuso suspender la campaña electoral y sentarse a renegociar la deuda con el FMI. Se trata de una copia del pacto con el FMI que precedió al ascenso de Lula al poder en 2003.
Es que el interregno de aguda crisis política con un cadáver político en la Rosada y otro en La Plata, y un futuro gobierno no electo, pero votado por la mitad del país, ha obligado a los “mercados” y al conjunto de la burguesía a improvisar una política frente a la crisis. Consiste en forzar un acuerdo nacional de las fuerzas capitalistas de reestructuración de deuda, plan de guerra contra los ingresos de los trabajadores, ataque al sistema jubilatorio, atadura de los sindicatos y organizaciones sociales cooptadas a un pacto social, apertura de los convenios a la flexibilización laboral actividad por actividad. Es un curso que pondrá a prueba el diferencial del peronismo, su capacidad de contención.
Los trabajadores tenemos que explotar ya el golpe sufrido por Macri
Las contradicciones de todo esto son explosivas. Ante todo, operan en medio de una nueva fase de la crisis capitalista mundial signada por devaluaciones y fuga de capitales, por la recesión mundial en marcha y la de Brasil en particular, por la presión yanqui para disciplinar a los gobiernos latinoamericanos en la cruzada contra Venezuela. Esto último ha derivado en una crisis con Bolsonaro por el resultado electoral que desacomoda los melones de la ofensiva continental de la derecha como vehículo de la ofensiva para descargar la crisis capitalista sobre las masas. Segundo y fundamental, el imperialismo y la burguesía no han esperado octubre, pero dependen de la contención de una CGT y CTA que han definido que no moverán un dedo para garantizar la “institucionalidad” y la llegada “en paz social” y en fecha del nuevo gobierno. En el mismo sentido el trío Vaticano ha pactado con el gobierno. Todos aceptando el “paquete” de aspirinas de los bonos y la eliminación trucha del IVA, para hacer pasar el golpe devaluatorio.
De parte de las organizaciones obreras y populares se trata de una disyuntiva de hierro. Este es el momento de explotar la debilidad de un gobierno derrotado y de una burguesía también golpeada que reacciona a los tumbos ante un cuadro no previsto. Son claves las reivindicaciones precisas, motoras de la intervención de la clase obrera para enfrentar al régimen del FMI: reapertura de paritarias, aumento del salario y la jubilación mínimas a $35000, actualización mensual de salarios y jubilaciones por inflación, ni un despido más, reparto de las horas de trabajo, apertura de los libros y control obrero. Por ellas, luchar por un Congreso de Delegados mandatados por las bases de todo el movimiento obrero ocupado y desocupado. Programa de los trabajadores de salida a la crisis, paro activo nacional de 36 horas hasta la huelga general para imponerlo. Al servicio de esta perspectiva el Partido Obrero en el FIT Unidad agitará todo su programa de salida a la crisis para que la paguen los capitalistas y acompañará el llamado a movilización del Plenario Sindical Combativo y el movimiento piquetero de lucha, contra la tregua de la burocracia sindical albertista.
Néstor Pitrola
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