Aunque fue desmentido por un comunicado inmediato, lo cierto es que el FMI fue a la reunión con Alberto Fernández para reclamarle que se haga cargo del poder. El Fondo da por concluido el proceso electoral y considera que Macri no tiene ninguna chance de revertir la derrota. Pretende que la negociación de un nuevo acuerdo sea con quien asumirá la presidencia, sea el 10 de diciembre o, de ser posible, quizás antes para llenar el “notorio vacío de poder”. La versión de que había solicitado un adelantamiento electoral cobra credibilidad porque va en esa dirección. Pero finalmente se trata de un hecho secundario: con o sin elecciones anticipadas, lo cierto es que el FMI reclama un compromiso de la fórmula Fernández-Fernández.
El FMI tiene un elemento fuerte para chantajear por ese compromiso. Sucede que puede atar el desembolso de los 5.400 millones de dólares correspondiente a la cuota que debe girar en el mes de setiembre a ciertas garantías reclamadas a los Fernández-Fernández. En el cuadro actual, sin esos fondos es muy probable que Argentina termine de cabeza en un default, y que se anticipe una nueva devaluación, que pueda llevar el dólar cerca de los 100 pesos. Con reservas netas del BCRA que rondan los 11.000 millones de dólares, contra vencimientos cercanos a los 10.000 millones hasta fin de año y una tendencia incesante a la fuga de capitales, el escenario económico de corto plazo es de carácter explosivo. Los 5.400 millones del Fondo podrían no alcanzar para apagar este incendio, pero su ausencia equivaldría a una chispa en la pradera seca. El FMI tiene experiencia en estos menesteres. A fines del 2001 su negativa a depositar una cuota comprometida con el gobierno de De la Rúa precipitó su caída.
La respuesta de Alberto Fernández al reclamo del FMI fue la búsqueda de un compromiso. Detrás del radicalismo verbal le reclamó al Fondo que se haga cargo. Según sus propios voceros señaló en la reunión que “quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina”. ¿Pero cómo el FMI, responsable del ajuste en marcha y del endeudamiento voraz puede revertir la catástrofe social? El sólo pedido entraña una capitulación y muestra que ya está en marcha una negociación. Los economistas que responden a Alberto Fernández ya anticiparon cuál sería el contenido de la misma. Incluiría una extensión en los plazos de pago, algo a esta altura inevitable, porque Argentina no tiene ninguna posibilidad de devolverle al FMI los 56.000 millones que le prestó en los próximos 4 años. Si quisiera hacerlo, incluso, chocaría con los bonistas privados en manos de fondos de inversión, al acaparar los pocos dólares que tendrá el país.
Pero esa extensión de los pagos solo sería factible mediante un pacto que incluya condicionamientos mayores. En relación a los ajustes fiscales, las declaraciones de Alberto Fernández y la liga de gobernadores que lo secunda contra la rebaja del IVA a los alimentos, la elevación del mínimo no imponible de Ganancias y el congelamiento de los combustibles van en sintonía con la política diseñada por el FMI. Para atacar estas medidas, e incluso recurrir a la Justicia para solicitar que suspenda su aplicación, Fernández no ha esperado a las elecciones a ser consagrado oficialmente como presidente. El argumento de que lo hace en defensa de las provincias carece de fundamento. Si lo que se quiere es evitar una caída o desvalorización de la coparticipación podrían haber planteado un impuesto especial a quienes ganaron con la devaluación. Pero eso lo hubiese llevado a un choque con el capital sojero y los exportadores, en momentos que busca congraciarse con la Sociedad Rural.
En relación a los otros pedidos del FMI, como ser la reforma laboral y previsional, Alberto Fernández ya anticipó que avanzará en una flexibilidad mediante la modificación de los convenios colectivos de trabajo. Cita como ejemplo a seguir lo que fue una verdadera catástrofe para la clase obrera. Es que la modificación del convenio colectivo de los petroleros que actúan en Vaca Muerta no sólo llevó a los trabajadores a perder derechos sino que incrementó exponencialmente las muertes obreras. Fernández también se declaró partidario de una reducción de aportes patronales a las pymes, lo cual llevará a un mayor desfinanciamiento del Anses y de darle garantía jurídica a las mineras.
El balance de la reunión de Fernández con el FMI echa luz sobre cuáles deben ser las consignas de esta transición política. Los que ponen el eje en la consigna “fuera Macri” deben saber que se ha transformado en el estandarte del Fondo Monetario, para acelerar un compromiso político con la fórmula Fernández-Fernández. Por el contrario, el abordaje correcto de la situación es promover la intervención de la clase obrera para enfrentar los pactos devaluadores y ajustadores que están en marcha, y transformarlos en insumos de denuncia que permitan acelerar la experiencia entre los trabajadores y el bloque peronista-kirchnerista.
La transición del derrumbe del macrismo a un nuevo gobierno está cruzada por la bancarrota económica. No se puede descartar que a la presión del FMI se sume en breve una nueva corrida que obligue a los Fernández a asumir sus responsabilidades. Frente a esto el programa del Frente de Izquierda de repudio a la deuda usuraria y nacionalización de la banca gana mayor vigencia.
Gabriel Solano
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