El camino a diciembre está plagado de dilemas sobre el dólar, reservas, inflación, deuda y FMI. ¿Cuánto le cuesta la transición a la clase trabajadora?
El precario pacto de transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández está apoyado sobre dos pilares, también muy endebles: el dólar a $ 60 y el intento de preservar las reservas del Banco Central.
Todo el mundo sabe que el dólar es la variable más variable (valga la redundancia) o inestable en estas pampas. Hay causas estructurales profundas: la economía dominada por el capital imperialista; el atraso de la estructura productiva que requiere importar insumos y bienes de capital que el país no produce; la fuga de capitales sistemática del gran empresariado “nacional”; el endeudamiento en beneficio de los centros financieros internacionales. Todos estos factores implican una sangría permanente de dólares que salen del país. Obviamente, nada cambió desde las PASO.
En la coyuntura, la cotización del dólar depende de las conductas especulativas del gran capital. El macrismo erigió una monstruosa ingeniería que ofrece altas ganancias financieras.
Luego de las elecciones, para intentar evitar que el dólar escale más, el Banco Central recurrió a la suba de tasas de interés de las Leliq (Letras de Liquidez), un “papelito” que emite el Banco Central: busca que la alta tasa de interés haga atractivo el “papelito” frente a las ganancias que puede otorgar la suba de la cotización del dólar. Es una “lucha” desigual entre una moneda con una debilidad estructural y otra poderosa. La alquimia financiera no es duradera y engendra una bola de nieve de deuda de la autoridad monetaria, justamente por la emisión de las Leliq.
Como con la tasa de interés de las Leliq no alcanza para sostener la cotización del dólar, el Banco Central está liquidando reservas a gran velocidad: su oferta de dólares intenta hacer frente a la alta demanda de la divisa. El Central sólo logró recomponer sustancialmente reservas en dos oportunidades durante el año: el 9 de abril y el 16 de julio, fechas en las que recibió desembolsos del FMI por U$S 10.800 millones y 5.400 millones, respectivamente. En cuatro meses y once días que van desde el 9 de abril hasta el 20 de agosto (último dato publicado por el Central), las reservas cayeron en U$S 18 mil millones, incluso a pesar del envío del 16 de julio del FMI.
En la actualidad, las reservas están debajo de los U$S 60 mil millones. Pero el stock de reservas está de alguna manera “dibujado”. Las reservas de libre disponibilidad -el genuino poder de fuego- son mucho más reducidas. Descontando el “swap” con China, los encajes de los bancos por los depósitos en dólares, las ventas de dólar futuro, entre otros conceptos, los analistas ubican las reservas netas en un rango entre unos U$S 14 mil millones y U$S 18 mil millones.
La fuga de capitales se aceleró en julio, previo a las elecciones. También se registró salida de inversiones de cartera (algo menor que en junio, pero salida al fin): se trata de inversiones especulativas, fundamentalmente vinculadas a la “bicicleta financiera”. Ese mes de julio, diez bancos concentraron el 82% de las operaciones de compra venta de dólares: Santander Río, Citibank, BNP Paribas, Galicia, HSBC, BBVA Francés, ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y el JP Morgan Chase.
Cuando la izquierda plantea la nacionalización de la banca, la expropiación de los bancos privados sin indemnización y la conformación de una banca estatal única bajo gestión de los trabajadores apunta a terminar con este vaciamiento del país y el enriquecimiento de un puñado de especuladores. También tiene como fin preservar el patrimonio de los pequeños ahorristas, para que no sean confiscados como en crisis anteriores: Plan Bonex de Carlos Menem o el “corralito” de Fernando de la Rúa. Además, apunta a que la banca se use para atender fines sociales: crédito barato para la vivienda, el pequeño comercio y terminar con las tasas de interés usurarias para el consumo, como ocurre actualmente con las tarjetas de crédito y los préstamos personales.
En dos semanas luego de las PASO, el Central perdió U$S 7 mil millones de reservas a causa de las ventas de divisas que hace de manera directa, la subasta de dólares del Tesoro (Ministerio de Hacienda) y por un goteo intenso (por el momento no grave) de depósitos en dólares que huyen del sistema bancario. Esta semana, el Central también liquidó reservas por el pago a un pool de bancos de una operación de REPO. Se trata de un préstamo garantizado con bonos del Estado, cuya desvalorización activó una cláusula gatillo. Según los trascendidos, los bancos que se habrían llevado las reservas son el Santander, HSBC, BBVA, Nomura, Citibank y Credit Suisse.
En las condiciones actuales, sostener el pacto de un dólar a $ 60 y al mismo tiempo preservar las reservas es uno de los elementos más contradictorios de la transición. Es una cosa o la otra. O ninguna de las dos.
Dólar e inflación: una pareja peligrosa
El país atravesó varias saltos devaluatorios desde que asumió Mauricio Macri: uno fuerte al inició de su mandato; otro en dos tiempos durante 2018 y el tercero en las últimas semanas. En todos los casos existió una aceleración inflacionaria. La actual parece la más acentuada: los pronósticos de los especialistas (en fallar -es decir, los economistas-) estiran la inflación hacia fin de año hasta el 60 %. Y el “machete” que llevó el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a la reunión con el presidente incorporaba un escenario de catástrofe con 100 % de inflación.
El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anticipó que agosto y septiembre registrarían una alta inflación. Por lo cual, el dólar a $ 60 tiene un “equilibrio” circunstancial, de poco alcance (“está bien” en los términos de Alberto Fernández), hasta que la inflación vuelva a presionar al dólar a la suba: es el “círculo vicioso” de la economía argentina. La retroalimentación entre inflación y dólar, es la segunda de las contradicciones agudas de la transición.
El golpe de los “mercados” al otro día de las PASO y la suba del dólar consagró una transferencia a los agroexportadores y terratenientes que sólo por el concepto de la soja guardada implica un ingreso adicional de $ 92 mil millones. El alza de la tasa de interés de las Leliq (Letras de Liquidez) del Banco Central para intentar evitar una corrida mayor al dólar llevó al bolsillo de los bancos unos $ 60 mil millones de ingresos extra. En la industria productora de alimentos y bebidas, la remarcación de precios implica una facturación adicional que se puede estimar en $ 27 mil millones mensuales. Se trata de sólo de algunos ejemplos de cómo el procesamiento de la crisis va arrojando ganadores.
La procesión
Cuando Alberto Fernández afirmó que el dólar a $ 60 “está bien” avaló en los hechos un espaldarazo a esas ganancias realizadas por el gran capital con el golpe de “mercado”. Mientras, los trabajadores tienen salarios en pesos que compran menos bienes y servicios que antes de las PASO y son 20 % más baratos en dólares, un resultado muy preciado por los “capitanes” de la industria, agrupados en la UIA. Esto no está bien.
La procesión empresaria a la meca de la calle México, donde tiene las oficinas el candidato del Frente de Todos, exhibe la pérdida de poder de Macri: hasta los amigos de Mauricio, Marco Galperin de Mercado Libre y Marcelo Mindlin de Edenor, fueron a saludar al Alberto. Pero también deja expuesto un hecho fundamental: los dueños de todo recibieron las señales que esperaban del muy probable futuro presidente.
Alberto Fernández ofrece garantías a quien quiera escuchar: la emisión indiscriminada de deuda realizada por el actual gobierno se va a honrar. ¿No hay nada que revisar del bono a 100 años realizado por el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, en beneficio de un fondo de inversión del que había sido parte? ¿Tampoco del pago a los fondos buitres? ¿Ni de la financiación de la fuga de capitales con los préstamos del FMI contrariando el estatuto del organismo?
Alberto en su afán de mostrar responsabilidad con los “mercados”, incluso quedó detrás de lo que algunos economistas vinculados al kirchnerismo barajaban como posibilidad: realizar una reestructuración de deuda como en Ucrania con una módica quita del 20 %, algo que de todos modos los especuladores tienen incorporado en las actuales cotizaciones (por el piso) de los bonos argentinos. El candidato promete pagar el cien por ciento. Nunca menos.
¿Qué fue del acuerdo con el FMI?
Más allá de la voluntad de pago del futuro gobierno, existe una tercera contradicción de la transición: la deuda de corto plazo que emite el Ministerio de Hacienda no tiene garantizado el pago. Hasta el 10 de diciembre vencen más de U$S 11 mil millones en títulos de corto plazo, que dependen de la renovación que acepten los “mercados”. Con el riesgo país por las nubes el panorama es complejo. De hecho, la semana pasada Hacienda evitó una emisión de letras por el riesgo de fracaso.
En este contexto, en el que sobrevuela el fantasma del default, el próximo desembolso por U$S 5.500 millones que tendría que enviar el FMI a mediados de septiembre es de una necesidad vital para el actual y el futuro gobierno. No obstante, no hay garantías de que llegue. Existe un cuarto problema de la transición: independientemente de que Alberto asegure que va a respetar el acuerdo con el FMI, hoy nadie sabe a ciencia cierta si tal acuerdo todavía existe.
El “populismo de emergencia” que practicó Macri para intentar contener la situación social luego del derrumbe en las PASO prácticamente enterró el “déficit cero”. Todas las proyecciones y metas acordadas con el organismo internacional están en cuestión. El Banco Central está vendiendo reservas, algo que requiere el visto bueno del Fondo: ¿aprueba el organismo está política o Sandleris opera por fuera del acuerdo? En estos días, una misión encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli arribará a Buenos Aires: además de aclarar los tantos, buscará el compromiso explícito del Frente de Todos con las metas que se establezcan. Se inicia una jugada de ajedrez compleja: Alberto anticipó que no romperá con el FMI, pero las urnas dieron un mensaje contra el régimen del ajuste permanente.
De Raúl Alfonsín a Carlos Menem y de Fernando de la Rúa a Eduardo Duhalde, las últimas transiciones dejaron daños sociales perdurables. El porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires se incrementó desde el 32,3 % en octubre 1988 al 47,3 % en el mismo mes de 1989. Según datos de Orlando Ferreres, el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza pasó de ser 34 % en 2001 a un máximo histórico de 55 % en 2002; la desocupación ascendió desde 16,4 % en mayo de 2001 a 21,5 % en el quinto mes de 2002.
¿Cuánto le costará a la clase trabajadora esta transición? La espera a diciembre, aceptando los términos del inestable pacto de transición de Macri y Fernández, es el peor camino. La lucha, la única vía para que la crisis la paguen los sospechosos de siempre, los responsables empresarios de la catástrofe que nos amenaza.
Pablo Anino
@PabloAnino
Sábado 24 de agosto | 00:22
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