Con la asunción de Wanda Vázquez, la rebelión popular de Puerto Rico enfrenta un nuevo desafío político. A pesar del marcado carácter continuista de Vázquez respecto a Ricardo Roselló, el nuevo gobierno se propone lavarle la cara al régimen y normalizar la situación política, sin cuestionar ni el estatus colonial de la isla ni la Junta de Supervisión fiscal, que ordena las finanzas estatales para garantizar el pago de la monumental deuda externa. La gobernadora se ha reunido con sindicatos, con los gremios docentes, y se mostró receptiva al planteo de la emergencia por violencia de género e incluso de la auditoría de la deuda, sin realizar ninguna clase de concesión ni medida concreta. Pero, significativamente, pidió una reunión con Trump y declaró su voluntad de colaborar en “trabajar juntos en la reconstrucción de la isla”. En su mensaje, la gobernadora sostuvo que “el Gobierno Federal ha sido una pieza fundamental en la recuperación de la isla”, un mensaje para asegurar la continuidad del sometimiento de Puerto Rico al saqueo imperialista. Vázquez se mueve en un juego de presiones muy delicado, porque fracciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Roselló y de la oposición patronal tradicional, el Partido Popular Democrático (PDP), trabajan activamente para socavarla e imponer variantes golpistas, conspirando en la justicia y el parlamento. Las maniobras y crisis por arriba están a la orden del día.
El intento político de Wanda apunta a colocar la rebelión como la simple y “espontánea” movilización contra un gobernador, puesto entre la espada y la pared por la revelación del chat con su círculo íntimo. Pero en la rebelión de Puerto Rico hay motivos de fondo, de carácter histórico. Los grandes problemas nacionales siguen planteados luego del recambio político. En este contexto se desarrollan los debates del movimiento de lucha que dio origen a la rebelión portorricense.
La cuestión del estatus colonial de la isla es la piedra fundamental de todos los debates. La Junta de Supervisión Fiscal actúa como un garante del pago de la deuda externa, que supera los 70.000 millones de dólares, y tiene un control total del presupuesto, estando integrada por tiene siete miembros designados por el presidente de los Estados Unidos. El estatus de “Estado libre asociado” de Puerto Rico implica en los hechos una subordinación gubernamental pero sin derechos políticos.
Este estatus se refleja en las condiciones sociales: el salario mínimo en Puerto Rico, por ejemplo, en la construcción, es de 7 dólares la hora, mientras que en EEUU es de 70. La cuestión salarial está a la orden del día: no se cubren los cargos docentes en las escuelas del Estado porque los sueldos son inferiores a las pensiones. En temas sensibles, se ha cedido competencia judicial a los Tribunales de Nueva York. La emigración en los EEUU no goza de plenos derechos políticos: recientemente se han denunciado casos de persecución por levantar la bandera puertorriquense. Otros, judicializados, afectan al pago de pensiones de residentes norteamericanos que deciden volver a la isla. Los cinco millones de portorricenses en EEUU son migrantes precarizados, con salarios de la mitad de un obrero norteamericano.
Las condiciones de sometimiento al imperialismo fueron especialmente claras durante el Huracán María de 2017, porque mientras por un lado se aseguraba una ayuda insuficiente y se imponía un ajuste fiscal draconiano, se condicionó la utilización de los fondos a los convenios con grandes empresas que hicieron un gran negocio con la reconstrucción -recargando, por supuesto, el peso de la deuda externa. El gobierno de Roselló fue parte activa de estos negociados, que quedaron expuestos en el chat de Telegram que detonó la rebelión.
Estatidad
Con Roselló, entró en crisis el planteo dominante hasta el momento para superar la situación colonial: la llamada “estatidad”, o sea, el planteo de convertirse en el Estado 51 de los EEUU. Este planteo fue el caballito de batalla del gobernador saliente y la posición ampliamente mayoritaria en los últimos plebiscitos sobre el estatus de la Isla. Pero el desarrollo de la crisis desde el default y el Huracán María han puesto de relieve que el imperialismo no está dispuesto a abrir negociaciones en este sentido. La zanahoria de la “estatidad” le sirvió a los gobiernos del régimen para imponer una política de sometimiento total al imperialismo, a la espera de concesiones que nunca van a llegar.
Del otro lado, el planteo independentista venía bloqueado, entre otros motivos, por la extorsión norteamericana de negar el ingreso a la migración portorricense (cuyo efecto se refuerza por la situación acuciante de sus vecinos de Centroamérica, que huyen en contingentes y arriesgan su vida en el intento de cruzar a EEUU, sufriendo quienes llegan la persecución del Estado). Con ese caballito de batalla, la independencia perdió los referéndum de 2012 y 2017, donde se impuso la estatidad. Luego del referéndum de 2012, un sector de la oligarquía local e incluso del imperialismo llegaron a proponer una asamblea popular constituyente para discutir la cuestión del estatus. Pero ninguna constituyente puede ser libre y soberana si no es sobre la base de una ruptura del sometimiento colonial al imperialismo. La ilusión de obtener la estatidad haciendo buena letra, por el contrario, fue la píldora que anestesió al pueblo de Puerto Rico durante años y la gran carta del depuesto Roselló. La negativa del imperialismo a debatir el punto puso en el freezer los proyectos constitucionales. Con el planteo de la constituyente pero desde la izquierda, el Partido popular de los trabajadores convocó al boicot al plebiscito.
La deuda, la independencia y el movimiento popular
En estas condiciones, el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal y el ajuste fiscal generalizado reactivaron el movimiento anti imperialista, especialmente bajo la forma del cuestionamiento a la deuda externa. Bajo la Junta se cerraron, por ejemplo, 300 escuelas en lo que va de 2019. Se impuso una miseria salarial generalizada a los trabajadores estatales. Se desmanteló el sistema de salud, y se impidió la efectiva reconstrucción luego del huracán. El rechazo de la deuda se destacó tempranamente por parte de las organizaciones de mujeres, que plantearon la movilización del 8 de marzo con la consigna “Nosotras contra la deuda”. También se desarrolló un movimiento de auditoría ciudadana contra la deuda, que reunió 150.000 firmas en función de auditar para terminar con el pago de la porción “ilegítima” de la deuda. Los límites de este planteo son enormes, especialmente en el terreno metodológico, porque ninguna auditoría, incluso “legal”, puede quebrar el sometimiento que asegura el pago de la deuda. Con las grandes movilizaciones contra Roselló (“Ricky, vete y llévate la Junta”) la cuestión de la deuda quedó planteada como un reclamo de masas -con un alcance explosivo para todo el régimen político, en la medida en que esta demanda aparece ligada a reclamos absolutamente acuciantes que son negados por la Junta. La confrontación entablada y el fracaso de la perspectiva de estatidad colocan nuevas coordenadas para la lucha por la ruptura con el imperialismo y la independencia.
Según entrevistas en la revista Jacobin, el desarrollo de las organizaciones populares bajo la bancarrota capitalista y luego del Huracán María fue un caldo de cultivo de experiencias de “auto organización” u organización comunitaria frente a la catástrofe. Estos movimientos cuestionaron el manejo de la ayuda por parte del gobierno y fueron un caldo de cultivo para las movilizaciones posteriores. Este movimiento popular ahora discute planteos antiimperialistas y es el que ha levantado las consignas contra la junta. Los entrevistadores en Jacobin destacan la faz anti partidaria del movimiento, algo que, desde el punto de vista de la lucha por el poder que implica la independencia, es su gran limitación. Se ha resaltado, en este aspecto, la concurrencia a las movilizaciones sin banderas partidarias ni de organizaciones, con la sola presencia de la bandera de Puerto Rico.
La izquierda
Rafael Bernabé, dirigente del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), sostiene que el anti politicismo del movimiento “tiene el efecto real de ayudar a perpetuar el control de los partidos existentes”. Ni el izquierdista PPT ni el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) alcanzaron en las últimas primarias el 3% de los votos para poder presentarse a elecciones generales. Bernabé sostiene, en relación al movimiento de lucha, que “hace falta una asamblea de movimientos que permita asumir este programa (...) e impulsarlo a través de la movilización constante. Debe ser una estructura sencilla y flexible” ¿Con qué programa?: “una auditoría ciudadana de la deuda; moratoria a todo pago de la deuda y acuerdo sobre la misma hasta que se complete esa auditoría; aportación adecuada del Congreso para la reconstrucción económica de Puerto Rico; restablecimiento de los derechos laborales eliminados por el gobierno de Rosselló; reforma contributiva progresiva; recuperación de una parte mayor de las ganancias que hoy se fugan del país; reforma gubernamental democrática y cero privatización de servicios esenciales; revocación de PROMESA y la de la Junta de Control fiscal neoliberal, antidemocrática y colonial, entre otras medidas; convocatoria de una asamblea constitucional de status para resolver de una vez el problema colonial” .
Por la independencia de Puerto Rico, por los Estados Unidos socialistas de América Latina
Como se ve, el programa del PPT tampoco vas más allá de los marcos de un planteo nacionalista e incluso no promueve la ruptura total con el imperialismo, pero incluso este programa limitado requiere medidas de fondo que el régimen político actual no es capaz de tomar. La cuestión de la Constituyente se vuelve central, porque es un planteo de transición para la ruptura con el régimen colonial. Incluso un planteo nacionalista de terminar con el dominio de la Junta, en la medida que choca con los intereses imperialistas, solamente puede ser llevado adelante quebrando el régimen político mediante la movilización popular. Solo un gobierno de los trabajadores que esté dispuesto a tomar las medidas políticas necesarias para hacer frente a las presiones norteamericanas puede llevarlo adelante en forma consecuente. La burguesía nacional vive de los negocios con el imperialismo y el sometimiento de sus partidos a los yankis es total. Cualquier ilusión de una transición pacífica chocará con el respaldo norteamericano a los capitalistas que se benefician de la situación colonial de la isla.
La proyección continental de esta lucha está fuera de duda. Por un lado Puerto Rico requiere una lucha continental para evitar el aislamiento y la derrota. El peso de la deuda, de la presencia militar y política del imperialismo, pesa como un lastre sobre toda América Latina. La lucha del pueblo de Puerto Rico se procesa en un cuadro de grandes movilizaciones en Centroamérica (Costa Rica, Haití, Honduras, Nicaragua), y está atada a la pelea de los pueblos, desde México a Argentina, por la Unidad Socialista de América Latina. Este es el camino a un desarrollo nacional y continental de la mano de gobiernos de trabajadores, que se coloca como un planteo de superación ante las extorsiones del imperialismo contra la independencia puertorriqueña.
Por la ruptura con el imperialismo y el FMI y por el no pago de la deuda, lo que implica la expulsión de los Macri y Bolsonaro y todos los gobiernos colaboracionistas.
Por otro, los cinco millones de puertorriqueños en EEUU son el nexo con la clase trabajadora inmigrante en el país del norte, precarizada y sometida por el imperialismo puertas adentro. El potencial revolucionario de la situación de Puerto Rico es inmenso. Hagamos nuestros mejores esfuerzos para llevarlo a la victoria.
Juan García
No hay comentarios.:
Publicar un comentario