La lucha de los pueblos latinoamericanos por democracia y equidad asume múltiples formas. La movilización directa (marchas, tomas y bloqueos de vías, protestas de diverso tipo) y la participación electoral son sus manifestaciones más visibles. Desde hace dos décadas la lucha armada guerrillera ha devenido en una forma desgastante debido, principalmente, a la inmensa capacidad del imperio de “ensuciar” las guerras de liberación.[1]
Los pueblos resisten, se organizan, defienden su existencia y sus derechos, enfrentan la pobreza, la exclusión, la discriminación y la desesperanza. Con valor y persistencia confrontan las políticas neoliberales; acumulan fuerza y conciencia política. En ese trajinar construyen gérmenes de poder popular.
Su finalidad: derrotar a las oligarquías regionales y consolidar verdaderos procesos de autonomía e independencia frente a todo tipo de imperios, especialmente el norteamericano. Es la primera fase hacia transformaciones más profundas.
Una de esas formas de lucha utiliza la institucionalidad imperante para elegir gobiernos nacionalistas (que algunos llaman “progresistas”, “desarrollistas” o “democrático-populares”). Son herramientas para profundizar la democracia participativa tanto en lo macro (regional y nacional) como en lo micro (local, veredal, aldeano, barrial, en pueblos, etnias, movimientos y organizaciones sociales). También ayudan en la integración continental de los pueblos y países.
La estrategia “pacífico-electoral” se ha ido construyendo en la práctica. Ni siquiera se ha acordado. Sobre la marcha se ha ido perfeccionando. Desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela (1999) hasta el de Mauricio Funes en El Salvador (2009), se han sucedido asunciones electorales de proyectos democráticos y populares en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Paraguay y Surinam, y en diferentes regiones y ciudades de América Latina.
Los gobiernos de Chile y Argentina podrían estar en esa categoría, pero la participación socio-popular en esos países está subordinada a sectores políticos tradicionales (burgueses). El caso de Honduras es sui géneris, dado que un representante (Zelaya) de los partidos tradicionales (liberal) dio un viraje hacia la política de los países que conforman el ALBA. A los gobiernos decididamente anti-imperialistas se los ha denominado “bolivarianos”.
Llegar a los escenarios gubernamentales permite acumular fuerzas. Los gobiernos “progresistas” son puntos de apoyo para consolidar las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales, que sirvan de sustento al surgimiento de nuevas relaciones de poder y la construcción de nuevas institucionalidades democráticas en favor de los pueblos (nuestro Estado, que en gran medida sería un “no-Estado”).
La dinámica de los gobiernos nacionalistas
Los presidentes nacionalistas y las fuerzas políticas que los acompañan, una vez llegan a los aparatos de gobierno, han tenido que acudir al “constituyente primario” para transformar parcialmente “sus” Estados, con el fin de contar con mayores instrumentos para impulsar la participación ciudadana y popular, y empezar a afectar los poderes económicos y políticos de las oligarquías regionales y el imperio.
En los primeros años de gestión los nuevos gobiernos requieren con urgencia de herramientas legales y presupuestales para hacer inversión social y cumplir con sus programas nacionalistas y antineoliberales. Tratan en esas primeras etapas de ampliar su base social y neutralizar los ataques de la oposición reaccionaria. Son períodos de tensión al interior de la institucionalidad existente que se resiste a los cambios.
A veces, no es viable u oportuno convocar las asambleas constituyentes. Se pueden usar instrumentos presidenciales, gobernar por decreto o con políticas de hecho, a fin de acumular fuerza electoral representativa y conseguir mayorías absolutas en los organismos constituyentes. Es cuestión de entender que el Poder, es una relación de fuerzas. No calcular bien o hacer cuentas alegres, nos lleva a cometer graves errores “legalistas”[2] que son aprovechados por las fuerzas retrógradas para reversar los procesos.
Cuando las oligarquías entreguistas y sus asesores imperiales, perciben que el proceso de cambio a favor de los pueblos es irreversible por las vías pacífico-electorales, recurren por regla general a estratagemas ilegales (golpistas) que violentan su propia legalidad; la que dicen defender mientras les sirve. Esos son los momentos, hitos, en donde las fuerzas populares se ponen a prueba y la revolución está a la orden del día. Estar alerta, no dejarnos provocar, y reaccionar a tiempo con contundencia, es la clave.
La principal tarea revolucionaria
Una vez superados esos instantes – como ocurrió durante el golpe en Venezuela en 2002 y el subsiguiente boicot petrolero en 2003 –, se deben soltar las amarras. Hay que hacerlo en dos direcciones: atacar la estructura burocrática y corrupta de los aparatos estatales que hemos heredado de los anteriores regímenes oligárquicos, profundizando la democracia participativa en lo macro-nacional, y, simultáneamente, fortalecer los órganos de poder popular, afianzando la democracia participativa en lo micro, entregándole amplias funciones decisorias al pueblo.
Si no se aprovechan esas condiciones para “empoderar” a los pueblos, se corre el riesgo de que los mandos medios, casi siempre acaparados por los sectores que representan a las clases medias que se han sumado a la marea revolucionaria, aprisionen el proceso de cambio y retrasen (o a veces, aborten) los ejercicios de efectiva transformación estructural.
Si los pueblos no han construido gérmenes de poder – o en los procesos de lucha han desaparecido por diversas causas – es todavía más difícil avanzar en esa dirección. Este es uno de los cuellos de botella en donde las revoluciones peligran, al centrar la acción de manera exclusiva en los aparatos de gobierno y Estado (que no es nuestro Estado). Se impone así, a veces por inercia o por claros intereses de los sectores burocráticos, la línea de la “revolución desde arriba”, que castra el espíritu de las masas y paraliza la acción transformadora.
La lucha contra la corrupción, por garantizar seguridad ciudadana, por construir seguridad alimentaria, son escenarios ideales para desarrollar y fortalecer los gérmenes de poder popular. Cumplir con tareas de mayor profundidad estructural sin contar con las fuerzas populares organizadas, no sólo para respaldar esas decisiones sino para administrar con democracia y equidad dichos avances (ej., el manejo de los monopolios estatales), nos puede conducir a los fracasos que ya vivimos en las revoluciones del siglo XX.
Las grandes batallas de las revoluciones populares de América Latina, a nuestro entender, se juegan más adentro que afuera de nuestros países. La política de contención del imperio está dirigida – precisamente – a obligarnos a “militarizar” nuestros procesos, empujándonos a centralizar las decisiones en aras de “defender la revolución”.
La única forma de defender – de verdad – los procesos de transformación revolucionaria de nuestras sociedades, es fortaleciendo el poder popular. El único “consejo de seguridad” que podrá defender lo avanzado, son los pueblos que se apropien de la democracia participativa, no sólo por medio del referendo, la consulta popular, las elecciones, sino también, y prioritariamente, construyendo la democracia directa (en lo micro), que incluye – indudablemente - la milicia popular (pueblo en armas).
En Rusia los métodos del “comunismo de guerra” (retomados por Stalin) se impusieron sobre los que proponía Lenin en su Nueva Política Económica NEP. Quedó lo importante subordinado a lo urgente. Las consecuencias fueron nefastas. Es nuestro deber aprender.
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[1]Fidel Castro desde 1990, evaluando la experiencia centroamericana, y la caída del bloque “socialista” (URSS y Europa Oriental)planteó la necesidad de revisar la estrategia de lucha guerrillera. "Yo no recomiendo la lucha armada (en la época actual)... Estamos pasando de una etapa en la que las armas podían resolver los problemas a otra en la que la conciencia de las masas y las necesidades de la historia y las ideas serán las que harán cambiar al mundo". Clarín, 21 de Mayo de 1998, p. 51- Entrevista de J. Gasparini
[2] “Cretinismo parlamentario” le llamaba Lenin. “Constitucionalismo obsesivo”, “legalismo constitucionalista”, sería el nombre de ahora.
Fernando Dorado
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