Luego de la entrevista con Tabaré Vázquez, la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton se refirió a la carrera armamentista en curso en América latina y en un alarde de cinismo manifestó su preocupación porque las compras de armas efectuadas por Caracas “sobrepasan las del resto de la región”. En línea con esa inquietud exigió al gobierno bolivariano que “sea transparente en sus compras y claro en sus propósitos”, para evitar que esas armas puedan terminar en manos de la guerrilla, el narcotráfico y organizaciones criminales.
Todo esto lo decía mientras en Quito la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) naufragaba a causa de la cerrada oposición de Colombia a firmar un compromiso formal, solicitado unánimemente por los demás gobiernos de la Unasur, mediante el cual se garantizase que las tropas norteamericanas estacionadas en ese país no incursionarían fuera del territorio colombiano. A buen entendedor pocas palabras.
Las declaraciones de Clinton se produjeron casi en simultáneo con un comunicado de la Casa Blanca en el que se informaba de la renovación por otro año del universalmente condenado bloqueo en contra de Cuba, mientras persistía la indiferencia de Obama ante el caso de los cinco cubanos detenidos hace más de diez años precisamente por luchar contra las organizaciones terroristas radicadas en Miami. Si integramos estas tres noticias es evidente que las expectativas suscitadas por el arribo de Obama a la Casa Blanca eran ilusiones que fueron amargamente desmentidas por su gestión de gobierno.
La secretaria de Estado no puede ignorar que las compras de armas de Caracas ascienden a un monto muy inferior al gasto militar de otros países de la región. Por empezar, de Colombia. En segundo lugar, sabe muy bien que Venezuela está amenazada, asediada, hostilizada, acosada por Washington y por su peón sudamericano, Alvaro Uribe Vélez, cuyo prontuario por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo lo convierte en un dócil rehén de la Casa Blanca.
Sabe que Estados Unidos ha decidido reemplazar la base de Manta por siete –no una sino siete– nuevas bases militares en Colombia. Sabe también que Uribe, solícito con sus amos, no quiere firmar ninguna carta que le ate las manos cuando las tropas del imperio acantonadas en su país ataquen a sus vecinos, para empezar Venezuela. Sabe también que a este país le asiste el legítimo derecho a la defensa, y que debe armarse para repeler una agresión militar largamente anunciada.
Sobre Obama y sobre ella recaerá la responsabilidad principal por esta demencial escalada belicista –bases militares, Cuarta Flota, golpe de Estado en Honduras, etcétera–, en perfecta sintonía con el mandato del complejo militar-industrial al cual Obama parece haberse supeditado sin siquiera librar batalla. Seguramente que la historia no los absolverá.
Atilio A. Boron
Página/12
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