Cinco días después del retorno clandestino al país del presidente hondureño, la resistencia de los partidarios de Zelaya no se debilita
Tres meses después del golpe de Estado de Roberto Micheletti en Honduras, el presidente electo, Manuel Zelaya, que volvió clandestinamente al país el lunes 21 de septiembre, está todavía refugiado en la embajada brasileña. Galvanizados por el retorno de Zelaya, sus partidarios han reforzado el movimiento de resistencia, a pesar de la brutal represión del régimen golpista que habría provocado dos muertos, diez según Zelaya. Mientras las fuerzas militares y policiales todavía asedian la embajada de Brasil y repelen sistemáticamente las concentraciones en apoyo al presidente legítimo, otras manifestaciones son organizadas en todo el país.
En el extranjero, las presiones diplomáticas se intensifican. Washington, que saludó el mismo lunes el retorno de Zelaya ha endurecido el tono desde entonces, requiriendo a Micheletti que se comprometa a una salida de la crisis.El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva ha solicitado el miércoles (23 de septiembre) la convocatoria del Consejo de Seguridad de la onU para votar una resolución exigiendo la inviolabilidad de su embajada en Tegucigalpa y la seguridad del presidente depuesto. Una solicitud apoyada ayer por los ministros de Asuntos Exteriores francés y español.
Además, sectores cercanos al régimen golpista habrían comenzado a considerar la posibilidad de un acuerdo con Zelaya, respondiendo de esta forma a las presiones de la comunidad internacional para encontrar una solución. Por su parte, el presidente hondureño “de facto” no parece dispuesto a considerar el abandono de las riendas del poder, y todavía menos a dejarlas al presidente electo. Frente a la situación de penuria, el régimen golpista levantó ayer por la mañana el toque de queda impuesto desde el lunes, pidiendo a los funcionarios y a los empleados privados que reemprendan sus actividades.
Roberto Micheletti se ha declarado dispuesto a iniciar el diálogo con Manuel Zelaya si éste acepta la organización de las elecciones previstas para noviembre. Esta condición forma parte del paquete de acuerdos de San José, redactados bajo la dirección de Oscar Arias, presidente de Costa Rica y mediador nombrado por los EE.UU al el inicio de la crisis hondureña.
Estos acuerdos proponen esencialmente un reparto de poderes hasta las próximas elecciones, una amnistía general, incluidos los delitos políticos en relación con el golpe de Estado y la prohibición de toda consulta popular para ls convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este ofrecimiento, que pretende calmar las tensiones actuales, parece sin embargo muy insuficiente respecto al proceso político progresista iniciado por el presidente Zelaya.
Samuel Lehoux | L´Humanité |
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