La crisis política extraordinaria que atraviesa Venezuela se encuentra en un impasse que la convierte cada día en más severa. El crecimiento persistente de la belicosidad callejera deja al desnudo un inmovilismo político agudo de los dos bandos en pugna, y por supuesto de los Estados y gobiernos que intervienen en forma abierta o subrepticia en este proceso. El gobierno chavista defiende su continuidad a fuerza de una represión estatal y paraestatal cada vez más letal, con la expectativa de evitar una intervención final de las fuerzas armadas. No puede ofrecer, sin embargo, un plan político, que a esta altura de la crisis supone, como garantía, la destitución de Maduro. La oposición, dominada por la derecha ‘liberal’, ha decidido una ocupación permanente de las calles, luego del fracaso de varias ‘mediaciones’. Pero no ha logrado ganar la adhesión activa de las masas más pobres del país, ni parece ser esa su intención –su programa se limita al reclamo de elecciones y a una “ayuda humanitaria” internacional para atenuar la crisis de abastecimientos. Se ha cuidado muchísimo de no hacer reivindicaciones sociales de emergencia. La clase obrera no protagoniza huelgas ni demostraciones activas.
Laberinto chavista
Los críticos de derecha del gobierno creen discernir una línea política oficial que apuntaría al establecimiento de un régimen de partido único. Esgrimen como prueba la negativa oficial a convocar a un referendo revocatorio, que es constitucional, y la postergación sin fecha de las elecciones para gobernadores e intendentes, e incluso una tentativa de clausura de hecho de la Asamblea Nacional. Este intento no prosperó, porque el cierre de la Asamblea habría privado al Estado de la garantía constitucional para contraer financiamiento externo o para privatizar, siquiera en forma parcial, propiedades del Estado –o sea que llevaría, a término, a una declaración de ‘defol’. La pretensión de Maduro de hacer pasar un proyecto de ley de privatización de las operaciones de Pdvsa en beneficio, inicialmente, de la rusa Rosfnet, fracasó precisamente por la necesidad que tenía de aprobación parlamentaria.
Con una deuda pública que algunos estiman en u$s150 mil millones, y reservas por u$s10 mil millones (excluidas las tenencias de oro), la falta de rúbrica de la Asamblea Nacional –dominada por la oposición– conduce a la bancarrota oficial del Estado. El impasse no podría ser mayor: el chavismo no puede ignorar a la Asamblea. Venezuela, por otro lado, tiene una deuda de u$s40 mil millones con China, contra entrega de petróleo, cuyo contrato prevé el ‘defol’ en caso de omisión de pago de un vencimiento (“cross-default”). La deuda de Venezuela cotiza al 30% de su valor original y los seguros contra ‘defol’ alcanzan al 80% de la deuda. El chavismo no podría convertirse entonces, como denuncia la derecha, en una Zimbawbe o Norcorea, sin sufrir un desplome económico y enseguida político. Tampoco podría convertirse en una Cuba por decreto, porque Cuba tiene un orden legal propio oriundo de una revolución. El concepto de ‘revolución bolivariana’ o del ‘siglo XXI’ no tiene, como se ve, entidad histórica.
Macrismo caribeño
La parálisis de conjunto que domina la política venezolana tiene que ver con el temor que inspira un desmantelamiento del control de masas que tiene aún el aparato estatal y paraestatal del chavismo y de las fuerzas armadas. Un ‘macrismo’ a la caribeña sería explosivo, al menos sin una ayuda internacional excepcional. El chavismo desarrolló un plan social de envergadura mediante un aparato independiente del Estado oficial, lo que explica el derrumbe del sistema de salud y educación preexistente, en beneficio de las ‘misiones’. El caso de la vivienda (¡alrededor de un millón de unidades!) representa un caso de crisis extraordinario, porque no pasó por un proceso de venta y de escrituración. Un pasaje del gobierno a la derecha pondría en entredicho la titularidad de hecho de la propiedad de estas viviendas, e incluso el desarrollo de un mercado negro. En medio de un derrumbe social excepcional, numerosos sectores populares se encuentran atados a un sistema que el Estado capitalista no puede sustentar. La propuesta de escrituración que ha hecho al menos un sector de la Mesa opositora, supondría una hipoteca que los beneficiarios no podrían soportar. El desarme de la experiencia chavista, por parte de la derecha, implica una contrarrevolución social de envergadura. No existe otra salida para las masas que un gobierno de trabajadores.
Imperialismo
Con el gobierno de Trump ha entrado en revisión la política de acercamiento a Cuba y de pacificación en Colombia que había impulsado Obama. El impasse venezolano está atado, por lo tanto, a un paquete internacional; en los últimos días, un conjunto de militares retirados de Estados Unidos han exhortado a Trump a no cambiar este rumbo. A esto se añade el tema de fondo del destino del petróleo venezolano –codiciado por las multinacionales de Estados Unidos y Europa, de un lado, y China y Rusia, del otro. Un cambio de régimen llevará a un cambio de manos de la propiedad de las enormes reservas de hidrocarburos de Venezuela. Todo esto explica el alcance internacional de la crisis venezolana y la repercusión que tendrá en las relaciones políticas en América Latina. El imperialismo, a corto plazo, busca explotar la crisis para hacer una ‘gran Santa Cruz’, o sea aprovechar la agonía del chavismo para reforzar a la corriente, llamémosla “macrista”, en el conjunto de América Latina.
Esta caracterización de conjunto debe determinar la orientación de la izquierda revolucionaria. De un lado, denunciar el carácter contrarrevolucionario de la movilización opositora, aunque esgrima reivindicaciones de carácter democrático, como el cese del gobierno por decreto y la realización de elecciones, o el fin a la represión policial y parapolicial. Es necesario destacar el carácter de clase del movimiento, que está dirigido por el gran capital internacional y nacional, incluso si es seguido o acompañado por sectores populares y trabajadores. Del otro lado, rechazar cualquier apoyo político a un gobierno que ha hundido a las masas populares en la desesperación por la necesidad de mantener un orden capitalista pseudo-estatizado, que está completamente agotado y corrompido. Sobre la base de estos dos planteos hay que llamar a la vanguardia de los trabajadores a construir una alternativa obrera propia, de carácter socialista. La crisis que se desarrolla en la actualidad es un episodio de un proceso de alcance más amplio, que pondrá en movimiento al conjunto de los explotados.
Furgón de cola
En el campo de la izquierda y ex izquierda del chavismo tiene lugar un proceso singular, que consiste en propiciar un entendimiento entre el chavismo y la oposición de derecha, o el seguidismo e incluso el apoyo a la movilización dirigida por la derecha. Nicky Evans, líder de Marea Socialista (emparentada con el MST de Argentina), se ganó la semana pasada el apoyo de CNN para la propuesta de una Comisión que involucre a las partes en disputa atrás de un cronograma electoral. El PSL (que se identifica con Izquierda Socialista, integrante del FIT), luego de señalar que “la mayoría (!) de los sectores populares y trabajadores no salen aún con fuerza a protestar”, llama a “que el pueblo trabajador se una a la protesta que crece en el país desbordando (¿?) a la MUD (…) en la perspectiva estratégica de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo” (A la Calle, 13/4)
Dirección
Esta es la línea de la izquierda democratizante y “anticapitalista” en la crisis que atraviesa Venezuela. La salida contrarrevolucionaria al derrumbe del nacionalismo militar y pequeñoburgués, es presentada como “democrática”. Es una muestra cabal de la orfandad de orientación política, para decirlo con moderación, en que se encuentran los sectores obreros activos que actúan especialmente en los sindicatos.
Sin embargo, la lucha política decisiva que deberán confrontar los trabajadores recién empieza.
Jorge Altamira
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