El 24 de febrero casi 8 millones de cubanos y cubanas participaron del referéndum sobre la nueva Constitución imponiéndose el Sí por 86,8%. Qué dejan los resultados y qué viene tras la aprobación.
La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) renovada por voto directo en marzo de 2018, había aprobado el 22 de diciembre el nuevo texto constitucional tras una amplia consulta popular cuyas características fundamentales ya hemos criticado en otros artículos.
¿Qué muestran los resultados?
El Consejo Nacional Electoral publicó los datos definitivos el 28/2 tras depurar el padrón, ya que casi 600.000 electores habían quedado duplicados en los padrones por votar en un colegio diferente del que les correspondía por domicilio. De un padrón de 8.705.723 electores, votaron 7.848.343 (90,15%). Votaron por el SÍ, 6.816.169 electores (86,85% de los que votaron) y 706.400 por el NO (9%). El 4,15% lo hizo en blanco o anuló su voto.
El triunfo del Sí ha sido clarísimo y otorga la legitimidad necesaria a la nueva carta magna que ha seguido todos los pasos que la ley cubana exige. Hacemos esta aclaración ya que los sectores de la derecha rancia de Miami (conocidos como “gusanos”), hoy en día empoderados por los aires de agresión imperialista sobre Venezuela y la proliferación de gobiernos ultraderechistas en el continente, declararon ilegítimo e ilegal el proceso dejando la puerta abierta para desconocer la Constitución y las autoridades legales cubanas. La OEA y el gobierno de Trump también desconocieron el referéndum.
No obstante la clara victoria del Sí, los resultados pueden estar expresando nuevos fenómenos políticos de cara al próximo período. No tiene sentido contrastar los datos con la ratificación de 1976 (2% de abstención, 97% por el Sí y 2,3% entre votos por el No, blancos y nulos) u otros procesos electorales donde se eligen candidatos/as (en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2018, votó el 85,65% del padrón).
Lo cierto es que, sumando los votos del No, en blanco y nulos, es claramente notorio la aparición de un segmento del electorado, de más del 13% (más de 1 millón de votantes), que se opuso a la política oficial. La abstención de un 10% también es probablemente, en su mayor parte, en oposición a la política oficial por lo que algunos autores como el historiador cubano radicado en EEUU Domingo Amuchástegui, amplían el arco total que se opuso al gobierno hasta los 2,5 millones de electores. Pero hay que aclarar que ese nivel de abstención está dentro de los porcentajes que se dan en cualquier proceso eleccionario.
Y en cuanto al 86,85% del Sí, también hay que señalar que la ofensiva en curso del gobierno imperialista de Trump contra Venezuela y Cuba, contribuye a “cerrar filas” en torno al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel. Incluso es probable que sectores liberales, pro capitalistas, hayan optado por apoyar esta Constitución que es mucho más liberal que la anterior y abre las puertas a mayores y más profundas reformas pro mercado.
Volviendo a quienes explícitamente se opusieron a la política oficial, ese 13% (o incluso más), aunque es minoritario, no es para nada marginal y seguramente es un llamado de atención para la burocracia del Partido Comunista en cuanto a los “sólidos niveles de cohesión”, como les gusta resaltar a algunas plumas oficialistas.
Este sector que hasta ahora no se había expresado políticamente es seguramente en su mayoría por derecha, es decir, un sector social que quiere una mayor apertura económica que la que se ha consagrado en la nueva constitución. Varios referentes de la derecha liberal (no directamente gusana) dentro y fuera de Cuba llamaron a no abstenerse y votar por el No, como la famosa bloguera Yoani Sánchez. Incluso realizaron una campaña importante a través de las redes sociales #YoVotoNo y denunciaron (correctamente en este punto específico) la imposibilidad de utilizar los medios de difusión (radios, tv y prensa gráfica) producto de la censura y el monopolio de la prensa que imponen el gobierno y el régimen de partido único.
Vale mencionar que el desarrollo de demandas pro capitalistas son producto de la propia política de la burocracia gobernante que sobre todo a partir de 2010 ha propiciado una importante estratificación social (ya fuerte desde el Período Especial de los años ’90) a base de mantener los salarios estatales de miseria, cientos de miles de despidos, impulso al cuentapropismo para absorber esa masa de desocupados y evitar un estallido social, la habilitación para contratar más de 5 empleados, para la compra-venta de autos e inmuebles, para prestar servicios a empresas mixtas, la proliferación de puntos de venta con precios en pesos convertibles, el aumento de la edad jubilatoria o la drástica reducción de la libreta de abastecimiento entre otras.
Este tipo de medidas, agravadas por una economía donde conviven dos monedas legales, el peso nacional con el que paga los sueldos el Estado y el convertible que vale 24 veces más, profundizaron la situación de pobreza de millones de trabajadores estatales a la vez que favorecieron a los sectores que tienen acceso a dólares o pesos convertibles. Entre los casi 580.000 trabajadores por cuenta propia (un 12% de la PEA) también se ha producido una marcada estratificación con una gran mayoría que intenta vivir de la venta al menudeo de comestibles o artesanías, sectores medios más o menos acomodados, y una pequeña minoría de medianos capitalistas que explotan trabajo ajeno y hacen importantes negocios.
Por otro lado, en el marco del régimen de partido único que ahoga cualquier iniciativa por fuera de la línea oficial, incluso si defienden las conquistas sociales y son antiimperialistas, las demandas democráticas cobran mayor relevancia. La ausencia de una corriente que levante las ideas de la democracia directa, soviética, es decir que emane de las masas trabajadoras autoorganizadas y autodeterminadas con plena libertad de prensa y organización para toda corriente y grupo que defienda la revolución, permite que muchos caigan en las falsas ideas de la democracia parlamentaria (que no es sino una máscara de la dictadura del capital) como la propuesta de elección por voto directo del Presidente que se repitió 11.000 veces durante el reciente proceso de consulta.
Pero en ese 13% que votó contra la nueva constitución, en blanco o anuló (e incluso un sector de quienes se abstuvieron), también hay sectores que la criticaron desde una óptica que podríamos llamar “semi-oficialista de izquierda” y están en contra de la eliminación de derechos y conquistas como por ejemplo el carácter “inalienable, imprescriptible e inembargable” de ciertos medios de producción. Con anterioridad a las últimas modificaciones que introdujo la Asamblea Nacional el 22 de diciembre, el sociólogo cubano Luis Emilio Aybar Toledo había calificado el proyecto como un claro retroceso y criticado que abría las puertas a la “privatización de la propiedad social”.
Estas críticas posiblemente expresan a sectores de la propia burocracia del Partido Comunista que, con el objetivo de preservar sus intereses y prebendas, prefieren frenar o enlentecer lo más posible las reformas aperturistas. Desde la crisis que disparó la enfermedad y salida del poder de Fidel Castro en 2006, se abrió una puja entre los sectores más conservadores y los más reformistas de la burocracia. Raúl Castro, al tiempo que impulsó una purga importante en las altas esferas del gobierno y del partido en favor del sector más reformista, zanjó la disputa con la orientación hecha pública en sus discursos de “cambiar todo lo que deba ser cambiado” y hacerlo “sin prisa pero sin pausa”.
¿Qué viene luego de la ratificación?
La expresión en el referéndum de este espectro nada despreciable de la sociedad que se opuso a la línea oficial se da en un período en el que se tienen que realizar cambios importantes en la estructura legal cubana. Además, siguen pendientes problemas gruesos en la economía como por ejemplo la convivencia entre las dos monedas que genera fuertes complicaciones en varios planos, sobre todo para los propios objetivos de la burocracia de atraer inversiones extranjeras, así como para sanear las cuentas de las empresas estatales.
Para que comience a regir la nueva Constitución debe ser publicada en la Gaceta Oficial, lo que se espera que suceda durante marzo. Incluso el gobierno, siempre muy afecto a lo simbólico, podría demorar la publicación hasta el 10 de abril para coincidir con el 150 aniversario de la Constitución de Guáimaro, la primera que tuvo el país allá por 1869 y que abolió totalmente la esclavitud en medio de la primera guerra de Independencia contra el Imperio español.
Tras su publicación, la Asamblea Nacional tiene que encarar un cronograma bastante agitado para adecuar varias leyes, en primer lugar la actual Ley Electoral, pero también otras que regulan el sistema judicial, la administración del Estado, la inversión extranjera, el trabajo privado, el Código de Familia, y hasta el uso del agua y el medio ambiente. Según informó el día del referéndum Inés María Chapman, vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros, “Hay más de 50 leyes que deben actualizarse, y dentro de ellas reglamentos y resoluciones porque también es muy importante cómo se van a implementar todos los conceptos que se definen en la nueva Constitución”.
A excepción del Código de Familia que a raíz del debate sobre matrimonio igualitario se estableció un plazo de 2 años y la realización de un referéndum para su aprobación, el resto de leyes no tiene fecha límite ni es necesario someterlas a consulta. No obstante, se da por hecho que deben reformarse en plazos similares.
La Ley Electoral será seguramente prioritaria ya que hay que implementar los cambios en el sistema político que, por ejemplo, elimina las Asambleas Provinciales e incorpora los cargos de Primer Ministro y Gobernadores.
Otras leyes como la de gestión de la propiedad, inversiones extranjeras, autonomía de los municipios o sobre el trabajo privado, serán clave para determinar el alcance y profundidad de las reformas pro mercado que se han incorporado a la Constitución. Como ya hemos planteado en otras notas, previsiblemente el nuevo marco regulatorio será muy favorable a los capitales extranjeros que quieran hacer negocios en Cuba, dará más espacio al desarrollo de la propiedad privada (capitalista) y adecuará las leyes laborales en el mismo sentido.
Para darse una idea, están a la vista los antecedentes más recientes. La Ley de Inversiones Extranjeras modificada en 2014, amplía su entrada a toda la economía (solo se resguarda la salud, educación y empresas de las FAR), permite que sean 100% extranjeras (art. 16), les garantiza que no serán expropiadas (art. 4), les otorga excepción de impuestos por 8 años (art. 36) y que puedan transferir libremente sus ganancias al exterior (art. 9). El Código de Trabajo reformado el mismo año, introdujo el empleo privado con cláusulas de flexibilización laboral como 44 horas semanales, remuneración no menor al salario mínimo en proporción al tiempo real de trabajo, 1 día de descanso semanal y 7 de vacaciones anuales (art. 74).
En este marco, algunas de las leyes que se reformarán en el próximo período podrían someterse a referéndum y/o los procesos de consulta controlados que se han realizado en varias oportunidades, para legitimarlas ante la población. Un período en el que la cúpula de la burocracia intentará extender y profundizar las reformas pro mercado y degradar aún más lo que queda de la economía nacionalizada y otras conquistas sociales. El grado de avance dependerá del nivel de resistencia del pueblo trabajador, así como también de la situación de las relaciones con el imperialismo y la lucha de clases internacional.
Diego Dalai
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