Este lunes el gobierno giró al Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político y destitución contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por su exposición de la semana pasada en el Congreso. Lo hizo a través de una carta del ministro de Justicia, Germán Garavano, dirigida al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques. El gobierno acusa a Ramos Padilla de haber realizado “diversas afirmaciones vinculadas a esa investigación en curso, lo que evidencia una manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar”. Ramos Padilla volverá a exponer el próximo jueves ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
El testimonio de Ramos Padilla puso de manifiesto de manera contundente la existencia de un sistema de delaciones que involucra a jueces, fiscales, servicios secretos – nacionales y extranjeros –, operadores mediáticos y legisladores. En particular, refirió al vínculo de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, con el mundo del espionaje. Podemos citar al respecto que Carrió denunció que la acusación contra el fiscal de los cuadernos, Carlos Stornelli, era una operación de los ex funcionarios kirchneristas fraguada desde la prisión. A modo de prueba, “Lilita” esgrimió las transcripciones de supuestas conversaciones telefónicas mantenidas entre los detenidos que dijo haber recibido de manos anónimas.
Ramos Padilla expuso al poder judicial como un órgano conspirativo. El falso abogado fue un engranaje fundamental en la maniobra que les permitió al tándem Stornelli-Bonadio retener la causa de las fotocopias sin pasar por sorteo. “La causa Gas Natural Licuado (GNL) fue el antecedente principal para que el expediente originado en los ´cuadernos´ del ex chofer Oscar Centeno fuese instruido por el tándem compuesto por Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli” (Ámbito, 12/3). D´Alessio se habría presentado de manera “espontánea” en dos oportunidades frente al fiscal, aportando pruebas en la causa del gas licuado que dijo haber recibido también – como Carrió – de manos anónimas. A pesar de que los medios afines al gobierno minimizan o relativizan su alcance, lo cierto es que el impacto político y judicial de la investigación de Ramos Padilla es enorme. “La Procuración General comenzó un silencioso derrotero de consultas informales a fiscales federales para sondear su interés en ocupar el lugar de Stornelli en la causa ´cuadernos´ (…). La preocupación llegó después del listado de imputaciones que formuló el juez Alejo Ramos Padilla y le comunicó a Eduardo Casal. Un eventual apartamiento preventivo como método de contención de daños comenzó a ser evaluado de manera muy sutil para evitar que la causa principal quede salpicada”. La fractura en el Poder Judicial salpicó incluso al bloque de consejeros del oficialismo, donde no reuniría los votos para avanzar contra Ramo Padilla.
A nadie escapa, sin embargo, que la finalidad de la intervención de Ramos Padilla nace de una operación para sacar de la “causa de los cuadernos” a una parte de los empresarios involucrados. Pero el gobierno también está actuando en ese sentido, al mostrarse con Paolo Rocca en Vaca Muerta, convalidando los aumentos del boleto de subte en provecho de Aldo Roggio y presentando a los empresarios como “víctimas” en vez de beneficiarios de la cartelización de la obra pública. La operación de destitución, en definitiva, apunta a preservar para el macrismo la potestad de rescatar a los capitalistas.
Los capitalistas en el banquillo deben responder con su patrimonio por haberse beneficiado con el régimen corrupto que perpetuaron todos los bloques políticos que gobernaron el país. A las manipulaciones judiciales oponemos la elección de jueces y fiscales revocables por el voto popular, la disolución de la AFI y la publicidad de todos los “acuerdos de colaboración” con agencias y servicios extranjeros.
Jacyn
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