Este martes, con Nicolás del Caño participamos en la Cámara de Diputados de la reunión de Comisión de Libertad de Expresión donde expuso el juez Alejo Ramos Padilla alrededor de la causa que involucra al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D’Alessio. Un famoso tango dice “qué me van a hablar de amor”. Parafraseándolo, ahora podríamos decir: “¿Me van a decir ahora que hay espionaje ilegal?”.
Este martes, con Nicolás del Caño participamos en la Cámara de Diputados de la reunión de Comisión de Libertad de Expresión donde expuso el juez Alejo Ramos Padilla alrededor de la causa que involucra al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D’Alessio. Este último, a su vez, en su declaración implicó a más personas y Estados, dijo que estas operaciones ilícitas las hacía en común con integrantes de la AFI como los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y también para agencias de inteligencia y/o seguridad de Estados Unidos.
Un famoso tango dice “qué me van a hablar de amor”. Parafraseándolo, ahora podríamos decir: “¿Qué me van a decir ahora que hay espionaje ilegal?”. Nosotros hemos denunciado reiterada y obstinadamente que existe un sistema de espionaje que se maneja en los claroscuros de la ley de inteligencia, a veces directamente desde la oscuridad, desde los sótanos del sistema.
Aun así, todo el mecanismo puesto en exposición, en boca de un juez, expresado con las palabras precisas, sin eufemismos, poniendo nombre al “espionaje ilegal”, a las “operaciones psicológicas sobre la población”, la “extracción de personas”, donde se combinaban acciones políticas con extorsión económica, impacta y da hasta escalofríos por su similitud con prácticas comunes en la dictadura.
Las escuchas (y según el juez recién se conoce una quinta parte de la prueba colectada) demuestran los medios técnicos, pero también políticos con que contaban para realizar esas operaciones que muchas veces involucraban a ciertos medios de comunicación: se llevaba a una persona a hacer declaraciones en tal medio, eso era “visto” por un juez o fiscal proactivo que rápidamente citaba a esa persona a declarar y armaba una causa. Algunas veces, como se dio a conocer en la audiencia de Diputados, parece que eso podía incluir hasta el secuestro de un familiar de la persona declarante para que se vaya “ablandando”.
Que en la causa estén comprometidos desde fiscales federales todoterreno como Storneli, un hombre amplio en alianzas políticas, hasta denunciadoras seriales como las diputadas de Cambiemos Elisa Carrió y Paula Oliveto, a quienes D’Alessio aparentemente les proporcionaba información, pone más espectacularidad al asunto. ¿Por qué el fiscal decide no declarar cuando él mismo llama a indagatoria cada día a decenas de personas? ¿Se imaginan las consecuencias para cualquier ciudadano común que diga “no voy a entregar mi celular” o “no voy a ir si no cambian el juez”, como está haciendo Stornelli? ¿Por qué las diputadas hacen chistes con pijamas sabiéndose impunes? ¿Qué poder supremo las protege? ¿Por qué Patricia Bullrich no explica sus relaciones con D’Alessio?
El caso Nisman, una pieza de un rompecabezas mayor, que es la causa sobre el atentado a la AMIA, actuó como un adelanto, como la punta de un iceberg que no terminaba de emerger. Allí se vieron las relaciones de los servicios de inteligencia extranjeros con los servicios locales, así como la promiscuidad en las relaciones de los integrantes de los distintos poderes del Estado. Claro que la duda sobre cómo murió terminó desdibujando todo este trasfondo, pero no por eso dejó de mostrar la colonización de la política de inteligencia por la CIA o la existencia de una “formalidad de justicia”, cuando en realidad las decisiones se toman en otro lado y lejos de los expedientes. Todo eso mostró lo acertado del reclamo que por años mantuvieron los familiares agrupados en Apemia en torno a la causa AMIA: una comisión investigadora independiente.
En casos más relacionados con la protesta social también lo vimos, como cuando denunciamos el Proyecto X de la Gendarmería en noviembre de 2011 -que terminó transformándose en un gran escándalo nacional- y demostramos que la GNA, con más o menos anuencia de jueces federales, armaba informes de inteligencia sobre todo aquel que se movilizara u organizara por algún motivo. Esto involucraba desde nuestros representados, obreros y obreras de las multinacionales Kraft Terrabusi, Pepsico y otras, hasta madres de Plaza de Mayo que apoyaban las luchas o el padre Pepe por su labor barrial. Todos prolijamente encarpetados. Esos informes se blanqueaban según las necesidades político-jurídicas del momento.
Hoy las derivaciones de caso son imprevisibles. La “causa de los cuadernos” ha quedado herida: la prueba fue colectada, al menos en parte, con métodos ilegales. El entramado de corrupción que ni los propios funcionarios K niegan, bien, gracias… Quedará para mejor oportunidad saber cuál es el alcance de todo eso. De más está aclarar que nos opusimos a la ley del arrepentido precisamente porque se prestaba para estos manejos turbios.
Desde el PTS/Frente de Izquierda venimos insistiendo en la necesidad de plantear la elección de jueces y fiscales por voto popular y establecer el juicio por jurados. Es evidente que la Justicia federal solo investiga al Gobierno que se fue y se alía al poder de turno, y si es necesario ayuda a allanar el camino para las empresas extranjeras, como pasó en Brasil con el Lava Jato, llegando hasta a proscribir candidatos, como pasó con Lula. La intervención y la mirada popular sobre esas causas seguramente echaría bastante más luz sobre la corrupción capitalista. En la democracia burguesa, como dice Miguel Bonasso en su libro Lo que no dije en recuerdos de la muerte, existe "lo que el cientista italiano Norberto Bobbio llama el ’criptoestado’, el Estado que está en las sombras”.
Las derivaciones de este escándalo son imprevisibles: años de colonización de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros sobre la Justicia federal, años de jueces designados por diferentes componendas entre los partidos mayoritarios, han llevado a la Justicia a un sistema basado en el “toma y daca”, en el pago de favores, alejado hasta formalmente de cualquier búsqueda de verdad. La casta judicial está llena de privilegios que le otorga este sistema, por eso hasta llega a sancionar a un abogado porque no se para cuando entran los jueces a la sala o por decirles que tienen privilegios, como si estuviésemos verdaderamente en el medioevo.
Siempre me gusta recordar el testimonio de Víctor Basterra, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, quien en su declaración del 30 de abril de 2010 señaló: "Estuve en la ESMA en calidad de detenido desaparecido hasta el 3 de diciembre de 1983. En esas circunstancias un sujeto llamado ’Binotti’ me dice: "Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagás el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda".
Una vez más esta causa pone al desnudo eso mismo: los Gobiernos pasan, los servicios orgánicos o inorgánicos quedan, y más allá de alguna crisis pasajera, el entramado de espías, métodos de espionaje y persecución política está en permanente alianza con los Gobiernos capitalistas, que lo usan cada uno para sus propios objetivos. En estos escándalos de la Justicia federal se manifiesta el carácter más bochornoso de todo un sistema judicial que de conjunto está constituido para proteger el poder de las clases dominantes. Qué me van a hablar de amor…
Myriam Bregman
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