Acerca de cómo con el manejo discrecional de fondos y recursos, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura activan o paralizan investigaciones judiciales.
Los reclamos por varios días del juez federal de Dolores a la Corte Suprema para que le sean habilitados los recursos necesarios para peritajes y poder sostener y profundizar la investigación que está revelando el entramado de servicios, fiscales, jueces, CIA, embajada, periodistas y diputados, muestran que no puede llevarse a cabo semejante investigación así nomás, sin los medios técnicos y humanos. Sin recursos y fondos, las causas se hunden, se dilatan.
El patético argumento expuesto por el Servicio Penitenciario Federal de que no trasladan a imputados porque no tienen nafta para los móviles, da cuenta de cómo alevosamente una causa puede ser peloteada y paralizada. Esto es un eslabón más de una larga cadena de ataduras intrínsecas al funcionamiento de este Poder Judicial que, por definición y de conjunto, está armado para que no sea "independiente".
¿Puede entonces un juez investigar libremente lo que quiera y avanzar contra poderosos intereses bajo este sistema? ¿Es verdad que solo falta “buena voluntad” o, en cambio, que las causas poseen un sistema de supervisión y control, más allá de las apelaciones formales a instancias superiores?
Nada se escapa ni se deja librado al azar. Y si hay algo que se ha perfeccionado durante los años es el control del sistema judicial; ahora con Angelici, antes con Stiuso y sus amigos.
La gran familia judicial no es una metáfora del funcionamiento hipercorporativo. Solo unos pocos -que se cuentan con los dedos de la mano- no son familiares de otros jueces y fiscales que ayudaron a su arribo a tribunales. Además, hay familias... y familias.
El funcionamiento de “familia”, en el sentido más mafioso que la cinematografía le ha dado al término -que hace que nada se escape de la telaraña de la corporación-, se complementa con un sistema de controles y manejo discrecional del dinero que hacen que se pueda paralizar absolutamente cualquier causa, o darle impulso a otras más convenientes para el poder de turno.
Los gastos reservados
Comencemos por la caja chica. El gobierno de Mauricio Macri y sus aliados en la Ciudad, han tenido un asombroso ímpetu legislativo por blanquear que buscan rodearse de servicios, espías y buchones de todo tipo y a todo fín. A la funesta “Ley del Arrepentido” -que el Frente de Izquierda no votó por ser un antiguo mandato de la Embajada para sus propios intereses- se suman otras como el cuerpo de buchones a sueldo que se votó en la CABA donde por delegación de competencias, cada vez más su Justicia y su Policía adquieren más poderes de regular la protesta social y la política en general.
Al asumir su mandato, Macri firmó el decreto 656/16 (que deroga gran parte de la normativa reglamentaria de la Ley 27.126 de Inteligencia). Es responsable, por tanto, de lo que ocurre con D’Alessio porque esos gastos reservados alimentan esos “inorgánicos” y esas operaciones financiadas con dinero del Estado.
Este presidente que llegó hablando de independencia del Poder Judicial y luego nombró jueces por decreto, utilizó la facultad monárquica del decreto presidencial para dictaminar que los gastos de la AFI (nombre de la ex SIDE) sean nuevamente reservados. En el artículo 4° ese decreto estipula el secreto sobre organización y funcionamiento del organismo, volviendo sobre la denominada “disciplina del secreto”. El argumento para justificarlo fue el de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. Risueño.
El decreto también deroga el aspecto que limitaba la producción de Inteligencia únicamente respecto a problemáticas criminales o defensivo-militares relevantes, así como que toda orden de “producir inteligencia” debía ser aprobada por el Director General a través de una directiva especial.
Al descalabro ya existente -que poco cumplía con la normativa por entonces vigente-, le sumó ese enorme gesto: no tienen que dar cuenta de nada. ¿Y para qué es esa reserva sino para implementar un sistema de D’Alessios que puedan actuar en los bordes del sistema impunemente? ¿Cómo pueden justificar la reserva? Macri, entonces, es responsable directo de lo que ocurre. No puede mirar para otro lado.
Es imperioso exigir que dé a conocer toda esa información, en qué se fueron esos millones y que se haga pública la nómina de “inorgánicos” sostenidos con estos fondos reservados.
Cómo paralizar una causa con la billetera
Las trabas para avanzar en las pericias que denunció el juez federal de Dolores son de larga data y conocidas por todos aquellos que pateamos tribunales.
En El libro negro de la justicia, el periodista "Tato" Young cuenta que por allí se encuentran los motivos del recelo entre la poderosa jueza María Romilda Servini de Cubría y el cortesano Ricardo Lorenzetti. Éste se habría metido con su hijo, Juan Carlos Cubría, a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura. “El hijo de María tenía un cargo muy importante en la logística del Poder Judicial y llevaba un largo período de conflicto con la Corte”, relata Young. “Juan Carlos se convertiría en el Administrador General del Consejo de la Magistratura, un cargo que lo hacía responsable del movimiento de una de las cajas más portentosas de la administración pública: mil seiscientos millones de pesos al mes, unos cien millones de dólares. Fue obra por supuesto, del Tano Angelici”, agrega.
Y remata señalando que “…es el que maneja toda la plata de la Justicia (…) Por eso quién controla el Consejo puede jactarse de controlar buena parte de la Justicia”.
En el caso Américo Balbuena –espía de un cuerpo especial para realizar espionaje político que tiene la Policía Federal- nuestra querella se vio paralizada por años porque el Consejo de la Magistratura de la Nación no enviaba los fondos para adquirir los materiales necesarios para hacer un peritaje de las computadoras que usó el espía. La causa se congeló.
Y estas demoras, no son algo menor, lo alertamos desde ahora. No solo se retrasa el conocimiento de lo que dicen los equipos secuestrados, que mientras tanto deben ser preservados hasta que se cuente con los fondos suficientes.
Este ejemplo vale por miles: en diciembre 2007, horas antes de que diga sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal N°5, el genocida integrante de la patota de la ESMA, Prefecto Héctor Febrés, fue encontrado muerto en su celda. Quisieron enterrarlo rapidito, pero los querellantes logramos pararlo y que se realice una autopsia, en la que pudimos determinar que murió porque le dieron cianuro.
En su celda se encontró su computadora personal; se la envió a resguardo de la Policía Federal. Tiempo después, cuando se la quiso peritar descubrimos que el disco rígido fue borrado. Con mucho esfuerzo logramos hacer las pericias en Francia, con tecnología muy avanzada para el momento. Allí, para nuestra sorpresa, se determinó que el borrado había sido realizado por personas muy expertas, que era imposible recuperar la información y que la fecha en que se realizó esa operación coincide con aquella en que el equipo estuvo a “resguardo” de la Federal.
Era mucho lo que esperábamos encontrar en esa computadora. Febrés, alias “Gordo Selva”, era el que entregaba a los apropiadores los bebés que nacían en cautiverio en la ESMA, era el responsable de la “sala de las embarazadas”.
Hoy nuevamente, el tiempo que están demorando las pericias es tiempo ganado para la impunidad. Tal vez, en el entremés, esperan sacarle la causa al juez o alguna otra creativa maniobra.
El Consejo de la Magistratura es un organismo costoso e inútil que, para lo único que ha demostrado eficacia, es para perseguir a los que caen en desgracia o para proteger aliados llegado el caso. La Corte Suprema a su vez, tiene el manejo de peritos y sus gastos. Nuevamente, ellos manejan los tiempos, qué avanza y qué se paraliza.
La billetera es un arma central con la que se define la dinámica de los expedientes. Acá no hay transparencia, agilidad, accesibilidad ni ninguna de las huecas frases que sirven solo para demostrar lo contrario: oscuridad, trabas y secretos para sostener y proteger a los poderosos. Al fin y al cabo, este es su sistema; o lo cambiamos de raíz o los mecanismos se reproducen.
Bullrich, D’Alessio, Bonadío y el G20
Durante la cumbre del G20, el falso abogado estuvo presente en el Ministerio de Seguridad. Ese día se montó una operaciones con detenciones que resultaron completamente infundadas.
Myriam Bregman
Diputada porteña PTS/FIT | CeProDH | @myriambregman
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