El modelo que Kicillof elogia
Los transportistas portugueses han lanzado una huelga indefinida –votada en una masiva asamblea- por mejoras salariales y una reducción de sus extensas jornadas laborales. Actualmente, se trabaja 60 horas semanales, con jornadas ininterrumpidas de hasta 48 horas, por un salario equivalente a 782 dólares, que muy lejos está de alcanzar la canasta básica familiar, ubicada en 900 dólares. Esta condición obliga a los transportistas a trabajar en sus jornadas de descanso, es decir de lunes a lunes, y con trayectos más largos que reciben una pequeña bonificación "plus" que no contempla los viáticos, gasto que pasó al bolsillo de los transportistas en 2018.
Frente a la huelga, el Tribunal Administrativo de Lisboa y la Procuraduría General del Estado anunciaron una intervención militar si no se garantizaban los "servicios mínimos" que el gobierno habría "acordado" con los sindicatos. El gobierno centroizquierdista de António Costa –que de “socialista” sólo tiene el nombre- ya ha movilizado militares y agentes de seguridad para quebrar la huelga. "Permite" el paro siempre y cuando los trabajadores garanticen el 100% del abastecimiento de combustible a colectivos, barcos y aviones. Si los trabajadores no cumplen con ello, serán obligados judicialmente con una “requisición civil” a volver a sus puestos de trabajo, con lo que virtualmente se cancela el derecho a huelga, ya que sería absurdo pensar en una huelga nacional que no afecta en absoluto los servicios ni cesa las actividades.
Por otro lado, el gobierno montó una maniobra para deslegitimar la lucha y poner a los transportistas en contra del resto de los trabajadores, ya que los medios de comunicación funcionales al gobierno se encargaron de instalar la idea de que Portugal atraviesa una verdadera “emergencia energética”, debido a que en pocas horas se vieron afectadas estaciones de servicio, aeropuertos y puertos. Pero el gobierno esconde que las reservas energéticas podrían sustentar al país durante tres meses sin recortes.
Sindicatos de la aviación, estibadores, automotrices y metro expresaron su apoyo a los transportistas y planifican acciones de conjunto según indican en su comunicado oficial: “Expresamos nuestra solidaridad con la lucha [...] sabiendo que o bien elaboramos un calendario de acciones unificadas [...] o bien difícilmente estaremos en condiciones de derrotar una vez más este brutal ataque a los derechos de los trabajadores”.
Hace pocos meses, Axel Kicillof elogió el "milagro portugués". Los K presentan la experiencia portuguesa como un ejemplo de supuesta normalización económica sin afectar a los trabajadores. Sin embargo, si observamos de cerca la realidad portuguesa, veremos rápidamente que poco tiene de esperanzador renegociar la deuda con el FMI. Es que en Portugal reina la precarización laboral y el achique brutal del gasto público para poder pagar la deuda a costa de los trabajadores.
Esas políticas de ajuste desataron en los últimos meses grandes huelgas entre docentes, enfermeros, aviadores, etc, que el gobierno judicializó y amedrentó.
Lo que se pone de manifiesto, una vez más, es que un país sujeto al tutelaje del FMI, sólo puede ofrecerle al pueblo trabajador precarización laboral y ajustes leoninos en todos los rubros, con ataques directos al derecho a huelga y la criminalización de la protesta. El caso es de particular importancia para la Argentina porque desmiente a uno de los modelos del futuro gobierno.
Álvaro Chust
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