Convocan un paro general contra un proyecto contaminante de la Southern Copper
El sur de Perú vive un proceso de movilizaciones contra la multinacional extractivista Southern Copper (del Grupo México), que hace más de 10 años intenta llevar a cabo un megaproyecto minero a cielo abierto que atenta contra las condiciones de vida en el Valle del Tambo, provincia de Islay en el sur del país. Este lunes, decenas de organizaciones sindicales empezaron una huelga general indefinida hasta que se dé marcha atrás con el proyecto.
¿En qué consiste el megaproyecto?
El megaproyecto se basa en la extracción a cielo abierto de 12 mil toneladas diarias de cobre hasta el 2021. Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minería, intenta ocultar burdamente que esto no traerá ningún tipo de consecuencia para la región, asegurando que "no afectará tampoco las actividades económicas". Esto es falso por tres simples cuestiones. En primer lugar, desde 2011 están en disputa los canales subterráneos de agua potable (necesita 235 litros/segundo), ya que las actividades mineras utilizan miles de litros de agua para extraer los minerales y para limpiar la zona de trabajo. Su utilización produciría un rápido envenenamiento, afectando el abastecimiento de cientos de familias. La población del Valle del Tambo necesita del agua del río Tambo y de sus canales para realizar sus actividades. El flujo de agua en el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo muestra una tendencia de decrecimiento de 3m3/s, que estaría influenciado por el Proyecto Pasto Grande. En tanto, dicho río tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, cloruros, aluminio, arsénico y plomo en periodos de estiaje, por lo que deviene en agua de mala calidad para el consumo humano y para la agricultura. Ahora, con el nuevo proyecto, Southern asegura que no tocará esos canales, sino que usará el agua de mar. El impacto no caerá sobre las familias, pero sí sobre su entorno, ya que el envenenamiento es ineludible, lo que significa que, tarde o temprano, también dañará sus condiciones de vida, sumado a que dañará de manera irrecuperable la flora y la fauna del mar y sus orillas. En segundo lugar, la superexplotación del suelo dañará la fertilidad del mismo, arruinando a pequeños agricultores de la región, ya que el agotamiento del suelo requiere de muchísimo tiempo para recuperarse. Y, en tercer lugar, el tránsito permanente de ácido sulfúrico -que se utiliza en la extracción del cobre- perjudicará la salud de los habitantes, que estarán diariamente expuestos al ácido, ya que la actividad minera se practicará a pocos kilómetros de las zonas habitadas.
Ninguno de estos atropellos es novedad en los proyectos de Southern. Hace más de diez años que la empresa viene intentando colocarse en Arequipa. En 2009, hubo una consulta popular donde la mayoría rechazó al proyecto Tía María. La represión policial contra las jornadas de lucha de 2011 y 2015 dejó un saldo en promedio de siete muertos y decenas de heridos. Las elecciones municipales, provincial y distritales colocaron a alcaldes “antimineros”.
Perú es el segundo exportador de cobre después de Chile. La minería aporta el 20% de ingresos fiscales, 15% del PBI y 60% de las exportaciones. El saqueo y la entrega es total, ya que la multinacional se valerá de los recursos naturales del país para acrecentar sus negociados privados.
Los trabajadores se organizan
Los trabajadores mineros y los pobladores de Arequipa en general no tardaron en volver a salir a las calles y denunciar el colosal daño ambiental que esto generaría. Para concientizar a la sociedad y evitar que se implemente, desde hace dos meses vienen convocando a piquetes en rutas, movilizaciones de cientos hacia el centro de Arequipa y, resistiendo la represión policial, ya hubo un paro de 17 días consecutivos en el valle del Tambo (epicentro del conflicto, que está a dos horas de la capital regional). Ante este descontento, el presidente Martín Vizcarra se reunía el lunes 5 de agosto con el intendente provincial de Arequipa, Omar Candia -perteneciente a Arequipa Renace, un partido provincial- para ver una salida al conflicto social ¡con la licencia de construcción ya aprobada por el Ministerio! La aprobación es ilegítima, ya que Southern precisa de una "licencia social" que también lo apruebe. Vizcarra aceleró los trámites y concedió la licencia de construcción porque supuestamente las 138 observaciones medioambientales al proyecto realizadas por la UNOPS (Oficina de Nacional Unidos de Servicios de Proyectos), fueron absolutorias, cuestión que ha sido cuestionada por varios especialistas como el ex viceministro de medio ambiente José de Echave.
El Comando de Lucha Popular por la Defensa del Valle de Tambo convocó una huelga general que comenzó hoy, con adhesiones de trabajadores de docentes (apoyados por el populista gobernador Elmer Llica que ha ordenado que no haya clases hasta que se levante la huelga), asociaciones de vivienda, colectivos, estudiantes, y comerciantes, hasta la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María y La Tapada.
Para el 10 de septiembre está convocada una huelga general indefinida de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), contra la precarización laboral en que viven un promedio de 200 mil obreros.
La huelga se da en medio del anuncio del Ejecutivo de adelantar las elecciones para el 2020, que opera como una estrategia populista y distractiva, mientras avanza con la contrarreforma laboral e intenta aislar la lucha contra Tía María.
La protesta contra Tía María ha desarrollado un efecto contagio en todo el sur del país reactivando otros conflictos minero ambientales. Esto explica por qué el gobierno enfrenta el conflicto con pies de plomo y con el garrote al enviar las fuerzas militares con el pretexto de asegurar el funcionamiento del importante puerto de Matarani que también se ubica en la zona de conflicto.
Los próximos días serán decisivos. Si el gobierno de Vizcarra reprime y hay muertos, el gobierno se debilitaría y el Congreso podría utilizar eso para pedir su vacancia. Sin embargo, a la vez, puede tener el apoyo de la CONFIEP (confederación patronal empresaria) y avanzar con su mandato.
Apoyamos la lucha del pueblo peruano contra la depredación ambiental de la Southern.
Una alianza de la clase obrera con los agricultores bajo la consigna de nacionalización de las minas bajo control de lxs trabajadorxs es importante como salida a la crisis política nacional. De lo contrario, las grandes empresas mineras seguirán explotando con grandes beneficios tributarios ($5 000 millones en devolución de impuestos entre 2012 al 2017 según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributación –SUNAT-), sin pagar impuesto a las sobreganancias.
Álvaro Chust
Agradecemos el aporte de los compañeros del grupo Pedro Vilcapaza de Perú para la elaboración de este artículo.
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