sábado, septiembre 24, 2022

Vialidad: del ´diálogo´ a la guerra


El alegato de Cristina Kirchner no innovó demasiado sobre el argumento central de su abogado defensor.

 Las responsabilidades sobre la adjudicación de la obra pública de su gobierno, dijo, no podrían ser endilgadas a la Presidencia. La modificación de partidas del Presupuesto, aseguró, es un atributo del Jefe de Gabinete. Con esto se sacó de encima la denuncia de una “asociación ilícita”. No aclaró, sin embargo, que, en el caso de la obra pública, la iniciativa de los cambios parte del ministerio respectivo, en este caso de Julio De Vido, imputado, como ella, en la causa Vialidad. De acuerdo al relato cristinista los fraudes en la obra pública serían imposibles u obedecerían a decisiones que se toman en niveles inferiores. Esto lo veremos cuando se habilite la causa Cuadernos. 
 Un reciente informe que recoge datos de la Auditoría de la Nación señaló las irregularidades ´regulares´ de estas adjudicaciones en el conjunto de las provincias, gobernadas por todos los lados de la grieta. CFK señaló como “ridículo” que se presente a las tres presidencias kirchneristas como una continuada “asociación ilícita”. Lo que sería ridículo, sin embargo, es que una administración que elevó a Lázaro Báez a la condición de mayor estanciero de la Patagonia y un adicto al lavado de dinero, interrumpiera su ´modus operandi´ por el solo paso del tiempo. Lo mismo vale para la diplomacia de valijas con Venezuela. Las relaciones comerciales con Báez, como las calificó el abogado defensor, no dejan de ser un hecho inusitado con un gestor de obra pública financiada por el Estado. Luciani, el fiscal, y Giménez Uriburu, su juez amigo en esta causa, que practican el fútbol en instalaciones de Macri, tienen tela para cortar en la prosecución de esta causa.

 Destituciones y destituyentes

 Cristina introdujo novedosos argumentos políticos, en cambio, para denunciar lo que llamó ´derecho penal de autor´. Así, dedicó una larga parrafada a comparar su situación con la de De la Rúa, a quien la Justicia sobreseyó por los crímenes de diciembre de 2001 en el microcentro. Con e l argumento de que no había podido demostrar que él hubiera ordenado la represión. Irónicamente, CFK se preguntó si De la Rúa “no escuchaba los disparos en la Plaza de Mayo”. CFK, enseguida atribuyó a “su condición peronista” el diferente tratamiento recibido por ella y por De la Rúa. CFK deslizó aquí otra impostura – “los peronistas nunca reprimimos”. Esta versión de la historia se la copió a Verbitsky, un precoz partícipe del golpe que derrocó a Illia, que se adelantó en este fraude político hace una semana.. La vice y su consejero se olvidan de la Triple A y del aniquilamiento de la subversión, y de la declaración de área militar a Villa Constitución durante la gran huelga de 1974. Más cerca en el tiempo y de su persona, la vice cajonea la represión de su marido contra la Asamblea Popular de Río Gallegos. En cuanto a peronistas que no reprimen le perdona la vida a Duhalde y a Aníbal Fernández en la labor de espionaje y represión que acabo con la vida de Kosteki y Santillán, o en la zona liberada que el mismo Hannibal habilitó al peronista Pedraza para matar a nuestro compañero Mariano Ferreyra. La vice, en este caso, se olvidó de la Plaza de Mayo cercada por orden de su ministro Anibal Fernández, del Proyecto X o de los aterrizajes de Sergio Berni en la Panamericana de los piquetes. También dejó de lado a la tercerización de la represión, para golpear al movimiento obrero que rompía el cerco de la burocracia sindical. Esas patotas actuaron en el hospital Francés; en Santa Cruz contra docentes en huelga. Cuando fueron contratadas por los burócratas, gozaron de la zona liberada de la policía y el Estado. En el caso de Pedraza procuró proteger a otra ´patria contratista´ – la que opera los ferrocarriles y se nutre del presupuesto de la secretaria de Transporte y del ministerio de Obras Públicas, y del Jefe de Gabinete de turno. 

 Advertencia 

El alegato de Cristina, en definitiva fue una advertencia al conjunto del régimen, en sus diferentes bandos o grietas: llamó a no estirar la cuerda de los procesamientos, so pena de precipitar la desintegración de una autoridad estatal que ya se encuentra visceralmente golpeada por la bancarrota económica y la crisis social. Llamativamente, se lamentó de la inocuidad de la figura del jefe de gabinete como amortiguador de las responsabilidades presidenciales en las grandes crisis. En un exabrupto, la vice calificó como un fracaso a la constitución de 1994 y reivindicó “la de Alberdi”. Dejó en el tintero que apoyó esa reforma y el pacto con Menem que la precedió. Los K fueron los artífices y mayores beneficiarios de las privatizaciones de Menem, que les redituó una gran recaudación por la venta de YPF, con destino incierto. 
 Cristina Fernández atribuyó a los alegatos de Luciani el atentado en su contra. Describió como responsable del atentado al linchamiento social que han emprendido los medios hegemónicos, por medio de treinta toneladas de papel. Ha establecido su plataforma electoral. Ella misma, sin embargo, denuncia el ´descuido´ de su custodia y otras irregularidades de la Federal en la investigación del atentado, y lanzó sospechas sobre el abogado defensor que el detenido Carrizo, el jefe de los copitos, nunca podría solventar. 
 Estamos ante una declaración de guerra a la guerra de la que se considera víctima. Es el escenario que ha montado para su campaña electoral, si antes la devaluación no arrasa con todos los escenarios que montan unos y otros, en un marco de crisis política terminal.

 Marcelo Ramal 
 23/09/2022

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