Perú: un paro obrero patronal y movilizaciones indígenas y estudiantiles contra la criminalidad estatal

Una nueva huelga general nacional convocada por un conjunto de sindicatos obreros y cámaras empresariales, de pequeñas y medianas empresas, tuvo lugar el pasado 14 de mayo en Perú. El acatamiento fue desigual. En Lima, la medida fue boicoteada por la burocracia sindical, mientras Cuzco estuvo paralizada. En todo el interior del país, pero principalmente en las zonas mineras, donde la conmoción popular por los secuestros, asesinatos y extorsiones cotidianas de bandas criminales entrelazadas con la policía han colmado la paciencia popular, la huelga también fue importante. Hubo piquetes en las rutas, protagonizados por comunidades indígenas y estudiantes universitarios, que sufrieron una feroz represión policial. Como resultado inicial del impacto de la huelga, renunció el Primer Ministro, Gustavo Adrianzén. La impopularidad de la presidenta Dina Boluarte se ubica en el 97 %, según los encuestadores. Su gobierno se encuentra sumamente cuestionado. 

 A lo largo de 2024, hubo otras siete convocatorias similares. La principal preocupación es el avance de las bandas criminales, tanto en las zonas mineras como en las ciudades, con epicentro en Lima, que cuesta vidas a diario. La bronca popular se combina con una militarización de varias zonas del país, lo que lleva a los trabajadores a suponer una complicidad entre el aparato represivo y las bandas. Una reciente matanza de 13 trabajadores de seguridad en una mina encrespó los ánimos, al descubrirse la inacción policial, el desinterés manifiesto de la patronal por pagar el rescate que costó la vida de sus trabajadores y el desentendimiento de todos los poderes del Estado que deben atender al reclamo de seguridad.

 Las bandas criminales, ligadas mayoritariamente a la minería ilegal, han proliferado al calor del alza del precio del oro a nivel internacional y la caída de empleos formales. Otras consecuencias son la destrucción ambiental que afecta zonas campesinas. 

El reclamo por las condiciones de trabajo y los salarios se encuentra presente, pero en un lugar secundario. La dirección del movimiento la hegemonizan las cámaras ‘PyMEs´, quienes centran todos sus reclamos en la necesidad de imponer mano dura contra la delincuencia. En las zonas campesinas, donde las familias se ven empujadas al trabajo ilegal en las minas, en cambio, el reclamo por la seguridad es acompañado de una denuncia a la complicidad estatal y el encubrimiento policial. Allí, el hartazgo con el gobierno es manifiesto Por su parte, en las ciudades, los trabajadores urbanos del transporte han encabezado los reclamos desde el movimiento obrero, sumando a su riesgo de salir a trabajar los bajos salarios. 

 La misma burguesía que propició el golpe de Estado perpetrado en 2022 contra el expresidente Pedro Castillo ahora considera inconsistente al gobierno de Dina Boluarte. El país además atraviesa una crisis de deuda, el riesgo país se ha ido elevando y ha dificultado la obtención de financiamiento externo. La minería es la principal fuente de divisas del país; Perú es la mayor productora de cobre del mundo y el país que lidera la producción de oro en América Latina. 

 Perú atraviesa una crisis de régimen político muy profunda, que ha empujado las tensiones sociales a una guerra civil larvada. El golpe de Estado fue acompañado de una feroz represión que se cobró la vida de 50 manifestantes. Varias zonas del país se encuentran militarizadas desde hace más de un año. La implantación de un estado policial no puede, sin embargo, frenar el odio acumulado en los pueblos y ciudades. El ajuste efectuado por el gobierno de Boluarte va en la sintonía de los Milei, Bolsonaro, Bukele y toda la tropilla fascista de trumpistas. 

 La situación peruana reclama una fuerte agitación en favor de la perspectiva de un gobierno obrero y campesino en toda América Latina.

Joaquín Antúnez

23/05/25