El Procurador General, Eduardo Casal. se expidió finalmente en apoyo a la postura del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, en la causa Vialidad, por la que Cristina Fernández de Kirchner había sido condenada a 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, junto a otros exfuncionarios de su gabinete. Villar había pedido que se revocara el sobreseimiento por el cargo de asociación ilícita y se la condene también por ese delito, llevando la pena de prisión a 12 años. Recurrió a la Corte, luego de que la Cámara ratificara las condenas de primera instancia. Villar también solicitó la ampliación del embargo sobre el patrimonio de los condenados y la condena de Julio De Vido y otros imputados que resultaron absueltos durante el juicio oral.
Es la primera reacción en torno a las condenas de Vialidad que se producen en el más alto nivel judicial. Luego del juicio y la ratificación del fallo por parte de Casación, llegaron a la Corte Suprema 17 recursos de queja de las partes. En el caso del ministerio público fiscal, la Corte “corrió vista” -es decir remitió para que se expida- al procurador Casal el recurso de Villar, siguiendo el procedimiento. La resolución de Casal -designado en comisión por Macri en 2017, luego de la renuncia de la cristinista Alejandra Gils Carbó al cargo- se conoce tras el naufragio del proyecto de ´Ficha Limpia´ en el Senado.
A partir de ahora, la decisión queda exclusivamente en manos de la Corte. Si resuelve rechazar todos los recursos antes del 19 de julio -fecha prevista para la inscripción de candidaturas para los comicios de la provincia de Buenos Aires- y dejar firme el fallo de primera instancia, CFK quedará automáticamente fuera de juego electoral y deberá comenzar a cumplir inmediatamente la condena dictada en el juicio oral. En cambio, si la Corte remite la causa nuevamente a Casación para que rectifique su decisión y agrave la pena, los plazos muy probablemente se corran más allá de esa fecha. En estos casos, los plazos jurídicos son reemplazados por los políticos. Las causas por corrupción acaban en la prescripción del delito o también en penas, pero muchos años después de ocurridos los hechos –o, por el contrario, se precipitan-.
La Corte se encuentra reducida a tres miembros y profundamente dividida. Para el caso, Rircardo Lorenzetti, enfrentado a los otros dos jueces -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- había pedido “celeridad” en la resolución del caso Vialidad. También se le atribuye haberle ´soplado´ los nombres de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a Javier Milei para integrar el tribunal, pero sus pliegos terminaron rechazados por el Senado. El fracaso de ´Ficha Limpia´ por la deserción de dos senadores que votan recurrentemente con el oficialismo sacó a la luz un secreto a voces: las negociaciones entre liberticidas y pejotistas. El ‘toma y daca’ ahora incluye el nombramiento y ampliación del número de jueces de la Corte, pero también el nombramiento de magistrados y funcionarios judiciales en todo el país -suman más de 200- y hasta el del mismo procurador. En todos los casos, es necesario el voto favorable de dos tercios del Senado, lo cual hace todavía imprescindible el apoyo del bloque del pejotakirchnerismo. En sentido contrario, una parte de la burguesía -e incluso del imperialismo, en el caso de Donald Trump, que resolvió aplicarle la ´ficha limpia´ por decreto a CFK prohibiéndole el ingreso a Estados Unidos- es partidaria de sacarla definitivamente del juego electoral. Por tener más de 70 años de edad, CFK tiene prácticamente asegurado el beneficio de la prisión domiciliaria.
En el juicio, los fiscales ´dedujeron´ su participación en los delitos por los que finalmente fue condenada. Sin embargo, no pudieron exhibir un solo papel que certificara la existencia de una relación comercial entre los Kirchner y el pseudoempresario de la obra pública Lázaro Báez. El ´retorno´ de los fondos devengados a través de la contratación de servicios de hotelería de los K no ha pasado todavía por un juicio oral, aunque ocupó buena parte de los argumentos de los fiscales. Casal y Villar también reclamaron que no se tuvieran presentes los testimonios de los empresarios ´arrepentidos´ que se encuentran en la llamada ‘Causa de los Cuadernos’, sobre la cual no ha habido ningún avance concreto tampoco. Aquella involucra a todos los popes del ‘empresariado prebendario’ de este país en la cartelización de la obra pública –hoy son todos filoliberticidas, incluso a pesar del parate presupuestario-.
Otra cuestión es si el pronunciamiento de Casal, pedido por la Corte, significa una sentencia definitiva de ésta en el asunto de Vialidad, en cuyo caso CFK no podría candidatearse en las elecciones bonaerenses. El fracaso de Ficha Limpia quedaría superado. Las condenas por corrupción, a diferencia de los delitos de sangre, incluso si involucran la prisión efectiva, no deberían afectar derechos políticos, en especial en un régimen político plagado de corruptos, con o sin condena e incluso sin pronunciamiento judicial, y a veces sin existencia de denuncia. La condena por corrupción con alcance político afecta la vigencia de la soberanía popular.
Jacyn
16/05/2025
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