Este sondeo muestra que el impacto en la opinión pública del genocidio que está perpetrando el estado sionista sobre el pueblo palestino, financiado y armado por el imperialismo mundial -demócrata, republicano, sin excepción. La agitación de los estudiantes y la juventud no es un fenómeno aislado del resto de la sociedad, ni mucho menos provocado por la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades. La encuesta muestra que toda la ofensiva liberticida contra los activistas solidarios con Palestina y el derecho a la protesta de los universitarios, es una respuesta reaccionaria a esta tendencia que crece por abajo -aunque tiene casi nula visibilidad en la gran prensa. La apelación a métodos de persecución de los disidentes, expulsión de estudiantes, chantajes a las universidades para obligarlas a sumarse a la caza de brujas de los activistas, y todo el giro fascistizante del trumpismo (y de muchos estados europeos), revela que las campañas políticas y el chantaje del supuesto “antisemitismo” ya no es suficiente, y se requiere aplastar las libertades democráticas y la libertad de cátedra.
Un ejemplo es el caso contra el estudiante Mahmoud Khalil, estudiante graduado de la Universidad de Columbia, al que se intenta deportar en forma ilegal como represalia por liderar protestas en el campus universitario contra la masacre sionista en Gaza. Khalil fue señalado y colocado como objetivo de una campaña desde la Maccabee Task Force (MTF), una organización sionista no solo financiada sino incluso presidida por la magnate Miriam Adelson, una de las principales financiadoras de Trump y los republicanos (si se tiene en cuenta las tres campañas del propio Trump, aportó unos 600 millones de dólares). Adelson supervisó directamente la campaña desde las redes sociales contra el estudiante Khalil y la universidad de Columbia por parte del MTF, una organización creada en 2015 y que afirma “combatir la preocupante propagación del antisemitismo en los campus universitarios”. La MTF marcó y atacó a Mahmoud Khalil como “partidario de Hamás” y afirmó que “vino a los EE. UU. para promover el caos y la destrucción”.
La campaña liberticida y represiva no solamente es fogoneada por el lobby sionista. Un artículo en el New York Times (18/5) denunció un “plan para aplastar el movimiento pro-palestino” de parte de la Heritage Foundation -la misma que elaboró el reaccionario “Proyecto 2025” que sirve de programa de acción al trumpismo. Aunque Trump tomó distancia durante las elecciones respecto a este proyecto, ha venido aplicando paso a paso casi todos sus planes. Por ejemplo, las deportaciones masivas, la internación de indocumentados en campos de concentración, la utilización del Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes, el desmantelamiento de departamentos federales (salud, educación), la negación del cambio climático, el ataque a derechos de las mujeres, la eliminación de derechos de las minorías, entre otros. “Redactado a raíz del ataque de Hamás a Israel en 2023 y las crecientes protestas contra la guerra en Gaza, el Proyecto Esther esbozó un ambicioso plan para combatir el antisemitismo calificando a una amplia gama de críticos de Israel como ‘efectivamente una red de apoyo a terroristas’, para que pudieran ser deportados, desfinanciados, demandados, despedidos, expulsados, condenados al ostracismo y excluidos de lo que consideraba una ‘sociedad abierta’”, señala la articulista. Los planteos del think tank de ultra-derecha, elaborados antes del triunfo de Trump, se vienen llevando decididamente desde el gobierno. “El currículo que consideraba afín a la narrativa de ‘apoyo a Hamás’ sería retirado de escuelas y universidades, y el profesorado que lo apoyaba sería expulsado. Las redes sociales serían purgadas de contenido considerado antisemita. Las instituciones perderían financiación pública. A los estudiantes extranjeros que defendieran los derechos de los palestinos se les revocarían las visas o serían deportados”. “Nos organizaremos rápidamente, tomaremos medidas inmediatas para ‘detener la hemorragia’ y alcanzaremos todos los objetivos en dos años”, decían los redactores del plan Esther. La vertiginosa agenda del trumpismo en los escasos cuatro meses desde el inicio del gobierno, parece que quiere sobre cumplir esos plazos. “La fase en la que nos encontramos ahora es empezar a ejecutar algunas líneas de esfuerzo en términos de sanciones legislativas, legales y financieras para lo que consideramos apoyo material al terrorismo”, declaró Victoria Coates, ex asesora adjunta de seguridad nacional de Trump y vicepresidenta de Heritage que supervisa el Proyecto Esther. El Congreso se encuentra debatiendo leyes que habilitarían una más amplia represión de los activistas e incluso de las críticas más puntuales al gobierno israelí, que podrían ser declaradas fuera de la ley. El gobierno busca convertir en ley la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que ya fue consagrada por sendas órdenes ejecutivas bajo el primer y el segundo gobierno de Trump, pero carecen de fuerza de ley.
La articulista reconoce que esta orientación tiene antecedentes en los anteriores gobiernos. “Tanto las administraciones republicanas como las demócratas han apoyado y financiado a Israel desde hace tiempo, considerándolo un aliado crucial. Y ha habido esfuerzos bipartidistas para contrarrestar las críticas a Israel, etiquetando diversas expresiones y organizaciones en apoyo a los derechos palestinos como apoyo al terrorismo. Pero el Proyecto Esther pretende ir más allá, equiparando acciones como participar en protestas pro palestinas en campus universitarios con brindar ‘apoyo material’ al terrorismo, una construcción legal amplia que puede conllevar penas de prisión, deportaciones, sanciones civiles y otras consecuencias graves” (ídem).
El proyecto Esther también previó la quita de financiamiento estatal a las universidades, como un chantaje para forzarlas a perseguir a los activistas y prohibir las protestas en sus campus. La calificación de los activistas como “pro terroristas” o directamente agentes de Hamás, es una campaña orquestada para viabilizar detenciones y deportaciones, violando las propias normas constitucionales de Estados Unidos. Trump viene llevando adelante esta agenda, como lo muestra su exitosa presión sobre la Universidad de Columbia y su guerra contra la universidad de Harvard, la más antigua y prestigiosa del país. El gobierno exigió a Harvard que entregara información sobre las movilizaciones en su campus contra Israel, así como los nombres de los promotores, así como modificaciones en los planes de estudio, la exclusión de docentes “marxistas” o “de izquierda radical”, y ante la resistencia de la casa de estudios escaló el enfrentamiento recortando toda contribución estatal a la misma, y prohibió que pueda acoger a estudiantes extranjeros (el 27% de quienes estudian en Harvard son del exterior). El enfrentamiento se ha trasladado a los tribunales y también en la opinión pública.
Stefanie Fox, directora de Voz Judía por la Paz, organización que ha protagonizado protestas contra el genocidio y su financiamiento por EE.UU., señala que los ataques a los activistas pro-palestinos es apenas el inicio. “Trump está usando directamente el manual autoritario, utilizando herramientas de represión primero contra quienes se organizan por los derechos palestinos”, “Y al hacerlo, está afilando esas herramientas para usarlas contra cualquiera que desafíe su agenda fascista”. El grupo Voz Judía por la Paz es uno de los que la Heritage Foundation describe como “Organización de Apoyo a Hamás” en el proyecto Esther. Heritage es una usina ideológica de la derecha cristiana estadounidense, y según The Guardian (23/3) “A pesar de su uso del lenguaje religioso judío, el [proyecto Esther] prácticamente no tiene autores judíos y está plagado de errores básicos, incluyendo tergiversaciones de textos judíos”. Por otro lado, la Heritage Foundation se ha vinculado con la organización de ultra-derecha de Israel Kohelet Forum, y ha adquirido el Instituto de Paz de los Acuerdos de Abraham, fundado por Jared Kushner (yerno de Trump). Kohelet es un think tank reaccionario que promovió una reforma judicial en Israel, que luego Netanyahu buscó consagrar legalmente, que permitiría el control del poder judicial y la capacidad del parlamento de anular decisiones judiciales que bloqueen la acción del gobierno. Un planteo que el trumpismo intenta llevar también adelante en Estados Unidos por otras vías, para reforzar el régimen de poder presidencial. Un articulista del diario Haaretz, habló de “La MAGAficación de Israel: Cómo la Fundación Heritage de Estados Unidos planea ‘convertir’ al Estado judío” (25/5). Según el analista, Kohelet busca imitar a Heritage, porque “la reforma (judicial) no fue suficientemente amplia” y que los cambios legislativos no alcanzan. “Lamentablemente, necesitaremos métodos menos formalistas”, escribió hace poco el presidente de esta organización, lo cual plantea un proceso aún más francamente fascista.
La tendencia guerrerista del imperialismo va de la mano con la deriva derechista y fascista, ya que requiere el establecimiento de un régimen “fuerte” -que no esté sometido a contrapesos y controles que lo estorben, y mucho menos que esté amenazado por la respuesta de los explotados a los ataques a sus condiciones de vida. Si la carrera armamentista y el subsidio a los capitalistas en la lucha por la supervivencia en el mercado internacional conlleva la reducción de los salarios y jubilaciones, la liquidación de derechos, el aplastamiento de la disidencia política y la restricción del derecho de huelga y de protesta es una necesidad política de los capitalistas para llevar adelante sus planes de guerra.
La reacción se ha preparado para aplastar las tendencias hacia la izquierda de los jóvenes y las inevitables reacciones de la clase obrera frente a la guerra de los capitalistas contra sus derechos. La guerra imperialista y la liquidación de las libertades democráticas están íntimamente ligadas.
Impulsemos aún más a fondo la campaña contra el genocidio, por el retiro de las tropas del ejército sionista de Gaza y Palestina, contra la guerra imperialista, y en defensa del derecho a la protesta en todo el mundo.
Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
28/05/2025
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