Las patronales y las aseguradoras de riesgo de trabajo volvieron a poner el grito en el cielo por el crecimiento de la litigiosidad laboral en 2025, superando los niveles más altos de 2017, llegando a 134.141 demandas, en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral antiobrera en febrero. Reclaman por dictámenes médicos bajo su control, en un cuadro donde el gobierno busca ampliar las facultades discrecionales de las patronales en los lugares de trabajo, sometiendo a los trabajadores a condiciones de semiesclavitud, precarización y mayor explotación laboral, lo que produce más accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
En reciente informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), cuyas principales conclusiones fueron difundidas por el medio Clarín, sostiene que en 2025 se batieron récords de litigios laborales por accidentes de trabajo, acumulando un total de 134.141 juicios, en lo que representa un 6,4% de incremento respecto a 2024, en una clara tendencia alcista desde la última reforma del sistema, bajo el macrismo, durante el 2017.
Algunos analistas atribuyen el crecimiento de casos, que se dio incluso en diciembre, cuando se esperaba una caída estacional del 10%, a la inminencia del tratamiento de la reforma laboral, que podría introducir cambios que impacten en el sistema actual, pero de fondo se impone un fenómeno de “empoderamiento” patronal, con lugares de trabajo donde no existe contralor alguno, ni mucho menos políticas y garantes de las condiciones de seguridad e higiene.
La dinámica de los juicios por riesgos del trabajo radica en que el procedimiento administrativo en manos de las ART, con comisiones médicas financiadas por estas patronales, suele desconocer yo subestimar las secuelas de accidentes laborales y/o enfermedades y patologías adquiridas como consecuencia de años de exposición a procesos productivos nocivos para la salud.
La fuerte litigiosidad radica, entonces, en este desconocimiento originario de las patronales y las aseguradoras, que buscan desentenderse de sus responsabilidades a costo cero o bajísimo, y no en un supuesto espíritu “caranchesco” de trabajadores, abogados y peritos judiciales, a los cuales se acusa (las patronales y aseguradoras), estos últimos, de sobredimensionar incapacidades para cobrar más honorarios.
Para el caso de las enfermedades laborales no reconocidas, que concentran gran parte de la litigiosidad, estamos ante casos de daños físicos permanentes generados por años, e incluso décadas, de exposición a tareas reiterativas y desgaste físico propio de procesos productivos donde las patronales restringen las medidas de cuidado del trabajador para no “entorpecer la producción” o directamente para competir en el mercado a base de una superexplotación de los trabajadores.
La tesis de la alta litigiosidad también debe ser desestimada por la realidad y los propios números oficiales. Según los registros del 2023, se presentaron 767.000 solicitudes de incapacidad, de las cuales dos tercios fueron siniestros que las ART consideraron con origen laboral. Solo el 10% de estos casos terminó en la Justicia.
Las ART manipulan las cifras en su favor para justificar un eventual aumento de la alícuota por cobertura (actualmente del 2,85% de la masa salarial), y presionando para que la Justicia implemente los Cuerpos Médicos Forenses, por cada jurisdicción, con criterios restrictivos que avalen los dictámenes de las comisiones médicas bajo su control, ahorrándose una millonada.
La reforma laboral antiobrera de Milei viene, a su vez, a agravar las condiciones de los trabajadores, aumentado la productividad y la explotación laboral en detrimento de la salud de los trabajadores, lo que dará lugar a una mayor siniestralidad y la explosión de enfermedades laborales.
Las patronales vulneran los derechos de los trabajadores y luego utilizan la Justicia en su favor para no pagar un peso, demorando años los litigios, licuando las sentencias, apelando a cuanta instancia exista y haciendo lobby para perjudicar aún más a los trabajadores. Estamos ante un régimen negrero y explotador que hay que derrotar en las calles y en los lugares de trabajo, con la organización y acción independiente de los trabajadores.
Marcelo Mache
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