Crisis de Bolsonaro: ¿”bonapartismo imperial” o “bonapartismo institucional”?

Está en curso una escalada de enfrentamiento político entre Bolsonaro por un lado y el Congreso junto al Supremo Tribunal Federal por otro. El presidente viene agitando por las redes sociales, cada vez más, que el Parlamento y la Corte Suprema (STF) son “corporaciones” que integran la “la vieja política” y que a través “negociados” impiden la “revolución conservadora” para la cual él fue votado. La escalada llegó hasta el punto de que en los últimos días el presidente difundió por sus redes sociales el video de un pastor africano que dice que muchas veces Dios pone directamente a los gobernantes en la tierra, y que Bolsonaro sería un “elegido”. Cuestión que fue tomada por los grandes medios para desprestigiarlo como antidemocrático, dirigente de una “secta extremista”, “loco” o “bipolar”.
Este enfrentamiento político se da en un contexto de importante deterioro de los indicadores económicos, con altísimos índices de desempleo, aumento de la pobreza, caída de la producción y del consumo, parálisis de las inversiones, caída de las expectativas de los empresarios, caída de la recaudación fiscal y recortes presupuestarios en varias áreas. La mayoría de los analistas ya destacan las tendencias recesivas de mediano plazo y algunos ya empiezan a hablar de depresión.
A la crisis política y económica ahora se sumó la entrada de la lucha de clases como un factor de la relación de fuerzas. Las manifestaciones de estudiantiles y docentes contra los recortes de Bolsonaro a la educación el último 15 de mayo, tuvieron impacto nacional e internacional, emergiendo como la primera gran manifestación de masas contra Bolsonaro, donde la juventud fue la gran protagonista, haciendo recordar los aires de 2013. Una nueva movilización por el mismo motivo está convocada para el 30 de mayo, y para el día 14 de junio la CUT y demás centrales sindicales convocan un paro nacional contra la reforma jubilatoria.
Es en este marco que Bolsonaro convoca a su base social a salir a la calle este domingo 26 de mayo. En un primer momento la convocatoria tenía un contenido que lindaba con un “autogolpe” contra el Congreso y la Corte Suprema, luego desde el propio bolsonarismo se pasó a “moderarla” para que sea “por la reforma jubilatoria” y “en defensa del gobierno”. No está claro qué contenido terminará primando, ni tampoco qué masividad tendrá. Ahí se va a medir por primera vez qué fuerza tiene en la calle el “bolsonarismo duro”, ya que será la primera vez que esa base social salga a la calle sin contar con el amplio “frente único” con las demás fuerzas golpistas que protagonizaron todas las etapas anteriores del golpe.

Dos proyectos bonapartistas en pugna

Desde el inicio del año hubieron distintos intentos de acuerdo entre Bolsonaro y el presidente de la Cámara de Diputados para encaminar la reforma jubilatoria en el Congreso, alternando momentos de tensión y de compromiso. En esas negociaciones se concentra tanto el destino económico como político del nuevo gobierno. La reforma jubilatoria es considerada como la “madre” de todas las reformas porque contiene el mayor volumen de ajuste fiscal, que el gran capital espera para poder planificar sus inversiones en el país. Por eso mismo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, viene utilizando el trámite de la propuesta de esta reforma jubilatoria como moneda de cambio para condicionar al poder del Ejecutivo y aumentar su propio poder como articulador de todos los demás sectores golpistas que no quieren dar a Bolsonaro los “superpoderes” presidenciales que este aspira conquistar.
Rodrigo Maia, como presidente de la Cámara de Diputados, tiene el poder de paralizar la agenda legislativa del Ejecutivo, dificultar el manejo presupuestario del gobierno, limitar el accionar político del presidente en distintos terrenos (como se mostró con Bolsonaro en Venezuela) e incluso poner agendas propias en el Congreso. A este poder de Maia se suma también el de la presidencia del Senado, que está integrada por un representante de su mismo partido, “Democratas” (DEM). Un partido heredero del Arena que fue la “cara civil” de la dictadura militar, que durante los gobiernos del PT fue marginado del poder, y que fue “preservado” por la Lava Jato. Desde esa “acumulación de fuerzas” (a la que se suman importantes gobernadores), el DEM se constituye como la “conducción” de todo el llamado “centrão”, o sea, políticos de partidos medianos sin ideología que viven de negociar beneficios (cargos, partidas presupuestarias) con el poder Ejecutivo de turno, sin los cuales es imposible constituir mayoría en el Congreso. Este poder ha permitido a lo largo del año que el DEM imponga sucesivas derrotas al gobierno en el Congreso.
Paralelamente, el bonapartismo judicial se ha dividido entre dos alas: una conducida por Sérgio Moro desde el Ministerio de la Justicia y la Seguridad Pública, que busca transformar la Lava Jato en una estructura nacional que conecta jueces, fiscales, policías, militares y órganos de inteligencia con el objetivo de generalizar los métodos de prisión preventiva, delación premiada y espionaje, sumados a una mayor impunidad al “gatillo fácil”, todo eso al servicio de la “revolución conservadora” prometida por Bolsonaro en las elecciones. Y otra ala, conducida desde el Supremo Tribunal Federal, que busca resistir a ese intento de dar “superpoderes” a la Lava Jato. Aunque Moro haya ampliado su poder integrando el Gobierno Federal, en especial en un país donde el Ejecutivo tiene muchos mecanismos para influir sobre el Legislativo, la Lava Jato ha sufrido importantes derrotas.
Esos choques entre el Ejecutivo y el Congreso por un lado, y entre distintas alas del bonapartismo judicial por otro, han provocado divisiones también entre los militares. Importantes sectores de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas –tanto retirados como en puestos de mando– todavía no solo apoyan el gobierno, sino que han aumentado su poder dentro del mismo como para compensar las acciones por fuera de la relación de fuerzas que emanan de los ministros de extrema derecha y de los hijos del presidente. El intenso enfrentamiento público entre el “filosofo” ultraderechista Olavo de Carvalho y algunos de los principales militares del gobierno es una reacción del “bolsonarismo duro” al creciente rol “moderador” que los militares buscan ejercer. En este objetivo, terminan confluyendo –de forma más abierta o más velada– con los esfuerzos en el mismo sentido por parte del DEM y la Corte Suprema.
Esas crisis que cruzan las instituciones del régimen y el propio gobierno han “contaminado” cada vez más el ambiente económico. A pesar de que el programa de reformas neoliberales lo más radicales posibles es común a todas las alas golpistas, la reforma jubilatoria tramita muy lentamente, retrasando también los proyectos de privatización. En este contexto, las clases dominantes pasan a actuar cada vez más como un factor moderador adicional, llamando al compromiso para que avance la agenda económica. Sin embargo, Rodrigo Maia ha sido el principal beneficiario de esos cambios de humor, ya que los empresarios temen un empeoramiento aún mayor de la economía en el caso que siga escalando el conflicto, a la vez que el DEM es esencial para la aprobación de todas las reformas estructurales.
Las clases dominantes nativas se vienen dividiendo ante las políticas claves del bolsonarismo. Divisiones que responden no solamente al temor a una radicalización de la crisis política y a un empantanamiento de la reforma jubilatoria, sino también a los intereses estratégicos de los monopolios nacionales en las privatizaciones por venir y a qué política exterior debería adoptar el país. Fue lo que vimos en la crisis de Venezuela, donde hubo mucha resistencia a que Brasil se involucrara más directamente en el terreno militar, como quería Steve Bannon, amigo “íntimo” del presidente y sus hijos; en la ubicación respecto a las ambiciones de Israel sobre Jerusalén, dónde el alineamiento incondicional de Bolsonaro generó conflictos con la comunidad árabe; y también es lo que se muestra en las duras discusiones sobre las relaciones comerciales con China, donde muchos resisten el alineamiento incondicional con Trump. Esas pugnas han fortalecido a Rodrigo Maia y han tenido como articulador central entre los militares al vicepresidente, General Mourão, ya que ambos han adoptado una ubicación más pragmática, continuando lo que ha constituido tradicionalmente la política exterior del Estado brasilero en las últimas décadas.
A partir de esa ubicación que van adquiriendo parte importante de los militares, el Poder Judicial, el Congreso y la burguesía, los medios de comunicación tradicionales más masivos del país (Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo) se van constituyendo como portavoces de este esfuerzo “disciplinador”.
Es en ese escenario de conjunto de derrotas, crisis económica y campaña mediática en contra, que las encuestas muestran a Bolsonaro cayendo de forma lenta pero sostenida en su popularidad, a la vez en que se encuentra crecientemente aislado.

“Bonapartismo imperial” o “bonapartismo institucional”

No se debe perder de vista nunca que el golpe institucional no fue dado para que Bolsonaro asuma el poder. Este era una fuerza minoritaria entre los golpistas, que querían elegir de vuelta a un representante de la derecha tradicional. Que frente a la debacle electoral de la derecha tradicional hayan apoyado a Bolsonaro contra el PT nunca significó que tuvieran el mismo proyecto político. Muy por el contrario, desde el primer momento en que el excapitán se alzó como favorito, quedó en evidencia que los demás “factores de poder” se sumaban con intensiones moderadoras.
El desarrollo de las pugnas al interior del régimen golpista va delineando dos proyectos de bonapartismos distintos: uno “presidencialista imperial” de Bolsonaro, que busca alzar al Ejecutivo como institución absolutamente predominante del régimen y hasta mesiánica, a la que se deberían subordinar todos los demás “factores de poder”, utilizando a la Lava Jato y a “la calle” como herramientas de disciplinamiento. Y otro proyecto “bonapartista institucional”, donde los golpistas de los viejos partidos tradicionales (hegemonizados ahora por el DEM y teniendo como “centro de gravedad” el Congreso), en acuerdo con los demás “factores de poder” (STF, grandes medios de comunicación y parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas), buscan disciplinar el poder de Bolsonaro a las otras instituciones que fueron parte del golpe.
Parte central de los mecanismos de disciplinamiento que más “joden” a Bolsonaro es la investigación de los lazos de su familia con las milicias paramilitares de Río de Janeiro, que tienen por detrás las alas “institucionalistas” de las fuerzas armadas y del Poder Judicial. Ahí se concentra parte importante de la pelea que se da a nivel nacional en la medida que Río de Janeiro es una especie de “estado fallido” donde nació el poder de la familia presidencial y desde donde emanó parte importantísima de los votos que garantizaron su triunfo electoral.
Por ahora, Bolsonaro cuenta con el apoyo de Trump, a cambio de la promesa de privilegiar a los monopolios amigos suyos en la privatización de lo que resta de las empresas públicas y recursos naturales de Brasil, así como el apoyo incondicional de Brasil a su política exterior, como se vio en Venezuela e Israel. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿hasta dónde Trump está dispuesto a acompañar al excapitán en su proyecto “imperial”? A fin de las cuentas, no es “un detalle” que un país de la importancia internacional de Brasil vaya en un camino más abiertamente autoritario.
Por otro lado, como demuestra la recepción especial del alcalde de Nueva York a Rodrigo Maia en el mismo día que Bolsonaro visitaba a Bush en Texas, el “bonapartismo institucional” parece contar con el apoyo cada vez más explícito del Partido Demócrata norteamericano.
El analista político Breno Altman, en cuyo análisis nos inspiramos para distinguir esas distintas alas del bonapartismo golpista, hace una interesante analogía con el “fujimorismo” peruano de los 90. Él plantea que la línea actual de Bolsonaro llevada a las últimas consecuencias se acercaría a la obra del bonaparte peruano, desde ya con los límites de que en Brasil hoy no existe algo análogo a un Sendero Luminoso para “justificar” un cierre del Parlamento. Al contrario, el sujeto que más podría acercarse a un “enemigo interno” (Lula) todavía está bajo la custodia de la Lava Jato.
En ese sentido, la táctica de Bolsonaro todavía consiste esencialmente en apoyarse sobre la movilización de sus bases “civiles” en forma pacífica para desde ahí inclinar la balanza de los “factores de poder” a su favor y volver a sentar en la mesa de negociación a las demás alas golpistas en mejores condiciones.
Dicha táctica se inserta en un componente estratégico no menor: la fuerte influencia que Bolsonaro ejerce sobre la media y baja oficialidad de las fuerzas armadas, que junto a las policías militares y civiles no necesariamente acompañan los intereses “moderadores” de las altas cúpulas. Aunque Bolsonaro cuente con influyentes generales de la reserva que apoyan incluso sus campañas más “imperiales”, acá también hay que introducir una pregunta: ¿hasta qué punto este apoyo está enmarcado en la táctica de negociación al estilo “garrote y zanahoria” y hasta qué punto acompañarían al presidente ante una escalada de las tensiones?
Es pensando los escenarios estratégicos más de largo plazo que se debe analizar con cuidado el resultado de los dos decretos presidenciales emitidos por el nuevo presidente que buscan facilitar la posesión y portación de armas de fuego. O sea, ¿en qué medida Bolsonaro puede tener éxito en armar a su base “civil” para transformarla en un factor adicional de “presión” en caso de que los “golpistas institucionales” decidan removerlo del sillón presidencial?
Esa contradictoria relación de fuerzas que incluye el terreno militar, combinada con las tendencias psicológicas de Bolsonaro que eufemísticamente podríamos definir como “no conciliadoras”, es también la que empuja a ambos proyectos bonapartistas a buscar nuevas soluciones de compromiso. Está abierto no solamente en qué medida una de las dos alas podrá primar, sino también hasta qué punto podrá escalar la disputa. En el marco de esos nuevos compromisos posibles, lo que los “golpistas institucionales” buscan es una aprobación de algo que esté entre el 50 % y 80 % de la reforma jubilatoria propuesta inicialmente, con una pugna indefinida por quién capitalizará políticamente los beneficios de este resultado, así como por quién pagará los costos por los aspectos más impopulares de la misma.
Otra importante incógnita que se mantiene en el aire es hasta qué punto Sérgio Moro– que sigue siendo la figura más popular del país– va acompañar a Bolsonaro en su proyecto de un bonapartismo más imperial. Por ahora, el exjuez sigue siendo una pieza clave del armado bolsonarista. Sin embargo, el apoyo abierto que dio a los militares atacados por Olavo de Carvalho en el auge de la crisis entre ambos sectores del gobierno expresó un importante puente que este mantiene con el “bonapartismo institucional”. Acorde al oportunismo que caracteriza el jefe de la Lava Jato, lo más probable es que paulatinamente se incline hacia el bando vencedor.
La lucha por la autoorganización contra las burocracias y por la unidad entre estudiantes y trabajadores
Las movilizaciones del 15 de marzo demostraron que ya existe disposición de lucha para enfrentar las medidas más reaccionarias del gobierno con movilización de masas en las calles. Para potenciar esa perspectiva hace falta organizar asambleas de base que construyan un gran paro nacional que coloque millones de estudiantes y trabajadores en las calles uniendo la lucha contra los recortes en la educación con la lucha contra la reforma jubilatoria. Sin embargo, las burocracias políticas, sindicales y académicas del PT se esfuerzan por mantener el control burocrático de las manifestaciones e impedir una unidad real en la calle de la lucha de trabajadores y estudiantes.
En ese sentido, la principal ventaja con la cual cuentan ambas formas de bonapartismo hasta ahora reside en la estrategia adoptada por las direcciones políticas y sindicales del PT. Esta estrategia consiste en esperar a que Bolsonaro se desgaste por sus propias acciones para posicionarse mejor en futuras elecciones, asumiendo la administración de un país aplastado por los ataques del golpismo. Una espera que se limita a oponerle declaraciones parlamentarias y “jornadas de lucha” intranscendentes que no golpean sobre la relación de fuerzas de conjunto. Al dejar el camino abierto para que las movilizaciones contra los recortes a la educación sean contenidas y manipuladas por la Rede Globo y el Congreso como herramientas adicionales para el disciplinamiento del bolsonarismo, la burocracia sindical y política opositora termina haciendo el juego del “bonapartismo institucional” en contra el “bonapartismo imperial”.
Desde el Esquerda Diário y a partir de la militancia del MRT (Movimento Revolucionário de Trabalhadores) en el movimiento estudiantil y distintos sindicatos, luego de las grandes manifestaciones del 15 de mayo, peleamos para que se organicen asambleas en todos los lugares de trabajo y de estudio uniendo la lucha contra los recortes en la educación y la reforma jubilatoria. Militamos para que la jornada del próximo día 30 de mayo convocada por la Unión Nacional de los Estudiantes sea con paro nacional activo, y seguimos peleando para que desde las asambleas de base tomemos en nuestras manos la construcción del paro nacional del día 14 de junio desarrollando la autoorganización de estudiantes y trabajadores para poner en pie un plan de lucha serio que supere las trabas impuestas por las burocracias políticas y sindicales del PT.
En esta pelea, hacemos un llamado especial al PSOL, que aumentó su proyección en el imaginario popular como fuerza antagonista de Bolsonaro por el asesinato a Marielle Franco (parlamentaria de Río de Janeiro que fue víctima del accionar de milicias paramilitares con múltiples vínculos con la familia presidencial). Sin embargo, lamentablemente no han utilizado esa proyección para ser un factor en las movilizaciones contra los ataques neoliberales, han seguido de forma acrítica la política de las direcciones oficiales, encubriendo por izquierda la estrategia petista de buscar la unidad para futuras elecciones incluso con golpistas y neoliberales descontentos.

Un debate en el terreno de la oposición “por izquierda”

Ante la posibilidad de que Bolsonaro termine fracasando en sus intentos de movilizar sus “tropas” en la calle (lo que no se podrá medir solamente por lo que pasará este domingo, ya que podrá seguir intentándolo y ampliando sus condiciones de lograrlo en caso de que se vea acosado por los “golpistas institucionales”), empieza a instalarse un debate en los círculos del poder y los medios de comunicación sobre la posible sustitución de Bolsonaro por el vicepresidente General Hamilton Mourão a través de un impeachment. En el mismo sentido también se empiezan a considerar cambios constitucionales que aumenten el poder del Parlamento en detrimento de los poderes del Ejecutivo.
En este marco, sectores minoritarios del PT salieron con la consigna “Fuera Bolsonaro”, por detrás de la cual increíblemente ya empiezan a defender al ultraderechista, golpista y neoliberal Mourão como “mal menor” ante Bolsonaro.
La izquierda no puede más que rechazar de plano el impeachment o cualquier otra solución de compromiso con los golpistas institucionales como una salida abiertamente reaccionaria que busca dar legitimidad para administrar la herencia del golpismo y seguir implementando los ataques neoliberales. Por otro lado, hay que empezar a combatir desde ya las ilusiones que distintos sectores del PT empiezan a crear en eventuales “elecciones generales con Lula Libre”. Esa salida, que seguramente será levantada adelante por el PT en el caso de que se desarrolle la movilización de masas contra los ataques neoliberales de Bolsonaro, no podría ser el resultado de otra política que no sea la de un pacto del PT con el golpismo institucional para impedir que la clase trabajadora emerja como un sujeto político independiente de la burguesía –planteamos esto al mismo tiempo que desde el MRT defendemos la libertad inmediata e incondicional de Lula, sin darle ningún apoyo político al PT–.
Un pacto como este no solamente tendría el objetivo de contener el desarrollo de un genuino proceso de lucha contra el régimen y los ataques contra las masas, sino que sería completamente impotente para hacer retroceder toda la obra reaccionaria del golpismo. O sea, tendríamos al PT administrando la “herencia maldita” del golpismo y reclamando ser “lo posible” en el marco de “la relación de fuerzas” después de haber impedido que la acción de masas abra una relación de fuerzas favorable a los intereses de las mayorías explotadas y oprimidas.
En el caso de un desarrollo de las movilizaciones de masas contra los ataques neoliberales, la tarea de la izquierda deberá ser elevar las aspiraciones de las mismas planteando la necesidad de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se contraponga a todo tipo de soluciones bonapartistas un programa de demandas democrático radicales, anticapitalistas y antiimperialistas como el no pago de la deuda pública, la expropiación de los grandes terratenientes y de los principales recursos estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores y el pueblo, y otras medidas que respondan a las demandas más sentidas de las mayoría explotada y oprimida de la población. Una pelea dentro de la cual puedan surgir las fuerzas para un gobierno de los trabajadores basado en organismos de democracia directa de las masas.

Daniel Matos