Miles de vidas, miles de tratamientos que no se pueden brindar, miles de escuelas sin construir.
Cuando hablamos de la confiscación al Gobierno de Venezuela de miles de millones de dólares o de euros, el común de los mortales no somos capaces de cuantificar o dimensionar qué es lo que esto significa y cuáles son las consecuencias de este tipo de sanciones contra el pueblo venezolano en su conjunto.
El pasado 3 de mayo fue publicado un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
La publicación (que puede descargar completa en http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf) transforma el bloqueo y la guerra económica en vidas humanas y encuentra que “las sanciones económicas implementadas por el Gobierno de Trump desde agosto de 2017 han causado decenas de miles de muertes y están empeorando rápidamente la crisis humanitaria”.
“Esto es ilegal de acuerdo al derecho estadounidense, al derecho internacional, y a los tratados que Estados Unidos ha firmado. El Congreso debería hacer algo para detenerlo”, dijo Mark Weisbrot, codirector de CEPR y coautor del informe.
“Habitualmente se culpa al Gobierno de Venezuela de la totalidad de la crisis económica del país (…) Pero es mucho más que eso. Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía venezolana y, por lo tanto, conducir a un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada que causa graves daños al pueblo venezolano”, dijo Jeffrey Sachs, coautor del documento.
Las consecuencias en vidas perdidas por culpa directa del bloqueo fueron estimadas por el CEPR en más de 40.000 personas muertas entre 2017 y 2018 y se estima que la situación podría empeorar de mantenerse la situación en 2019.
El informe del CEPR sustenta este dato en que “hay aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular)”.
Entre diciembre de 2014 y abril de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha dictado una ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana aplicando el bloqueo y confiscación de activos financieros, la prohibición de negociación de la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aumento de Riesgo País y costos financieros, prohibición de operaciones con oro, confiscación de activos (CITGO y activos de PDVSA), sanciones al comercio de petróleo venezolano, sanciones al Banco Central de Venezuela, así como multas y penalizaciones administrativas a las operaciones de comercio exterior.
En nuestra columna de la semana pasada (https://cajaderespuestas.blogspot.com/2019/05/eeuu-reconoce-responsabilidad-sobre.html) señalábamos que el gobierno norteamericano se ufanaba y presentaba como logros de la gestión de su Departamento de Estado tanto la aplicación de estas sanciones como sus consecuencias.
Nadie puede alegar que se desconocen las consecuencias del bloqueo sobre el pueblo venezolano, ya que Estados Unidos, y el sector identificado como los “halcones” de Washington, no solamente es efectivamente consciente de los efectos de estos actos, sino que han buscado concretamente esos resultados para forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el cargo para el que fue electo el 20 de mayo de 2018 y rendir por hambre y privaciones al pueblo venezolano.
En diversos bancos se encuentran “represados” -eufemismo para decir que se robaron la plata- ingentes sumas de dinero que en realidad es propiedad del pueblo bolivariano.
Al 30 de abril de 2019, el Novo Banco de Portugal se había apropiado de manera indebida de 1.547.322.175,89 dólares; el Banco de Inglaterra robó oro por valor 1.323.228.162,57 dólares y el Clearstream (también de Inglaterra) se quedó con títulos de deuda pública por 517.088.580,00 dólares.
Por su parte, los bancos estadounidenses Sumitomo, Citibank y Unión Bank se adueñaron de 507.506.853,37, 458.415.178,49 y 230.024.462,00 respectivamente; Euroclear y Banque Eni (ambos de Bélgica) también “represaron” 140.519.752,26 de dólares en títulos de deuda y 53.084.499,92 de dólares en efectivo.
El francés Delubanc le puso también represa a 38.698.931,70 de dólares y otros 41 bancos e instituciones financieras de 17 países se quedaron con otros 654.142.049,10 de dólares.
El total de recursos que estas prestigiosas instituciones financieras le han tumbado a Venezuela son USD 5.470.030.645,30. Ni usted ni yo tenemos nuestra confianza puesta en esos bancos, pero ya sabe a quién no confiarle su dinero. No vaya a ser que lo “represen”.
Sin embargo, no solamente estos ladrones de traje y corbata se han adueñado de recursos venezolanos siguiendo indicaciones del gobierno norteamericano, las pérdidas totales y costos para la economía venezolana provocada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos entre 2015 y 2018 se estiman en más de 130.000 millones de dólares.
Estas medidas coercitivas unilaterales (denominadas eufemísticamente sanciones) conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano y han sido catalogadas por la ONU como delitos de lesa humanidad
Ya usted está mareado -y yo también- con tantos ceros, pero le puedo asegurar que estos datos están verificados, ya que las fuentes son varias y coincidentes: la organización de derechos humanos Sures, el equipo de investigación de Misión Verdad, la profesora Pascualina Curcio, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el ministerio de Finanzas de Venezuela.
Es una barbaridad de dinero. No sé usted, pero yo después del primer millón ya no pude sacar la cuenta de “con eso yo lo que haría es...”.
Pero podemos hacer algunas comparaciones para ilustrarnos.
Según diversas fuentes disponibles en la web, la construcción de un hospital incorpora un costo por cama y todos sus servicios anexos de entre 1.300.000 y 1.500.000 dólares. Asumiendo la cifra más barata, con la cifra que Estados Unidos le ha secuestrado a Venezuela, se podrían haber construido dos mil hospitales de 50 camas con la última tecnología.
Los costos de construcción de una escuela se pueden verificar en https://webspm.com/Articles/2015/07/01/School-Costs.aspx, donde se indica que una escuela para aproximadamente 600 alumnos cuesta en el entorno de 16 millones de dólares. Con la deuda que Estados Unidos y sus aliados tienen con Venezuela se podrían haber edificado 8.125 escuelas de más de 600 alumnos.
La página http://www.globalemergencyvehicles.com/company/blog/ambulance-for-sale-that-will-work-for-your-budget indica que una ambulancia puede estar entre USD 100.000 y USD 200.000. Asumamos un precio promedio de 150.000 y obtenemos que con el dinero hurtado a Venezuela se podrían haber comprado 866.667 ambulancias completamente equipadas.
Según diversas fuentes consultadas, el costo de una patrulla policial con el equipamiento correspondiente ronda los USD 30.000, de forma que se hubieran podido comprar 4.333.333 patrullas.
Ni hablar de que con 130 mil millones de dólares se pueden pagar casi 380.000 tratamientos de por vida para pacientes con VIH, se pueden comprar casi 644 millones de toneladas de carne bovina, casi 38 millones de toneladas de leche en polvo o más de 320 millones de toneladas de arroz.
La próxima vez que alguien nos hable de la crisis de Venezuela, traduzcamos esas cifras que para ninguno de nosotros -gente común y silvestre- quiere decir nada.
Hablemos de gente fallecida porque el bloqueo no permitió atenderla, de hospitales y escuelas no construidas, de patrullas y ambulancias que no circulan por las calles, de comida y medicamentos que no pudieron ser comprados. Que no nos cuenten figurines.
Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas
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