El ataque del gobierno a la salud pública que tuvo su último episodio en los 1400 despidos, es un ataque a la salud de toda la población. Nuevamente, el Ejecutivo descarga el brutal ajuste fiscal contra el sistema de salud público, el cual ya es víctima de un feroz vaciamiento, poniendo en riesgo la atención sanitaria y la vida de miles de pacientes.
El sistema de salud ya viene siendo el blanco de incesantes recortes, es lo que denuncian por ejemplo los trabajadores del Garrahan cuando luchan porque carecen de los insumos necesarios para atender pacientes, como anestesia, cánulas y dispositivos de perfusión para cirugías cardiovasculares en niños, lo que obligó a reducir a la mitad los días de cirugía, extendiendo además el tiempo de espera para acceder a intervenciones quirúrgicas, agravando la situación de los pacientes. Lo mismo denuncia el Hospital de Clínicas, cuyos profesionales aseguran que el hospital está al borde de la parálisis.
A esto se suman los despidos permanentes, lo que recorta la cantidad de profesionales y genera una crisis de falta de especialistas, como ahora donde los hospitales nacionales denuncian que, producto de estos despidos, muchos servicios quedarán paralizados. El cuadro se agrava si consideramos que el salario de los residentes, soporte base del sistema de salud público, no cubre ni el 50% de la canasta familiar de consumos mínimos, lo que genera un éxodo constante de profesionales
Sucede que el gobierno, durante 2024, subejecutó el 55% del presupuesto registrado en hospitales nacionales y en el Instituto Nacional del Cáncer, según un informe del Cepa, un ajuste canallezco. En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de 25%.
Para el caso de los programas críticos vinculados a la salud, también se observan notables ajustes en su ejecución y muchos de ellos están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-5%), lo que incluye a los medicamentos oncológicos y otras enfermedades graves, motivo por el cual 60 personas murieron el año pasado a la espera de la medicación. El recorte también se verifica en programas de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-47%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 6% y el 82%.
A su vez, el cierre de la Coordinación de Tuberculosis y Lepra forma parte del nuevo organigrama que estrenó la cartera que conduce Mario Lugones, que incluyó la eliminación de 15 direcciones o dependencias de Salud, en un contexto donde, por ejemplo, la tuberculosis está en aumento a nivel nacional, igual que en el resto del mundo, pero con el agravante local del crecimiento de la pobreza y de condiciones laborales precarias que se extienden a lo largo y ancho del país.
En paralelo, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 11% del total de gastos, lo que corresponde a intereses de deuda. Es la clara muestra de que se recortan esferas públicas fundamentales para financiar a los especuladores, lo que tampoco resuelve el problema de fondo porque no disipa la posibilidad de un default.
El gobierno nacional continúa desguazando el sistema de salud público, lo que fomenta un enorme negocio para salud privada y que al mismo tiempo pone en riesgo la atención médica de miles y miles de personas que no pueden costear una prepaga o que trabajan en condiciones de informalidad (por lo que no tienen acceso a una obra social) y que dependen del sistema de salud público. Este sector es cada vez mayor porque crece al ritmo del empobrecimiento de la población, de la pulverización de salarios y jubilaciones, de la caída del empleo formal y del incremento del trabajo precario.
Defender la salud pública tiene que ser una prioridad para el conjunto de los trabajadores, para eso es necesario apoyar la lucha de los profesionales de la salud, la ocupación de los hospitales nacionales contra este ataque y ganar las calles para echar a este gobierno ajustador.
Camila García
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