El gobierno nacional sigue a fondo con su política antiobrera, esta vez con la presión en las negociaciones paritarias, públicas y privadas, para que ningún acuerdo se corra mucho de la pauta oficial de ajuste del 1% mensual. En el medio también discuten una reforma laboral que destruya más derechos y condiciones de trabajo.
Desde la presidencia han bajado la línea de no homologar acuerdos paritarios que se aparten de la pauta salarial que el gobierno, a su vez, intenta imponerle a los trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional.
Se trata del ruinoso aumento del 1% mensual que busca someter a los salarios a una inflación superior –el mes de diciembre llegó con una inflación del 3,3% en CABA-, con la excusa de no alentar más la suba de precios, cuando las patronales vienen aumentando indiscriminadamente los precios de los principales bienes y servicios.
En este contexto desde el gobierno celebraron la firma de la paritaria camionera, que partía de una pretensión inicial de aumento del 5% mensual, para luego culminar en aumentos escalonados descendientes, del 1,8% para enero y 1,5% para febrero, más cercanos a la lógica del Ejecutivo nacional.
Por otra parte, se encuentra sin homologar la paritaria de Sanidad, donde la burocracia de Daer había pactado con las patronales un aumento del 4% en octubre, 3,8% noviembre y 3,6% diciembre; lo mismo ocurre en Gastronómicos, con Barrionuevo y un acuerdo escalonado del 16% desde noviembre a febrero; o la UOM (metalúrgicos), donde se venía hablando de un acuerdo de noviembre a marzo del 18,71%, pero ahora han quedado “recalculando”.
El gobierno que se dice “libertario” se empeña mucho en digitar y regimentar las negociaciones salariales para hundir el poder adquisitivo de los trabajadores, siendo también responsable de los aumentos de bienes y servicios que se encuentran por encima de los precios internacionales.
Mientras esta política se desenvuelve a fondo desde la bancada “libertaria” en el Congreso avanzan en gestiones para profundizar la reforma laboral antiobrera, buscando cercenar algunos de los derechos laborales más importantes, como el principio de irrenunciabilidad, para que las patronales puedan avanzar contra las condiciones beneficiosas pactadas por los trabajadores por encima de la ley y los convenios; facultades discrecionales para que el empleador pueda modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, flexibilidad en la asignación de vacaciones (por tramos y en periodos no vacacionales); límites en las licencias; banco de horas, etc.
Enmascarada en una política de “control inflacionario” esta orientación sirve directamente a los intereses capitalistas, para seguir depreciando los salarios en medio de las demandas patronales de devaluación para proceder a un ajuste generalizados sobre los ingresos obreros. Milei tiene como prioridad profundizar la precariedad y flexibilidad laboral como política de “reactivación económica”, aunque no se haya creado ni un puesto de trabajo adicional y solo se registren cierres y despidos, y crecimiento de formas precarias de contratación, como la de falsos monotributistas.
La burocracia sindical, a su vez, es cómplice directa de esta orientación, dejando hacer y deshacer al Ejecutivo a su antojo, y atomizando y oponiéndose a las luchas de los trabajadores. Su únic respuesta es pedir reuniones estériles al gobierno.
Hay que enfrentar el ajuste en marcha y la intentona de ponerle un techo a las paritarias con la organización independiente y la acción directa de los trabajadores, por paritarias libres y una recomposición general de los salarios para salir de la pobreza y recuperar los ingresos y el empleo. Una tarea que no podemos depositar en manos de la burocracia sindical mileista.
Marcelo Mache
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