Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra a la población migrante. En su discurso de asunción confirmó que declarará estado de emergencia en la frontera con México; de concretarse, podrá ordenar la movilización de tropas para llevar adelante redadas. Las medidas que tiene en carpeta en materia de migración son parte de un programa más amplio de políticas antiobreras que intentará aplicar para descargar el peso de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora.
El magnate republicano se propone endurecer los requisitos para obtener la ciudadana estadounidense, ponerle fin al derecho al asilo para inmigrantes –que se vio perjudicado fuertemente bajo el gobierno de Joe Biden– y congelar por cuatro meses la reubicación en el país de refugiados o desplazados por conflictos internacionales –lo que ya comenzó a regir.
Asimismo, busca poner en funcionamiento nuevamente el programa Quédate en México, que consiste en obligar a los migrantes a esperar varios meses en el país azteca mientras sus casos avanzan en la justicia. Se trata de una política que generó fricciones entre el primer gobierno de Trump y el Ejecutivo mexicano, y que afectó a 75.000 personas.
Por otro lado, prometió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que endurece la política represiva del Estado yanqui contra los migrantes. Se usó, por ejemplo, en el marco de las dos primeras guerras imperialistas. Durante la segunda, fue empleada por Roosevelt para deportar japoneses, alemanes e italianos. La bravuconada de Trump produjo controversias ya que se trata de una ley que solo puede aplicarse bajo guerras o invasiones.
La implementación de la emergencia nacional en la frontera sur del país permitiría a Trump militarizar la zona y sellar los pasos de entrada al país, así como tener a su disposición enormes fondos y recursos militares. La legislación norteamericana prohíbe que soldados detengan directamente a la población civil, pero Trump indicó que está dispuesto a “llevar la ley hasta el límite”.
En este contexto, asimismo, el magnate amenazó a México y Canadá con imponerles aranceles si no controlan la frontera. Ottawa, a modo de concesión, ya reforzó el militarismo en la frontera.
Al frente de la política migratoria está Tom Homan, un facho conocido como el “zar de la frontera”. Stephen Miller, que también intervendrá en ese plano, estuvo negociando el tratamiento de una ley que permite deportaciones de inmigrantes «sin papeles» que hayan cometido delitos menores (como un robo en una tienda) aunque no hayan sido condenados por ello. Esta movida contó con el apoyo de legisladores demócratas.
Las primeras detenciones del gobierno republicano se centrarán en aquellas personas que tengan antecedentes penales. Las redadas comenzarían en la ciudad de Chicago, que se encuentra en el estado de Illinois. Es una ciudad demócrata, donde viven trabajadores afroamericanos y miembros de la comunidad hispana y canadiense. Y se extenderían a lo largo y ancho de todo el país. Eric Adams, alcalde demócrata de Nueva York, aseguró que trabajará junto al flamante presidente en su campaña de deportaciones.
Además de las personas sobre las que pesa una condena legal, podrían ser deportados aquellos que agotaron sus apelaciones legales pero continúan “viviendo” en Estados Unidos. Homan dijo que dará prioridad a los 1.4 millones de inmigrantes que recibieron órdenes de deportación por no calificar para poseer estatus legal. Pero enfrenta un límite: casi la mitad de ellos podrían ser perseguidos o no aceptados en sus países de origen.
Trump, por otra parte, podría revocar el permiso humanitario que permite la permanencia en el país de millones de migrantes. También se apresta a atacar a aquellos que tienen Estatus de Protección Temporal –revocándolo–, o sea, a aquellos que viven y trabajan en Estados Unidos porque sus países son peligrosos o caóticos para recibirlos. Muchos de ellos son países descalabrados social y económicamente por la intervención imperialista de Estados Unidos, como Sudán Afganistán y Siria.
Desde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos señalaron que para aplicar semejante política se necesita reforzar la infraestructura para mantener a miles de detenidos y posteriormente deportarlos. Trump tendría que abrir el grifo del dinero, en momentos en los que promete achicar el déficit fiscal. Algunos asesores trumpistas levantaron el planteo de usar bases militares o instalaciones temporales para encarar esto, lo que difícilmente prospere. Tampoco hay arquitectura para bancar los vuelos; y el Pentágono no ve con buenos ojos que se utilicen aeronaves para llevar a cabo las deportaciones.
Con todo, Trump deberá reunir las condiciones políticas para poder avanzar en semejante empresa, cuya puesta en marcha, además, tendrá otras consecuencias sociales negativas: por ejemplo, provocaría escasez de mano de obra y podría empujar a Estados Unidos a una recesión.
Abajo el plan reaccionario de deportaciones de Trump.
Nazareno Suozzi
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