En octubre de 2024, según denuncia la Asociación Americana de Juristas ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fueron removidas “dos placas que señalizaban el denominado Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Tribunales, en donde tuvo lugar el histórico Juicio a las Juntas de 1985” (Página /12).
El retiro de las placas, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti con la muestra nacional de ARGRA, la asociación de reporteros gráficos, capturada adentro, los cerca de 2.000 despidos en todo el ámbito del Ministerio de Justicia, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el cierre del Centro de la Memoria Virrey Cevallos, la disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el cierre de infinidad de Centros de Acceso A la Justicia (CAJ) que acercaba a los barrios la posibilidad de hacer denuncias o pedir asesorías legales, el recorte salarial a los que permanecen con contratos hasta el 31 de marzo son los golpes más resonantes del gobierno de Milei, Cúneo Libarona y Baños.
Cada uno significó la clausura de políticas públicas que redundaban en tareas concretas que realizaban trabajadores y trabajadoras estatales.
El ministro de Justicia, cuyo estudio defiende genocidas, tratantes y estafadores de guante blanco, se vanagloria de la reducción de personal que lleva realizada y del ahorro que significa el despido masivo de trabajadores: “disminuyó un 37% su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el gobierno- un ahorro mensual de $820 millones. Esto incluyó la supresión del Inadi y la reducción del 90% del ex-Ministerio de la Mujer”. (LaNación.com)
Pretenden mudar el Ministerio de Justicia en el predio de la Esma, no como parte de un plan de “recuperación” de los centros de tortura en espacios para la sociedad civil sino como una reapropiación de los centros de tortura por parte de un ministro de justicia pro militar que reivindica el genocidio y ataca áreas desde los que los y las trabajadoras se propusieron aportar con sus tareas a la recuperación de datos, archivos, pruebas y elementos que aportaran a los juicios contra genocidas y a la restitución de los más de 300 niños apropiados durante la dictadura militar. Es por esto que la defensa de los puestos de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la reapertura de cada uno de los espacios debe ser una reivindicación general y no una lucha meramente sindical.
De las 87 personas que trabajaban en el centro cultural quedarían 20 de planta permanente que han, en principio, por enero a “guardias pasivas” a espera que se resuelva la restructuración del espacio. Por ahora la reestructuración significó el cierre de “51 unidades organizativas, lo que, según fuentes oficiales, representa un ahorro mensual de $128.750.000. Se transfirieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado edificios que fueron dados de baja y en los próximos seis meses se descartarán otros 33 edificios más donde funcionaban Centros de Acceso a la Justicia, que fueron cerrados” (LaNación.com).
La “reestructuración” de este gobierno significa liquidación de puestos de trabajo, negociados inmobiliarios y traspaso de presupuesto en favor de las áreas de Defensa y Seguridad. El viernes 10 los trabajadores del predio de Libertador al 8100 convocan a las 14hs a un banderazo de visibilización y denuncia. Si ganan los trabajadores de Justicia y Derechos Humanos daremos todo un paso en ponerle freno a quienes tienen el propósito de llevar adelante la política de la dictadura de 1976 por medios ‘constitucionales’.
Valentina Viglieca
08/01/2025
No hay comentarios.:
Publicar un comentario