Anunció que permitirá presentar demandas en cortes estadounidenses por bienes expropiados tras la Revolución de 1959 que hoy administran fuerzas de seguridad cubanas.
El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció este lunes que podrán interponerse demandas contra aquellas compañías expropiadas luego de 1959 y que hoy figuran en una "lista negra" por estar "bajo el control" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad.
Además, Pompeo anunció que suspenderá sólo por un mes más el título o capítulo III de la ley Helms-Burton, en lugar de 6 meses como han hecho todos los gobiernos tanto demócratas como republicanos desde 1996 cuando se aprobó aquella agresiva ley anticubana para endurecer el bloqueo económico sobre la isla.
El secretario de Estado de Donald Trump justificó descaradamente la decisión en el apoyo que viene dando el gobierno cubano a Nicolás Maduro. De esta manera queda claro que se trata de una ampliación de la política agresiva que EE.UU. viene desplegando contra Venezuela en particular tras la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” el pasado 23 de enero. No por casualidad Pompeo hizo el anuncio el mismo día en que el diputado derechista venezolano retornó al país caribeño de la mano de nuevas amenazas estadounidenses contra el gobierno de Maduro.
De concretarse estos anuncios, a partir mediados de abril podría quedar habilitada la presentación de demandas por parte de ciudadanos cubano-estadounidenses en reclamo de propiedades expropiadas tras la revolución. Aunque no habría efectos inmediatos sobre las empresas en cuestión, si eventualmente hubiera fallos de cortes estadounidenses a favor de los demandantes, se daría lugar a reclamos directos del gobierno de los EE.UU. contra el cubano. Además, las empresas extranjeras asociadas en empresas mixtas cubanas podrían ser sancionadas.
La archirreaccionaria ley Helms-Burton, mentada con el fin explícito de ahogar económicamente a Cuba y llamada provocativamente “Ley Libertad”, sostiene su carácter injerencista sobre el estado soberano cubano en que las expropiaciones afectaron a ciudadanos de su país y presiona a las empresas extranjeras asociadas por obtener beneficios con bienes “indebidamente” expropiados. Apenas sancionada la ley en 1996, la Unión Europea reclamó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque varias empresas propias podrían verse afectadas y la Casa Blanca terminó suspendiendo la aplicación del capítulo III.
En la mencionada “lista negra” están incluidas instituciones como el Ministerio cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior; así como gran cantidad de hoteles, como la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.
Así, antiguos capitalistas cubanos exiliados que ahora son ciudadanos de EE.UU. y viven en Miami y otras ciudades estadounidenses, podrían ver realizados sus reclamos históricos de activar el título III con la esperanza de poder recuperar las fortunas que les fueron expropiadas hace 60 años. Pero a ninguno de esos viejos explotadores les cabe ningún derecho sobre el patrimonio del pueblo cubano. Junto a la ruptura con el imperialismo, las expropiaciones fueron la mayor conquista social de la revolución cubana que permitió los altos niveles de desarrollo humano que tuvo la isla durante décadas pese a ser una economía atrasada y al bloqueo yanqui, transformándose en un símbolo de la lucha antiimperialista y anticapitalista para todos los pueblos latinoamericanos.
Frente a los anuncios del Secretario de Estado, las autoridades cubanas respondieron a través del canciller Bruno Rodríguez quien señaló en su cuenta de Twitter: "Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump".
Rodríguez también sostuvo que se trata de una "inaceptable amenaza contra el mundo" y envió un mensaje específico a los países y empresas que operan en Cuba asegurándoles que cuentan con "las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos" y "tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países".
El gobierno cubano viene impulsando las inversiones extranjeras como parte de un proceso de apertura económica, ajuste fiscal, y reformas pro mercado que socava la economía nacionalizada; desde hace años y décadas, la burocracia del Partido Comunista, en particular la cúpula de las FAR, se asocia a los capitales extranjeros para favorecer sus propios intereses; hechos todos que hemos denunciado en distintos artículos.
Sin embargo, defendemos incondicionalmente el derecho de Cuba a comerciar libremente con quien considere y repudiamos el criminal bloqueo imperialista que rige desde hace casi 60 años, que ha causado pérdidas a la economía por más de 100.000 millones de dólares y hasta fue rechazado reiteradas veces por la Asamblea General de la ONU.
El Gobierno de Donald Trump, en el marco de la fuerte ofensiva que mantiene sobre la región centrada en impulsar abiertamente un golpe de estado en Venezuela, también ha amenazado en las últimas semanas con incluir nuevamente a Cuba en la lista de países “patrocinadores del terrorismo” que elabora el Departamento de Estado.
Basta de injerencia y amenazas imperialistas. Fuera yanquis de Venezuela, de Cuba y de toda América Latina.
Diego Dalai
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