Se dispararon las tarifas pero empeora el servicio de energía eléctrica.
En la madrugada del miércoles 5 de marzo, 550 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron un apagón masivo. El corte de energía eléctrica también afectó el funcionamiento de trenes, subtes y semáforos. La desinversión de las empresas distribuidoras de electricidad se vuelve a poner de manifiesto en este amanecer caótico para el Amba.
Se quedaron sin suministro eléctrico barrios porteños como Almagro, La Boca, Barracas, Caballito, La Paternal, Villa Urquiza, Parque Patricios y San Telmo. En el Gran Buenos Aires, el corte abarcó los distritos de Ensenada, Berisso, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Wilde, Quilmes, La Plata, San Fernando y Avellaneda. Se produjeron demoras en los ferrocarriles Roca y Mitre, así como también dejaron de funcionar las líneas A y B del subte, perjudicando el trayecto de cientos de miles de personas que viajaban hacia sus trabajos.
El apagón se originó por un desenganche producido en la conexión de la doble terna de alta tensión que une la subestación de Bosques con la de Hudson, operada por la empresa Edesur. Como consecuencia, se perdieron alrededor de 500 MW en el Gran Buenos Aires. El desperfecto ocurrió en un contexto de creciente demanda de energía eléctrica debido a las altas temperaturas.
Lo sucedido evidencia la falta de inversión por parte de Edesur. Según los resultados operativos de la empresa, en el 2024, las inversiones ejecutadas aumentaron apenas un 9%, cuando los ingresos subieron 29% a causa del incremento en las tarifas de luz. Es decir, la distribuidora eléctrica de la zona sur del Amba embolsó $1,38 billones más que en 2023 pero invirtió solamente $219.302 millones más que ese año, lo cual resulta completamente insuficiente para mantener una infraestructura adecuada.
En promedio, las boletas de luz subieron 268% durante el 2024, fruto de los tarifazos promovidos por Milei, golpeando severamente el bolsillo popular. Sin embargo, esa suba no repercutió en una mejora del servicio, solo sirvió para acrecentar las ganancias de los grupos capitalistas que intervienen en la cadena energética, como es el caso de Enel, dueña de Edesur.
Sin importarle que hayan continuado con niveles mínimos de inversión a pesar de los aumentos, el gobierno siguió beneficiando a las distribuidoras eléctricas. En diciembre del año pasado, les concedió un plan de pagos para que regularicen su deuda con Cammesa, que incluye un período de gracia de doce meses y un plazo de hasta seis años para devolver los U$S 1.300 millones adeudados; una condonación encubierta. Sin embargo, ninguna compañía firmó aún el acuerdo dado que exigen recibir a cambio mayores incrementos en su eslabón.
Lo anterior configura una crisis para el gobierno, que viene de dar marcha atrás en el aumento del 12,3% promedio en la tarifa de luz que tenía previsto para febrero. Avanzar en la quita de subsidios energéticos a los hogares de ingresos bajos y medios, o bien, ceder a las pretensiones de las privatizadas, generaría un salto en la inflación, derribando así la principal cocarda con la cual presume el mileismo que es haber reducido el IPC. Finalmente, los tarifazos del año pasado y las subas mensuales en los servicios es el factor que más ha incidido en el encarecimiento del costo de vida (en enero 2025 la inflación interanual en servicios fue del 152,4%, superando el índice general), por lo tanto, el oficialismo es consciente que si profundiza esta política puede desatar una respuesta popular.
Como fuere, más de medio millón de usuarios del Amba se quedaron a oscuras, pese a que pagan boletas de luz cuatro veces más caras que hace un año atrás. Es necesario nacionalizar bajo control obrero todo el sistema energético, en función de fijar tarifas acordes a las necesidades sociales y priorizar la inversión en lugar del lucro capitalista.
Sofía Hart
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