Estas denominaciones dejaron de ser utilizadas desde hace décadas por ser discriminatorias, estigmatizantes, lesivas e insultantes para las personas con discapacidad. Las expresiones de rechazo, por parte de numerosas organizaciones defensoras de derechos de las personas con discapacidad, no se hicieron esperar.
El escándalo alcanzó tal magnitud que el gobierno salió a echar lastre con dos medidas:
1- apartó de sus funciones a la responsable de la redacción del decreto, Myriam Améndola, la cual se preparaba para asumir la Coordinación de Fiscalización Médica; 2- sacó un comunicado alegando que los términos discriminatorios en el comunicado oficial fueron incluidos producto de un error. Es decir, argumentos infantiles que insultan la inteligencia de quien los lea.
Renglón seguido, el mismo comunicado reafirma la línea de poner bajo un manto de sospecha las PNC ya otorgadas, al decir que:
“La ANDIS reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las PNC por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”. Es decir, el gobierno de los estafadores de $Libragate se arroga la autoridad moral (que no tiene) de poner en tela de juicio el otorgamiento del mísero monto que personas con discapacidad perciben (el 70% de la jubilación mínima). Es que la motosierra de Milei viene podando las PNC. Desde fines de 1024, la ANDIS viene revisando todas las PNC. Intima masivamente, bajo apercibimiento de quitar el beneficio, a personas con discapacidad que la perciben a presentar documentación médica actualizada y respaldatoria para la revisión de dicha prestación. Esto, somete a las personas con discapacidad a tener que recorrer efectores públicos de salud en busca de sobreturnos, sobrecargando además, a los servicios que ya están desbordados, por la falta de personal, la precarización laboral, los bajos salarios, los ajustes sistemáticos, la falta de insumos y recursos, y por la demanda creciente.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, en su pronunciamiento, estableció que las dificultades para el ejercicio de una vida social autónoma no son intrínsecas de las personas con discapacidad, sino que están estrechamente relacionadas y fuertemente condicionadas por el contexto social, político y económico en el cual deben desarrollar su vida. Por lo tanto, no se trata de situaciones que puedan ser evaluadas sólo desde la medicina con un diagnóstico que etiquete a las personas, sino que debe ser evaluado en la particularidad de cada caso y en su contexto, ponderando su entorno social y económico, variables que son cambiantes y no estancas e inamovibles. El otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, por ejemplo, deben ser otorgadas contemplando todas estas variables socioeconómicas. Los burros del gobierno, haciendo gala de su brutalidad, borraron de un plumazo toda esta perspectiva, reforzando la discriminación y la estigmatización que padecen las personas con discapacidad.
Señalamos que, más allá (y además) de la gravedad que implica el intento de reinstalar conceptos y nominaciones retrogradas y discriminatorias, este episodio constituye un intento de omitir de las evaluaciones para el otorgamiento de las PNC todas las variables socioeconómicas, circunscribiendo y limitando para ello sólo criterios médicos. En el contexto de desastre social y económico, dónde arrasan con despidos y los niveles de pobreza son escandalosos, omitir las variables sociales para la evaluación del otorgamiento de las PNC tiene como finalidad 1- restringir aún más el acceso de personas con discapacidad a la PNC por un lado, y 2- reunir más argumentos para las revisiones de las PNC ya otorgadas, por el otro. Es un episodio más de una política criminal con la que pretenden justificar mayores ajustes para el regocijo de los tenedores de deuda, el FMI, las patronales, y la especulación financiera.
Estas medidas, de las que echa mano el gobierno liberticida, son un intento de apuntalar el abandono de la perspectiva de DDHH del Estado argentino, la cual goza de jerarquía constitucional, en la línea de ir configurando un estado de excepción e ir desentendiéndose de toda una franja de la población que necesita de la asistencia estatal para la propia subsistencia. El estado moderno actual no tiene la soberanía sobre la vida o la muerte, como en el pasado la tuvieron las monarquías. Ejerce lo que Foucault llama: "racismo de Estado”, la política de dejar morir por omisión y abandono. Esta política continúa vigente, con mayor o menor sutileza, según el gobierno de turno.
Llamamos a combatir esta política criminal con la más amplia deliberación en todos los efectores de salud, las dependencias asistenciales y en el colectivo de personas con discapacidad, para acordar y poner en marcha medidas de acción directa y de lucha.
Silvia Allocati y Leandro Granados
03/03/2025
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