En el fin de año, marcando agenda, Funes de Rioja -el inefable Vicepresidente de la UIA- y la Cámara Argentina de Comercio abogaron por apurar en 2019 el tratamiento de la llamada 'reforma laboral’. Es la asignatura que quedara pendiente tras la rebelión obrera de diciembre 2017 contra la trilogía de reformas - previsional, tributaria y laboral. Pocos días después Dante Sica, el superministro de (destrucción) de la Producción y el Trabajo, anunció que el gobierno Macri insistirá en el tema a pesar del año electoral.
Es vital para el movimiento obrero caracterizar los ejes del gobierno y la clase capitalista, para luchar por nuestros derechos como parte de la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Para la Cámara de Comercio, la clave es “la productividad, la informalidad y las nuevas tareas marcadas por las ‘economías de plataforma’”. Funes de Rioja fue todavía más exacto: “tenemos que repensar los convenios colectivos pensados para la segunda revolución industrial y estamos en la cuarta. El alto grado de informalidad y de empleo público demuestran que algo no funciona”. El pope de la UIA completó: “las empresas tienen miedo de contratar por los convenios colectivos y la industria del juicio.”
El ministro Sica, al incluir la reforma laboral en la agenda 2019, resaltó que “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación” (La Nación, 28/12).
Lo que nos dicen estos representantes patronales es que hay empleo en negro porque esa es la única forma de eludir los convenios colectivos. Por lo tanto, razonan, no hay que terminar con el empleo en negro para que se cumplan los convenios colectivos, sino terminar con los convenios para que los trabajadores en blanco puedan tener las mismas condiciones que los que hoy están en negro. Este es exactamente el objetivo de las low cost que buscan arrasar los convenios aeronáuticos e incluso fundar sindicatos por empresa para desconocerlos lisa y llanamente mediante nuevos sindicatos patronales.
En el “exceso de regulaciones” y la “industria del juicio” entran las cargas sociales y las indemnizaciones. Lógicamente, hay innumerables juicios de trabajadores en negro que reclaman por todos los derechos conculcados lo que produce “litigiosidad”, pero antes de la litigiosidad hubo un enorme robo al trabajador. En lugar de terminar con el robo al trabajador, que se ve obligado a ir a un incierto y tardío juicio por sus derechos, se promueve eliminar los derechos para que el trabajador ya blanqueado sobre esas nuevas bases flexibles no haga más juicio.
Cuando nos hablan de “productividad” hay que aguzar el oído. Significa revisar las categorías de trabajo para imponer la multifunción y la polivalencia funcional. Esto es terminar con los escalafones de especialización y antigüedad, como lo ha hecho el reciente convenio ferroviario al reducir categorías, y más abarcativamente, los convenios de petroleros y de la leche, de los cuales se eliminaron conquistas históricas que violentan la jornada laboral, la protección por inclemencias, los descansos, el descanso hebdomadario (sábado y domingo), como así también los convenios fabriles de Smata que habilitan el banco de horas, liquidando las horas extras y con ellas la jornada que puede ser “compensada” con horas comunes.
Otro latiguillo de Sica, especialista en comunicar para que se entienda lo contrario de lo que propone, es el de “eliminar los costos extrasalariales”. Una frase destinada a caer bien en los oídos del capital, incluso en los oídos desprevenidos de trabajadores y sectores medios. Ese “costo” al que se refiere Sica es el de las cargas sociales o salario diferido del trabajador, que financia el sistema previsional y de salud. En este punto hay que refrescar un dato que resulta escalofriante: para este año 2019, el mínimo exento de cargas sociales para todo salario escaló a $7.003 de acuerdo a la reforma tributaria que acordaron a fines de 2017 los gobernadores de 24 provincias y la CGT. Un quebranto de $80.000 millones al sistema de seguridad social. Subsidio directo del trabajador a la patronal mediante el desfinanciamiento del Anses y las obras sociales. Si tenemos en cuenta que los jóvenes de hasta 25 años ganan en promedio $14.000 según el Indec, tenemos que la mitad de su salario no tiene costo “extrasalarial” alguno. Cabe preguntarse, ¿a dónde pretenden llegar?
Cuando las tasas de interés infartan la industria y el comercio, las tarifas hacen explotar los costos, los combustibles encarecen los fletes, la devaluación encareció los insumos importados y los salarios (y jubilaciones) han perdido hasta 20 puntos frente a la inflación 2018, se pretende “bajar los costos laborales” como salida a una indisimulable crisis del capital. Que empiecen por el “blanqueo”, basado en nuevas prebendas a las patronales, es una táctica para hacer pasar a término el conjunto de la flexibilización.
Dante Sica busca con esta contraofensiva por la reforma laboral reposicionar al gobierno ante la UIA y el resto del empresariado nacional impactado por los costos y quebrantos del rescate al capital financiero del FMI. Es decir que la crisis hace más antiobrero al gobierno, no menos. Pero se animan a insistir en esta agenda por la anuencia de la CGT y, en general, del peronismo. Tanto la burocracia sindical como todas las alas del PJ, incluido el kirchnerismo, se posicionan en función de buscar la colaboración de clases, mostrándose como los únicos que podrán llevar adelante estas “reformas de fondo” -que tanto se discutieron en el G20-, mediante un “pacto social”. Han llegado al extremo de Yasky de rechazar todo paro en el año electoral. Por ello buena parte de la burguesía ya prefiere un relevo pejotista para seguir con las reformas y no un Macri que pueda salir airoso de una elección, pero desgastado y débil para encarar nuevas fases de la ofensiva antiobrera.
El movimiento obrero se tiene que poner en pie sobre la base de esta caracterización. Debatir una salida a la crisis a partir del interés de los trabajadores, que rechace de plano la reforma laboral, defienda los convenios, enfrente los despidos y cierres, luche por un salario y jubilaciones equivalentes a la canasta familiar y elabore un programa de los trabajadores con las medidas de acción y políticas para llevarlo adelante. Para ello impulsamos un Congreso de Delegados de Base de todos los sindicatos.
Néstor Pitrola
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