La empresa y siete ejecutivos están acusados por “acoso moral”, como parte de un plan para reducir el plantel que derivó en 60 suicidios entre 2007 y 2010.
Siete ex ejecutivos y ejecutivos de France Telecom, que desde 2013 se llama Orange, deberán responder por la imposición de una metodología de acoso laboral que dio lugar a una ola de suicidios entre los trabajadores entre 2007 y 2010.
Como reseña El País, “el sistema de acoso ocurrió en un contexto específico. France Télécom acababa de privatizarse. La competencia era enorme. Los clientes de líneas fijas se derrumbaban. Una buena parte de los 120.000 empleados tenían el estatuto de funcionarios [empleados públicos], lo que dificultaba los despidos. Los dirigentes de la compañía, con el director general Didier Lombard a la cabeza, adoptaron medidas drásticas. El objetivo era suprimir 22.000 empleos. El método, según los magistrados, consistía en desestabilizar a los empleados creando un ambiente de inseguridad para forzar su salida” (10/5).
Los documentos del caso incluyen la declaración del entonces CEO, Didier Lombard, según la cual sacaría a los trabajadores “de una forma u otra, a través de la ventana o a través de la puerta”.
El acecho sobre los trabajadores incluyó cambios repentinos y mudanzas de los puestos de trabajo hasta 100 kilómetros, la degradación de trabajadores especializados con décadas de experiencia a funciones de categoría inferior, la prohibición de disentir y todo tipo de maltratos, entre ellos dejarlos sin silla ni mesa durante semanas. Como resultado se produjeron 60 suicidios, aunque según el mismo medio solo se reconocen como víctimas en el caso 19 suicidas y otros 20 trabajadores que intentaron suicidarse y/o sufrieron depresión.
La causa
En el banquillo de los acusados estarán Lombard, que debió dejar su lugar como CEO en 2010, y otros ex ejecutivos, pero también la actual jefa de responsabilidad corporativa y social de la compañía, Brigitte Dumont, así como la propia empresa como figura moral.
Figuras penales más acordes con su responsabilidad en los suicidios, como las de “homicidio involuntario” y “puesta en peligro de vida ajena”, han sido descartadas, y los acusados serán juzgados por una figura menor, la de “acoso moral” -que supone penas de hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa para los ejecutivos, y 75.000 de multa para Orange.
Con todo, un fallo condenatorio constituiría un precedente favorable para los trabajadores, en la medida que se reconocería un acoso institucionalizado y no solamente –como es la usanza jurídica en el país- interpersonal, y con mayor peso al tratarse, como destaca la revista Fortune, de “la primera vez que una corte criminal en Francia considera un caso de acoso psicológico para una empresa de esta dimensión” (8/5) y sus ejecutivos.
Orange niega su responsabilidad e insiste en que “la tasa de suicidios entre sus empleados no fue más alta que la de la población general” (ídem).
Anticipo
La empresa obtuvo beneficios multimillonarios sobre la base de este infame plan de reestructuración, y ha continuado con los vejámenes laborales, como denuncian varios de sus trabajadores en testimonios al medio francés Mediapart (9/5). Lo que se ha ventilado en este juicio no es más que un ejemplo extremo de los métodos capitalistas de reestructuración y precarización laboral que pretenden dar una salida a la caída de la rentabilidad y al impacto de la larga crisis económica a costa de los trabajadores, y que han sido apañados tanto por Emmanuel Macron como por su predecesor Francois Hollande.
Bien visto, el plan de reestructuración de France Telecom fue un anticipo de la reforma laboral flexibilizadora de 2017, con que el gobierno de Emmanuel Macron allanó el camino a los despidos, redujo indemnizaciones, aumentó la jornada laboral y atacó el poder de negociación de los sindicatos.
En este cuadro, la lucha por un fallo condenatorio a Orange se integra a una pelea más general contra las avanzadas patronales a las conquistas históricas de la clase obrera francesa.
Prensa Obrera
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