EL 28 de febrero de 1974, un golpe policial avalado por Juan Domingo Perón, derrocó al gobierno de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. El gran empresariado y la derecha peronista buscaban apagar las llamas de aquella Córdoba caliente que emergió tras el Cordobazo.
El 28 de febrero de 1974, el jefe de Policía de la provincia de Córdoba, Antonio Navarro, depuso al gobernador Obregón Cano y a su vice Atilio López (1), imponiendo de hecho un estado de sitio garantizado por la policía y grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista y la Alianza Libertadora Nacionalista.
El golpe constituyó un movimiento ofensivo de la derecha peronista para imponer un nuevo orden en la provincia. Justificado bajo la llamada “depuración ideológica” dentro del peronismo, el objetivo central de la acción era imponer un régimen de mayor dureza en una provincia signada por la radicalización de amplias capas de la clase trabajadora y la juventud.
El apellido de su autor le dio trascendencia y el golpe entró en la historia nacional como Navarrazo.
Perón en el poder
Con el retorno de Perón al país se pondrá en marcha una ofensiva destinada a derrotar a la vanguardia obrera y popular que se había desarrollado en el país desde el Cordobazo en adelante. El ascenso revolucionario nacido en el Mayo cordobés había moldeado la conciencia de cientos de miles de trabajadores, jóvenes y mujeres que empezaban a apuntar su mirada en una perspectiva que cuestionara el sistema capitalista.
Precisamente, el fin del prolongado exilio del viejo líder es inseparable de esa cuestión. Perón volvía a la Argentina a imponer una normalización de la situación política en clave de los intereses del gran capital.
En ese marco, uno de los objetivos de la nueva gestión será debilitar y derrotar a los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria. La izquierda peronista será blanco de los furiosos ataques del líder de su movimiento. Esa ofensiva también incluirá una avanzada contra aquellos mandatarios provinciales que aparecían ligados o simpatizaban con ese sector.
El 1º de febrero del 1974 la CGT de Santa Cruz denunciará “infiltraciones marxistas en el gobierno provincial”. Pocos días después las 62 Organizaciones en Salta declaraban “personas no gratas al gobernador de la provincia (…) por ‘ser cabezas visibles del aparato mentado por el marxismo’” (2). La ofensiva se repetiría en San Luis y Mendoza.
Desde julio de 1973 el fantasma de la intervención federal sobrevolará Córdoba. La derecha peronista apuntará a sembrar el caos, multiplicando los atentados a abogados ligados a las organizaciones sindicales, a los locales de los gremios y a la misma sede de la CGT. Los medios serán inundados con declaraciones contra presuntos infiltrados avalados por el gobierno de Obregón Cano y López.
Desde inicios de febrero, la preparación del golpe contará con el aval abierto de Perón. Las declaraciones del presidente alentarán el cuestionamiento al gobierno provincial y darán aire a la derecha peronista. Tan solo una semana antes del levantamiento de Navarro, el viejo líder dirá que “Córdoba es un foco de infección”.
El golpe contará con una activa pata empresarial. La provocación correrá a cargo de las patronales del transporte, agrupadas en la Fetap, quienes rechazarán pagar un aumento salarial establecido por el gobierno. A partir del 19 de febrero lanzarán lock-out abierto que incrementará el caos en la ciudad. La Voz del Interior informaba el 20 de febrero que “de los aproximadamente 900 ómnibus que cubren sus recorridos habitualmente unos 350 habían cesado de andar”.
En ese clima el jefe de policía Navarro es acusado públicamente de mantener “reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia”. La acusación solo confirmaba la realidad. Desde octubre del 73, la derecha peronista mantenía activa su agenda de encuentros preparando el golpe.
El levantamiento
El miércoles 27 de febrero el gobierno anuncia que Navarro es separado de la conducción de la Policía. Horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo. Ese día La Voz del Interior relatará que “la gente no podía pasar hacia la Plaza San Martín. Todas las vías estaban cortadas. Policías con ropa de fajina y cascos de acero, lucían armas largas impidiendo la circulación de peatones”.
Por la noche se toma la Casa de Gobierno, deteniendo a Obregón Cano, López y a otros funcionarios. Durante la madrugada se llevarán a cabo ataques con bombas contra La Voz del Interior, la casa del gobernador y su ministro de gobierno, entre otros. Grupos parapoliciales coparán las principales radios de la ciudad para transmitir en apoyo a Navarro y realizarán razzias por la ciudad, deteniendo a delegados y activistas sindicales. El objetivo será impedir la reacción obrera frente al golpe. Serán cientos los detenidos. El lugar de la patronal de Fetap quedará ilustrado en las decenas de colectivos actuando como verdaderas barricadas en las calles, luego de la ausencia producto del lock-out.
El golpe servirá de marco para una absurda “normalización” de la CGT, que dejaba fuera a algunos de los gremios más importantes de la provincia, dirigidos por los sectores combativos. Para confirmar el aval de Perón a la maniobra, se hará presente en la provincia el ministro de Trabajo Ricardo Otero, hombre del riñón de la burocracia sindical. El congreso en cuestión aplaudirá el golpe y las 62 Organizaciones peronistas llamarán a un paro en apoyo a la “valiente actitud” de las fuerzas policiales.
En las horas siguientes, el lugar de Obregón Cano y Atilio López será ocupado temporalmente por Mario Dante Agodino, quien oficiaba de presidente de la Cámara de Diputados. A su ceremonia de “asunción” asistirán el titular del Tribunal Superior de Justicia y el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba. Navarro también estará allí y será considerado un suerte de héroe.
A partir del 3 de marzo entrará nuevamente en escena el gobierno nacional, impulsando un proyecto de intervención de la provincia. De esta forma Perón legalizaba el golpe policial, reconociendo la crisis institucional pero no el levantamiento de Navarro. El Congreso Nacional, tras el acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, dará curso a la norma. Duilio Brunello, hombre más que cercano a José López Rega se convertirá en el primer interventor provincial.
A esta decisión del viejo líder se someterán Obregón Cano y Atilio López. Al presentar su renuncia, el gobernador afirmará “la resistencia hubiera sido fácil ¿pero a costa de qué?”.
La afirmación no se condice con los hechos. La provincia que había protagonizado el Cordobazo había sido intervenida prácticamente sin resistencia. La clase obrera más combativa -y una de las más poderosas- del país no había mostrado su fuerza frente a la ofensiva de la derecha peronista.
La sorpresa y la impotencia
El golpe impulsado por Perón se proponía establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y, en particular, derrotar a sus sectores de vanguardia que tenían la dirección de gremios de un enorme peso social. Allí había que contabilizar a Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. La búsqueda de “imponer orden” en la provincia mediterránea tenía entonces una enorme repercusión nacional (3).
La “recuperación” del poder estatal por parte de la derecha peronista sirvió como trinchera para esa pelea. Los años siguientes mostrarían la dureza de las intervenciones. La más recordada sería la del brigadier Raúl Lacabanne, marcada por un crecimiento exponencial del accionar de los grupos para-estatales como el Comando Libertadores de América.
En ese marco, resulta limitado presentarlo solo como disputa de poder en el seno del peronismo, tal como intentó mostrarlo la UCR en ese momento o como señalan algunos intelectuales que han trabajado el período (4).
Ante esta ofensiva, la respuesta del movimiento obrero combativo aparece completamente impotente. En una entrevista, realizada a Tosco pocos días después del golpe, esto se hace manifiesto.
“Pregunta: ¿Y cómo es que no se ha producido ninguna reacción de tipo masivo?
Tosco: Se están haciendo actos relámpagos, algunas asambleas de fábrica, etc. (…), pero hay una relación de fuerzas básica que está dada por el teniente coronel Navarro y su policía con las armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales”.
La ciudad del Cordobazo, el Viborazo y el clasismo se mostraba impotente frente al ataque coordinado del empresariado, el gobierno nacional, la burocracia sindical y la derecha peronista local.
Entre las razones de esa impotencia se encuentra la política seguida por los sectores de la misma izquierda peronista, que contaban un peso destacado en la provincia. Durante los meses que precedieron al golpe, Obregón Cano y Atilio López buscaron permanentemente la negociación con la derecha peronista que alentaba el caos en la provincia, limitando el desarrollo de la movilización obrera y popular. De conjunto, la política del tercer gobierno de Perón tenía por objetivo contener y frenar el ascenso revolucionario en curso. En Córdoba, la gestión provincial acompañaba esa premisa.
En ese marco las corrientes políticas de la Tendencia revolucionaria impulsaron una política de presión sobre el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, apostando a que fuera éste el que impulsara la movilización. Se trataba de una perspectiva impotente, que también fue acompañada por parte del sindicalismo combativo, como el mismo Tosco.
A 45 años de los hechos, una de sus lecciones principales reside en señalar claramente la responsabilidad de Perón. El viejo líder político alentó abiertamente el golpe policial destinado a intentar derrotar a la vanguardia obrera y popular que se oponía a su política.
Sin embargo, los dos años siguientes demostrarían que la clase obrera cordobesa no había sido derrotada plenamente. Las jornadas de junio y julio de 1975, cuando la clase trabajadora enfrentó y derrotó el Plan Rodrigo, la contaría como una de sus protagonistas.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Notas
1 En Córdoba, a diferencia de lo que ocurrió en el resto del país, se impuso una fórmula electoral provincial referenciada con los sectores de la izquierda peronista. Obregón Cano contaba una carrera extensa en la política cordobesa. Atilio López era el secretario general de la UTA, gremio de cierta tradición combativa que integraba la corriente del Legalismo.
2 Los gobernadores de Salta, San Luis y Mendoza eran Miguel Ragone, Elías Adre y Martínez Baca. Todos habían sido apoyados por el ala izquierda del peronismo, al igual que Obregón Cano. La Voz del Interior, 05/02/74 y 06/02/74.
3 Señala el historiador James Brennan “Perón sabía que el éxito de la campaña verticalista dependía de Córdoba. El reestablecimiento de la autoridad de la CGT central era necesario tanto para controlar la expansión de la militancia obrera a todo el país como para asegurar el éxito del Pacto Social (…) sólo Córdoba era capaz de aprovechar la oposición de la clase obrera al programa y darle la forma de un movimiento de importancia nacional”. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976.
4 Tal es la postura desarrollada por Alicia Servetto en el libro De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, donde señala que “la crisis provincial de marzo de 1974 debe leerse (…) fundamentalmente como resultado de las contradicciones internas del peronismo (…) predominó la disputa por la ampliación de los espacios de poder entre los distintos sectores y las instituciones del Estado fueron instaladas como arena de la lucha política”.
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