La política oficial sigue haciendo estragos en las condiciones de vida de la población, sobre todo en la de los jubilados. Según el informe presentado por Cepa (Centro de Economía Política Argentina) a enero de 2025, los medicamentos más consumidos por las personas mayores acumularon un aumento promedio del 215% desde noviembre de 2023, superando incluso la inflación general del período, que fue del 208,8%.
Entre los ejemplos más notorios, se destacan productos como el Daflon 500, un venotónico utilizado para tratar insuficiencias venosas, que tuvo un aumento interanual del 177%. Asimismo, el Ibupirac 600 mg, ampliamente utilizado para tratar dolores musculares y articulares, subió un 156% en el mismo período. Otros medicamentos, como el Trastocir y el Clonagin, registraron incrementos mensuales de hasta un 61% y un 55%, respectivamente, durante diciembre de 2023 (La Voz del Interior, 23/01/2025).
En paralelo, los haberes previsionales permanecen en franca caída. El Ejecutivo, mediante la licuadora, ha descargado la mayor parte del peso del ajuste sobre los ingresos de los adultos mayores. Hoy la jubilación mínima apenas llega a $265.907, a lo que se suma un bono miserable de $70.000 que permanece congelado desde marzo del año pasado, cuando la canasta básica del adulto mayor supera el millón de pesos.
La situación se torna especialmente crítica cuando hablamos de medicamentos, considerando que las personas mayores consumen en promedio cinco medicamentos al mes, es decir que este gasto representa una gran parte de sus ingresos. Sin embargo, el gobierno liberalizó el mercado de medicamentos, permitiéndoles a los laboratorios aplicar incrementos incluso por encima de la inflación, a sabiendas además de que el mercado de medicamentos se encuentra cartelizado por los principales pulpos farmacéuticos, lo que mantiene de rehenes a los consumidores.
También redujo drásticamente la cobertura de Pami sobre los medicamentos para los adultos mayores, eliminando la cobertura del 100%, lo que restringe el acceso de dichos fármacos a aquellos jubilados que puedan pagarlos (una minoría). Además endureció los requisitos para acceder al subsidio social, limitando la cobertura a jubilados con ingresos inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas, sin propiedades adicionales ni acceso a medicina prepaga, lo que deja por fuera a un montón de adultos mayores que también lo necesitan.
El impacto de estas medidas se reflejó en un aumento acumulado del 351,2% en los precios de medicamentos con cobertura del Pami entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, una brutalidad. En tanto, entre junio de 2023 y diciembre de 2024, la capacidad de compra de una jubilación mínima con bonos cayó 40,1% en términos de la canasta de medicamentos Pami, mientras que para las jubilaciones sin bonos la caída fue del 42,8%, según resalta el informe difundido por Cepa.
Además, el informe resalta que desde agosto de 2024 se excluyeron 44 moléculas farmacológicas del vademécum gratuito. Esto significó que los medicamentos previamente cubiertos al 100% se ofrecieran ahora con descuentos menores o se reclasificaran como de uso eventual, reduciendo el porcentaje de cobertura del 80% al 40% en algunos casos.
El gobierno, para avanzar en el brutal ajuste fiscal, continúa robándole a los jubilados, quienes durante 30, 40 o más años los jubilados han pagado los medicamentos con creces y por adelantado, aportando el 3% de sus ingresos cada mes (como lo hacen hoy los trabajadores activos) y que continúan aportando hoy con el descuento en los haberes para Pami. En paralelo, fomenta los negocios de los laboratorios que continúan engordando sus bolsillos mientras se pone en juego la salud y el tratamiento médico de miles de adultos mayores. La burocracia sindical, por su parte, no mueve un dedo para frenar este ataque, garantizando la aplicación de este plan de guerra antiobrero.
A un gobierno que le niega medicamentos a los adultos mayores, hay que echarlo. Defender los haberes previsionales y los derechos de los jubilados tiene que ser una tarea de todos los trabajadores que hoy se encuentran en edad activa.
Para defender la salud de la mayoría de la población hay que expropiar y poner bajo control obrero toda la industria farmacéutica (esto permitiría ver los costos reales y comercializar los productos en función de las necesidades sociales de la clase trabajadora y no del lucro privado capitalista) y nacionalizar el sistema de salud, triplicando su presupuesto sobre la base de impuestos extraordinarios al capital y del desconocimiento de la deuda externa.
Camila García
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