A mediados de enero, tomó estado público el "escándalo" judicial que envuelve a Estrada en un caso por “intimidación pública”, según la fiscalía, delito que está previsto en el artículo 112 del Código Penal y conlleva una pena de entre 2 a 6 años de prisión.
La imputación la hizo efectiva la Fiscal de Ciberdelitos, Sofia Cornejo, que inició de oficio una investigación por “fake news” y cuentas fantasmas en Tik Tok. Estrada fue señalado inicialmente como quien presuntamente financiaba la realización de cuentas falsas y la elaboración de videos que podrían “alarmar a la población cuando ya hubo muertes por ajustes de cuentas y jueces destituidos en relación al narcotráfico”. Los videos en cuestión vinculan con causas de narcotráfico al gobierno de la provincia y algunos de sus funcionarios .
La investigación se imputó a tres personas, quienes aparentemente producían el material y lo daban a circulación en redes con perfiles falsos. Una de las imputadas declaró ser empleada de Estrada y haber obrado bajo sus órdenes.
La fiscal actúa de oficio, ya que no existe denuncia de parte del gobernador. El poder judicial no investiga la veracidad del contenido, las acusaciones o denuncias, sino el “potencial” daño contra el Estado y el “orden público”.
Sin embargo, es una realidad la infiltración de los negocios del narcotráfico por todos los poros del Estado. Sólo en los últimos meses se conocieron gendarmes, policías, intendentes y jueces directamente asociados a causas por narcotráfico.
La Justicia Federal tiene pendiente la investigación sobre un exfuncionario del Ministerio de Seguridad de Gustavo Sáenz y su posible vinculación con el asesinato de Darío Monge, en lo que podría ser un "ajuste de cuentas". Uno de los últimos operativos celebrado por el Gobierno secuestró 37 kilos de cocaína de una banda liderada por un excomisario del área de investigaciones. El "orden público" y la legitimidad de las instituciones del Estado que el Poder Judicial quiere preservar ya están cuestionadas.
Sáenz ha cerrado un acuerdo con los liberticidas olmedistas de cara a las elecciones provinciales, a cambio del apoyo a LLA en las elecciones nacionales de octubre. El actual senador Juan Carlos Romero -jefe del interbloque que integraba el prófugo Kueider y que apoya al gobierno-, tiene múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que fueron desestimadas sistemáticamente por el Poder Judicial; Alfredo Olmedo también, por fraude al fisco durante décadas, en el caso de “Salta Forestal”.
Violeta Gil
22/01/2025
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